05/06/2025
Nuevamente en un año electoral, un sector del poder judicial (s**o “la justicia” que es un valor) cada vez más politizado, parcial y guardián de sectores económicos poderosos del país y la provincia, saca la carta que para ellos no falla: por las dudas neutralicemos a Urribarri y al espacio que este representa.
Una vez más, como en el 2019, como en el 2023…..son de manual.
El Juez de Garantías, rechaza nuestro pedido de sobreseimiento y nulidad de la evidencia colectada, como así también de la errónea atribución de los hechos sin contestar debidamente los fundamentos expresados por mis abogados defensores en las audiencias respectivas.
Los fiscales han sostenido que, las supuestas actividades ilícitas, se originaron o tuvieron su inicio: “mientras Sergio Urribarri era ministro de gobierno (sic)” (año 2.007).
Probamos con evidencia concreta, a través de los decretos respectivos, que en ese año Yo no era Ministro de Gobierno ni tenía NINGUN CARGO en el Poder ejecutivo. Este es un requisito ineludible que el juez Vergara esquivó tratar.
Para ser más precisos, demostramos que desde el 14 de setiembre de 2006, pedí licencia para dedicarme a la campaña electoral de gobernador, la que se concedió hasta el 19 de marzo de 2.007, fecha en la cual se me aceptó la RENUNCIA al cargo oportunamente requerido. Es decir que, desde el 14 de septiembre de 2.006 hasta el 10 de diciembre de 2007, no tuve NINGUN cargo en el Poder Ejecutivo provincial. Para ser concretos, solo un funcionario público puede cometer dicho delito y en este caso había otros, pero no quien suscribe la presente. Como sostiene el Dr. Eugenio Zaffaroni, una vez más, la justicia de surtidor (a pedido del cliente).
Asimismo, resulta una arbitrariedad y un atropello legal y constitucional, que se haya avalado la incorporación de la evidencia digital que ha servido de base para el requerimiento de remisión a juicio, ya que se sostiene en prueba obtenida de manera ilegal, violando no solo el código procesal penal de la provincia, sino también las normas sobre incumbencias profesionales, la ley que regula la actividad de los colegios profesionales, la falta de matriculación de los profesionales que actuaron de forma ilegal en las tareas de recopilación de la prueba y como si esto fuera poco, sin asistencia de los abogados defensores como obliga el código “bajo pena de nulidad”.
Toda una arbitrariedad.
Como he sostenido al principio, este sector del poder judicial, viene actuando así conmigo desde hace casi 10 años, básicamente utilizando sus resortes políticos y mediáticos, cada vez más obvios y evidentes que, por temor y domesticación, muchos dirigentes del justicialismo y de otras representaciones saben y lamentablemente callan.
Los lazos de la actual intendenta de Paraná, con un sector importante de ese poder judicial, son quienes promueven este tipo de acciones que se manifiestan en presiones a jueces, acomodos de familiares y amigos, nombramientos de personas entre gallos y medianoche y carpetas para la dirigencia peronista, que mira todo esto sin decir nada, pensando que no les va a pasar nunca (aun sabiendo que es cuestión de tiempo).
Es también por estas prácticas que el peronismo está cada vez más débil y flaco, con menos representación, más corporativo.
Con estas prácticas, el Partido Justicialista provincial se ha convertido en un partido donde el militante parece mala palabra y siempre de espaldas al pueblo. El resultado no será otro que seguir perdiendo elecciones, dejando en manos del poder económico concentrado los designios y esperanzas de los entrerrianos y argentinos.
Se ha naturalizado la tendencia del poder político de inmiscuirse en los otros poderes del Estado. Sin embargo, entiendo que hay que recurrir a límites institucionales para volver a recuperar ese poder judicial verdaderamente integro e independiente que hizo grande a nuestro país y que en algunos estamentos aún persisten y resisten.
Obviamente que vamos a apelar este fallo ilegal, contrario a las mas básicas normas jurídicas, constitucionales y convencionales y que no solo ha violado el ministerio público fiscal, sino que ahora, además, el juez de garantías Julián Vergara.
