Todos por la Democracia

24/04/2026

Publicidad oficial o propaganda: el memorando que desnuda una peligrosa deriva
En medio de un contexto fiscal apretado, con un Estado que reconoce dificultades financieras y con múltiples sectores reclamando recursos, el presidente Gustavo Petro ha emitido un memorando que, más que una directriz administrativa, parece un síntoma preocupante del rumbo político del Gobierno.
La instrucción es clara: todas las entidades del orden nacional, centralizadas y descentralizadas, deben promover de manera “expresa y urgente” los logros del Gobierno, destinando recursos para pauta publicitaria en medios tradicionales y digitales. No se trata de una sugerencia. Es una orden.
Y allí comienzan los problemas.
El primero es económico. En un país donde el déficit fiscal es una preocupación constante y donde el propio Gobierno ha insistido en la necesidad de austeridad, resulta difícil justificar la destinación de recursos públicos a campañas de autopromoción institucional. No es inversión social, no es infraestructura, no es atención a necesidades urgentes. Es narrativa. Es imagen. Es, en esencia, gasto orientado a mejorar la percepción del Gobierno. En otras palabras, un uso discutible de recursos escasos.
El segundo problema es político, y más delicado. Aunque el documento no lo diga de forma explícita, el efecto es evidente: se está movilizando toda la estructura estatal para posicionar un discurso favorable al Gobierno en un momento en el que sus reformas enfrentan resistencia institucional. La línea entre comunicación pública y propaganda política no solo se vuelve difusa, sino que prácticamente desaparece. Cuando el aparato estatal se pone al servicio de la construcción de una narrativa política, el equilibrio democrático empieza a resentirse.
A esto se suma una inquietud jurídica nada menor: el contexto de ley de garantías. En periodos preelectorales, las reglas sobre contratación pública son claras y buscan precisamente evitar que el poder se utilice para influir en la competencia política. Ordenar la disposición de recursos para pauta publicitaria en este escenario no solo genera dudas, sino que plantea el riesgo de un eventual desconocimiento del marco normativo vigente. La pregunta es inevitable: ¿cómo se van a realizar esas contrataciones sin vulnerar las restricciones legales?
El memorando, en apariencia administrativo, termina revelando una lógica distinta: la de un Gobierno que, ante las dificultades para sacar adelante su agenda en los escenarios institucionales, recurre a la presión mediática financiada con recursos públicos. No es la primera vez que ocurre en América Latina. Y los antecedentes no son precisamente alentadores.
El problema de fondo no es comunicar. Todo gobierno tiene el deber de informar. El problema es cuándo informar se convierte en promover, y cuándo promover se convierte en imponer un relato desde el poder.
En democracia, las instituciones no están para amplificar la voz del Gobierno, sino para equilibrarla.
Y ese equilibrio, hoy, parece estar en riesgo.

12/04/2026

Hacer política es la más alta expresión de la búsqueda del bien común y del debate de las ideas. No se puede aceptar ni tolerar la intimidación ni la amenaza contra la vida y la integridad de ningún candidato, de sus familias o de sus equipos.

Desde Democracia Colombia brindamos todo nuestro respaldo a la candidata Paloma Valencia y pedimos a las instituciones una respuesta pronta e inmediata frente a lo que constituye una afrenta directa al ejercicio libre de la democracia y a la participación política.
Exigimos a todos los actores respetar la vida y la integridad de los candidatos, así como la voluntad del pueblo expresada en las urnas

https://caracol.com.co/2026/04/12/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-la-candidata-presidencial-paloma-valencia/

11/04/2026

Tribunal ordena a Gustavo Petro retractarse por hablar de fraude electoral y reabre debate sobre su participación política en elecciones de 2026

La orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Gustavo Petro no es un hecho menor ni una simple controversia política. Es una decisión que toca uno de los nervios más sensibles de cualquier democracia: la confianza en el sistema electoral. Que un tribunal obligue al presidente de la República a retractarse por sus declaraciones sobre un supuesto fraude electoral en Colombia no solo tiene impacto jurídico. Tiene también una enorme carga política, institucional y democrática.

El caso pone bajo la lupa las afirmaciones de Gustavo Petro sobre las elecciones de 2014, 2022 y 2026, así como el efecto que esos pronunciamientos tienen sobre la credibilidad de la organización electoral. El tribunal le ordenó rectificar sus manifestaciones y abstenerse de seguir haciendo acusaciones semejantes sin sustento probatorio suficiente. La decisión, además, se produce en un momento especialmente delicado para Colombia, cuando el país ya tiene en el horizonte inmediato la contienda presidencial de 2026.

Aquí no se discute simplemente la libertad de expresión de Gustavo Petro. Lo que está en discusión es algo mucho más serio: si el presidente de Colombia puede usar su investidura para sembrar dudas sobre la transparencia electoral sin aportar pruebas sólidas. No habla un ciudadano cualquiera. Habla el jefe de Estado. Y cuando el jefe de Estado sugiere que puede haber fraude electoral, sin demostrarlo, no está ejerciendo una opinión inocente. Está debilitando la confianza pública en las instituciones que tienen a su cargo la garantía del voto.

Esa es la verdadera dimensión del problema. Gustavo Petro ha querido presentar la controversia como un choque entre su derecho a hablar y una supuesta censura judicial. Pero ese enfoque es engañoso. La Constitución no le prohíbe pensar, opinar o cuestionar. Lo que sí le exige es responsabilidad institucional, respeto por la separación de poderes y lealtad con las reglas democráticas. Un presidente no puede actuar como si su cuenta en redes sociales estuviera por encima del deber constitucional de preservar la legitimidad del proceso electoral.

Por eso el debate sobre la participación política del presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2026 cobra tanta relevancia. En Colombia, la intervención del alto funcionario en política tiene límites claros, precisamente porque el poder del Ejecutivo no puede convertirse en un instrumento para inclinar la cancha electoral. Cuando el presidente usa su voz pública para sugerir irregularidades sin pruebas, para tensionar la relación con los árbitros electorales y para alimentar la idea de una elección sospechosa, está desbordando el papel institucional que le corresponde.

El problema no es solo el tono. Es el efecto. Cada declaración presidencial que insinúa fraude electoral sin evidencia golpea la confianza ciudadana. Cada mensaje que desacredita a la Registraduría o al sistema electoral sin un soporte serio erosiona el ambiente democrático. Y cada vez que el presidente responde con desafío a una decisión judicial, el mensaje que recibe el país es todavía más grave: que la institucionalidad solo vale cuando coincide con su narrativa política.

Lo preocupante es que esta conducta no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una forma de hacer política basada en la confrontación permanente. Gustavo Petro parece decidido a gobernar desde el conflicto, incluso cuando el costo de ese conflicto lo paga la estabilidad institucional de Colombia. La estrategia es conocida: convertir cada control judicial, cada límite constitucional y cada crítica institucional en un supuesto ataque contra su voz. Pero una democracia no puede funcionar bajo esa lógica. Ningún presidente tiene derecho a poner en duda el sistema electoral para reforzar su posición política.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también deja una enseñanza importante: en Colombia todavía existen contrapesos. Todavía hay jueces dispuestos a recordar que el presidente no puede actuar por fuera de la Constitución. Todavía hay límites para quien pretende usar la palabra presidencial como herramienta de presión política. La orden de retractarse no solo corrige una afirmación. También fija una frontera entre la libertad de expresión y el abuso de la investidura.

De cara a las elecciones de 2026, este episodio debería encender todas las alarmas. Colombia necesita garantías, serenidad institucional y respeto por el árbitro electoral. Lo que no necesita es a un presidente interviniendo políticamente en el clima electoral mientras desacredita, sin pruebas concluyentes, a las instituciones encargadas de organizar el voto. La democracia no se defiende incendiando la confianza pública. Se defiende respetando las reglas, incluso cuando esas reglas le imponen límites al poder.

En el fondo, esta no es solo una discusión sobre Gustavo Petro. Es una discusión sobre el tipo de democracia que Colombia quiere preservar. Si se normaliza que el presidente acuse de fraude electoral sin evidencia, desacate el sentido de los controles institucionales y convierta la Presidencia en una plataforma de presión política, entonces el daño no será para un gobierno ni para una campaña. Será para la legitimidad misma del sistema democrático colombiano.

10/04/2026

¡Paloma Valencia imparable en las encuestas! 🕊️

​La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana confirma lo que sentimos en las calles: el crecimiento de es una realidad que sacude el panorama presidencial.

​Los datos clave:

​📈 22,9% de intención de voto: Paloma se consolida como la figura con mayor proyección y velocidad de crecimiento.

​🔥 Fuerza en segunda vuelta: Los colombianos la eligen como la opción más sólida para liderar el cambio de rumbo que el país necesita.

​✅ Confianza y autoridad: Es la líder mejor calificada en temas cruciales como seguridad, economía e infraestructura.

​Mientras otros tocan su techo, la campaña de Paloma Valencia sigue sumando apoyos de todos los sectores. ¡Estamos listos para recuperar el orden y la esperanza!

​Es el momento de unirnos para ganar y salvar a la Patria. 🇨🇴

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10/04/2026

Paloma Valencia irrumpe como la segunda opción con mayor proyección y muestra fortaleza en una eventual segunda vuelta

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana ubica a la senadora Paloma Valencia como una de las figuras con mayor crecimiento dentro del panorama presidencial y como una de las candidaturas con más proyección real de cara a la definición electoral instalándola en el núcleo decisivo de la contienda como una opción cada vez más sólida frente al desgaste del actual modelo político de izquierda.

De acuerdo con la medición, Paloma Valencia alcanza 22,9 por ciento en intención de voto total. El dato más relevante está en la velocidad de su ascenso, que la convierte en una de las campañas de mayor crecimiento y en la candidatura con mejores condiciones para seguir captando respaldo ciudadano en las próximas semanas.

Su campaña ha dejado de ser una alternativa periférica para convertirse en una fuerza con peso propio dentro del electorado que busca un cambio de rumbo para Colombia. Su crecimiento no solo la posiciona como una contendora seria, sino como una figura con capacidad de disputar el liderazgo político del sector contrario a la izquierda.

Uno de los hallazgos más relevantes del sondeo aparece en los escenarios de segunda vuelta. Allí, Paloma Valencia supera a Iván Cepeda, lo que refuerza la idea de que su candidatura tiene capacidad de atraer apoyos más allá de su base natural y consolidarse como una opción mayoritaria en una fase definitiva de la contienda.

La encuesta también le resulta favorable en percepción sobre capacidad de gobierno. En áreas como seguridad, economía, relaciones internacionales, equilibrio fiscal e infraestructura, Paloma Valencia obtiene mejores niveles de confianza que su contendor en el escenario comparado. Esto fortalece su perfil no solo como voz de oposición, sino como una dirigente que proyecta autoridad, criterio y condiciones de gobierno.

En términos políticos, el mensaje es claro: Paloma Valencia, Su ascenso la convierte en una de las opciones más competitivas del momento y en una figura con clara capacidad de crecimiento, articulación y proyección nacional.

La medición, en suma, la perfila como una candidatura en expansión, con viabilidad real y con un dato especialmente poderoso a su favor: mientras otras campañas parecen haber encontrado su techo, la de Paloma Valencia todavía muestra margen para seguir creciendo y convertirse en una de las principales referencias del electorado que quiere un cambio de rumbo para el país.

El reto ahora es ciudadano, sumar apoyos y votos de todos los sectores y campañas para ganar en primera vuelta y salvar a la Patria.

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10/04/2026

La paz total terminó en parranda

Lo de Itagüí no es una anécdota vergonzosa. Es una radiografía moral del petrismo. Mientras millones de colombianos trabajan, pagan impuestos, soportan la inseguridad, ven languidecer la justicia y esperan respuestas serias del Estado, en una cárcel de máxima seguridad se habría montado una fiesta de lujo con licor, música en vivo, artistas reconocidos y comodidades impropias de un penal. Y no cualquier penal: uno donde están recluidos personajes que el Gobierno elevó, con cinismo político, a la categoría de interlocutores útiles, casi de socios tácticos disfrazados de gestores de paz.

Ese es el verdadero balance de la llamada paz total. No menos violencia. No más autoridad. No menos crimen. Lo que deja, una vez más, es la sensación nauseabunda de que en Colombia el delito negocia mejor que la legalidad, de que el criminal obtiene micrófono, privilegios y estatus, mientras el ciudadano honesto recibe discursos, impuestos y excusas. El mensaje que sale de Itagüí es devastador: en el país de Petro, para algunos delincuentes la cárcel ya no es castigo sino sala VIP, tarima, club privado y centro de operaciones con patrocinio indirecto del desorden estatal. Los reportes públicos hablan de videos, denuncias, licor y artistas en un evento que desbordó cualquier idea de “actividad cultural” y que terminó obligando al propio Gobierno a suspender diálogos e investigaciones internas.

Petro convirtió la debilidad del Estado en doctrina y la indulgencia con los violentos en política pública. A fuerza de romanticismo criminal, su gobierno terminó degradando el lenguaje mismo de la paz. Porque una cosa es buscar sometimiento serio, desarme real, reparación a víctimas y reducción efectiva del crimen. Otra, muy distinta, es montar una escenografía donde los cabecillas reciben tratamientos excepcionales, protagonismo político y, ahora, según lo que exhiben los videos conocidos, hasta ambiente de celebración con whisky y serenata. Eso no es paz. Eso es humillación institucional.

Lo más grave no es solo la fiesta. Lo más grave es todo lo que revela. Para que algo así ocurra dentro de una cárcel de alta seguridad no basta la picardía de unos internos. Se necesita permisividad, complicidad, negligencia o una mezcla tóxica de las tres. El Inpec anunció investigaciones y sostuvo que ni la entidad ni el Gobierno autorizaron la actividad, pero esa defensa no limpia el escándalo: lo empeora. Porque si no lo autorizaron, entonces perdieron por completo el control. Y si lo sabían, estamos frente a una obscenidad institucional aún mayor. En ambos escenarios, el responsable político final sigue siendo el Gobierno que normalizó el trato preferencial a estructuras criminales en nombre de una paz tan grandilocuente como estéril.

La tragedia colombiana bajo Petro consiste en esto: el Estado se volvió severo con el productor, con el empresario, con el contribuyente, con la fuerza pública y con el ciudadano que cumple. Pero se volvió dócil, indulgente y hasta ceremonioso con quienes han hecho de la violencia un método de poder. Se invirtieron los incentivos morales de la República. La ley es rigurosa para el de a pie y flexible para el victimario reciclado en actor de diálogo. El resultado está a la vista: los colombianos pagan la cuenta y los criminales brindan.

Aquí no hubo construcción de paz. Hubo degradación del principio de autoridad. Hubo burla a las víctimas. Hubo una bofetada a jueces, fiscales, policías, guardianes honestos y a todos los ciudadanos que creyeron que la cárcel era cárcel y no escenario para espectáculos patrocinados por la descomposición del Estado. Y hubo, sobre todo, una confirmación brutal de que el petrismo no administra el poder para restablecer el orden, sino para reinterpretarlo todo en favor de su cálculo ideológico, incluso cuando ese cálculo termina premiando a quienes más han golpeado a la sociedad. Las reacciones públicas de autoridades locales, incluido el señalamiento de que el penal parecía más un “resort” que un centro de reclusión, muestran la dimensión política del escándalo.

Petro y su gobierno deberían dejar de hablar de paz mientras convierten la impunidad en espectáculo. Porque cuando los cabecillas cantan, beben y celebran dentro de la cárcel, lo que verdaderamente está preso no es el crimen: es la seriedad del Estado colombiano

10/04/2026

Se cayó el decretazo, y ganó el país

La caída del Decreto Legislativo 1390 de 2025 no es una mala noticia para Colombia. Es exactamente lo contrario. El 9 de abril de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia económica que Gustavo Petro había decretado el 22 de diciembre de 2025, después de que la propia Corte ya hubiera advertido, en la suspensión provisional, serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 215 de la Constitución y sobre el impacto de esa medida en los principios democráticos.

Lo verdaderamente grave nunca fue solo el contenido del decreto. Fue la idea de fondo: convertir la debilidad política del Gobierno, su incapacidad para sacar adelante una ley de financiamiento y su mala administración fiscal, en excusa para gobernar por excepción. La Corte fue clara al advertir que no había evidencia de que la frustración legislativa o el hueco presupuestal pudieran tratarse como hechos sobrevinientes o extraordinarios en los términos que exige la Constitución. Es decir: el problema no era una catástrofe imprevisible, sino la pretensión de presentar como emergencia lo que era, en buena medida, el resultado de errores políticos y fiscales ordinarios.

Y eso importa mucho más de lo que el petrismo quiere admitir. Porque detrás del discurso grandilocuente de la “emergencia” venía un paquete de cargas improvisadas: impuestos a licores, ci*******os, apuestas en línea y bienes de lujo, mayores cargas al sector financiero y ajustes tributarios adicionales; además, en el frente energético, el Gobierno creó una contribución parafiscal del 2,5 por ciento sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para empresas generadoras de energía. No era un simple gesto administrativo. Era un mazazo fiscal y regulatorio expedido por decreto, en plena incertidumbre económica.

Por eso es una buena noticia que se haya caído. La economía no se fortalece con sobresaltos jurídicos ni con manotazos de última hora. Se fortalece con reglas estables, deliberación democrática y confianza. Los empresarios no mantienen nóminas ni abren nuevos puestos de trabajo cuando el mensaje del poder es que cualquier atasco político puede convertirse, de la noche a la mañana, en una cascada de tributos excepcionales y obligaciones extraordinarias. La inversión huye del capricho, no del debate. Y el empleo formal, que depende de planeación, caja y certidumbre, es siempre una de las primeras víctimas de la improvisación estatal. Esa incertidumbre ya había sido resaltada por el propio debate público tras la suspensión provisional de la emergencia.

También la educación superior respira mejor sin este tipo de aventuras. Las universidades, especialmente las no estatales y las regionales, dependen de tres cosas muy concretas: familias con capacidad de pago, costos operativos previsibles y un mercado laboral que absorba egresados. Cuando el Gobierno instala un ambiente de excepción fiscal permanente, sube la incertidumbre para los hogares, encarece el entorno productivo y golpea la capacidad de las empresas para contratar. Defender la legalidad ordinaria no es ir en contra de la educación. Es proteger las condiciones materiales que permiten que un estudiante permanezca, que una institución se sostenga y que un profesional encuentre trabajo al graduarse. Esa es una inferencia razonable a partir del tipo de cargas tributarias y sectoriales que buscaban imponerse por la vía excepcional.

En el fondo, lo que se cayó no fue solo un decreto. Se cayó una forma de gobernar. La forma de quien cree que el Congreso estorba, que los contrapesos incomodan y que la Constitución debe doblarse cuando el proyecto político no consigue mayorías. Petro quiso vender el decretazo como salvación. Pero lo que estaba construyendo era otra cosa: un precedente peligroso para normalizar que la excepción reemplace la discusión pública y que el voluntarismo sustituya la técnica. Y eso, en cualquier democracia seria, es un retroceso.

Que se haya caído este decretazo es una virtud institucional, económica y social. Le hace bien al país porque devuelve el debate tributario y presupuestal a donde siempre debió estar: al Congreso y a la discusión abierta. Le hace bien a la economía porque frena una nueva dosis de inseguridad jurídica. Le hace bien a la educación superior porque evita que la improvisación fiscal termine pagándose en matrículas, costos y menor empleabilidad. Y le hace bien al trabajo porque recuerda una verdad elemental que este Gobierno parece olvidar: los puestos de trabajo no se sostienen con consignas ni con decretos grandilocuentes, sino con confianza, estabilidad y respeto por las reglas.

04/04/2026

Con la libertad de 23 cabecillas en Medellín: Petro levantó una señal de sometimiento del Estado.

Hay decisiones que se anuncian con lenguaje jurídico, pero se sienten en la calle como una bofetada moral. La Resolución 00072 de 2026 es una de ellas. Mientras Colombia entra en una etapa preelectoral delicada, el Gobierno de Gustavo Petro promovió una maniobra que suspende órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales del Valle de Aburrá. No importa cuántas veces repitan que no se trata de una liberación automática. El mensaje político ya fue enviado. Y en materia de seguridad, los mensajes también matan.

Porque aquí no estamos hablando de infractores menores ni de jóvenes confundidos a quienes el Estado decidió darles una segunda oportunidad. Estamos hablando de jefes de estructuras criminales con historiales asociados por la prensa a homicidios, extorsión, narcotráfico y control territorial. Cabecillas que durante años han sido parte del engranaje del miedo en Medellín y su región. Pretender que suspender sus órdenes de captura es apenas un ajuste técnico para facilitar diálogos es insultar la inteligencia de los ciudadanos.

El argumento oficial suena ya demasiado conocido: todo se hace por la paz. En nombre de la paz se flexibiliza la persecución penal. En nombre de la paz se relativiza el peso de la justicia. En nombre de la paz se acostumbra al país a que los victimarios negocien desde posiciones cada vez más cómodas, mientras las víctimas siguen esperando algo tan elemental como verdad, reparación y garantías de no repetición. La paz, en este libreto, dejó de ser una meta moral del Estado para convertirse en la coartada perfecta del poder.

Y el momento escogido agrava todo. A dos meses de unas elecciones presidenciales, suspender órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales en una región históricamente golpeada por redes de control territorial, intimidación social y presión ilegal sobre comunidades no puede verse como una simple coincidencia burocrática. En Colombia, donde demasiadas veces los violentos han querido inclinar la balanza política desde las sombras, una decisión de esta magnitud no solo afecta expedientes: altera el ambiente democrático.
La pregunta de fondo es brutal y completamente legítima: ¿qué garantía real tiene hoy Antioquia de que estas estructuras no usarán este nuevo margen de maniobra para recomponer poder, enviar mensajes, mover fichas y condicionar el proceso electoral? La respuesta honesta es inquietante: muy poca. Porque el Estado colombiano ha demostrado una capacidad extraordinaria para desmontar sus propias barreras de contención y una torpeza igual de extraordinaria para verificar que quienes reciben concesiones de verdad hayan dejado de delinquir.

Lo más grave es que esta jugada huele menos a política criminal y más a cálculo político. No hay, hasta donde se conoce públicamente, prueba judicial que permita afirmar que Gustavo Petro esté entregando estas concesiones para poner a los criminales al servicio de la campaña de Iván Cepeda. Decirlo como hecho cerrado sería irresponsable. Pero sí hay base suficiente para sostener que el Gobierno ha abierto una compuerta peligrosísima que alimenta esa sospecha y la vuelve verosímil ante los ojos del país. Y en política, cuando el poder toma decisiones que benefician a jefes criminales en vísperas electorales, la carga de explicar no recae sobre los críticos: recae sobre quien firma, promueve y ejecuta la maniobra.

Eso es justamente lo que Petro parece no entender, o peor, lo que entiende demasiado bien. Un presidente no puede jugar con fuego territorial y luego pedirle al país que crea en la pureza de sus intenciones. Mucho menos cuando su proyecto político ha convivido durante años con la sospecha persistente de buscar rentabilidad electoral en los márgenes grises donde se cruzan ilegalidad, presión social y discurso redentor. Cada vez que este gobierno habla de paz, una parte creciente del país escucha otra palabra: impunidad.

El efecto corrosivo de esta decisión va más allá de Medellín. Golpea la moral de la Fuerza Pública. Ridiculiza el trabajo de fiscales e investigadores. Revictimiza a quienes padecieron el dominio de estas estructuras. Y le dice a cualquier banda del país que siempre habrá una mesa, una etiqueta política o una fórmula narrativa para lavar el expediente y negociar desde arriba lo que no se ganó abajo sino mediante sangre y terror.
Por eso el Consejo de Estado no tiene solo un caso jurídico en las manos. Tiene una prueba institucional. Si admite la nulidad y decreta una suspensión provisional, enviará un mensaje claro: el Estado de derecho todavía conserva reflejos para defenderse de sus propios extravíos. Si no lo hace, quedará flotando la idea de que en Colombia la legalidad es flexible para el criminal útil y severa apenas para el ciudadano de a pie.
Lo que está en juego no es una resolución. Es el principio elemental de que la seguridad regional y la limpieza del proceso electoral no pueden sacrificarse en el altar de una paz improvisada ni en el tablero de una estrategia política desesperada. Y si el petrismo cree que puede coquetear con cabecillas mientras el país guarda silencio, está leyendo muy mal el momento.

Colombia ya conoce demasiado bien el precio de los pactos oscuros. No necesita una reedición con nuevo libreto, nuevo empaque y nuevos beneficiarios.

El Consejo de Estado tiene en sus manos el futuro de Colombia y de laa resolución que levantó capturas de 23 cabecillas en Medellín: - Infobae

Demandas de nulidad anunciadas por autoridades locales, abren un proceso en la jurisdicción contencioso administrativa que podría terminar en la suspensión provisional de la medida mientras se define su legalidad

01/04/2026

El pacto carcelario, nuevo capítulo de lo pactado en La Picota

Lo que hoy ocurre en Antioquia no puede leerse como un simple hecho administrativo ni como una jugada aislada del Gobierno. Tiene un significado político mucho más profundo y mucho más grave. La sombra de los acuerdos con cabecillas criminales empieza a parecerse demasiado a la de La Picota.

Cuando el poder comienza a darles espacio, margen o protagonismo a jefes del crimen organizado que deberían representar todo el peso de la justicia, lo que se degrada no es solo la institucionalidad: se degrada la democracia misma. Y más aún cuando el país se aproxima a un nuevo escenario electoral.
Antioquia sabe mejor que nadie lo que significa convivir con estructuras criminales que controlan territorios, intimidan comunidades, imponen silencios y condicionan la vida cotidiana. Por eso cualquier decisión que envíe señales de alivio, cercanía o legitimación frente a esos actores no despierta tranquilidad. Despierta alarma.
La pregunta de fondo no es jurídica. Es ética y política. ¿Por qué, una vez más, el crimen organizado termina orbitando tan cerca del poder? ¿Por qué, en vez de verse una línea clara entre el Estado y las mafias, lo que aparece es una peligrosa zona gris? ¿Por qué el país vuelve a sentir que se repite una historia que jamás debió empezar?

Si La Picota fue escandalosa, este nuevo episodio amenaza con convertirse en su continuación. No como anécdota, sino como método. No como error, sino como síntoma. Un síntoma de un poder que parece cada vez más dispuesto a relativizar lo inaceptable cuando conviene a su narrativa o a su estrategia.

Las víctimas merecen justicia, no ambigüedades. Los ciudadanos merecen garantías, no señales confusas. Y la democracia merece que el crimen esté lejos del poder, no otra vez sentado a su sombra.
Antioquia no necesita pactos oscuros. Necesita Estado, autoridad legítima y respeto por la democracia.

26/03/2026

«PENDEJO EL QUE COMPRE CASA»
Petro está dinamitando a Colombia

Gustavo Petro no está gobernando a Colombia: la está empujando, paso a paso, hacia un precipicio económico y social del que después querrá lavarse las manos culpando al mercado, a los empresarios, a la oposición o al “establecimiento”. Su receta es tan vieja como destructiva: castigar la productividad, espantar la inversión, encarecer la vida y vender el desastre como si fuera justicia social.

El aumento desbordado del salario mínimo fue presentado como una hazaña popular, cuando en realidad ha terminado siendo un golpe directo contra los propios colombianos. Porque en una economía frágil, inflacionaria y sin confianza, decretar alzas artificiales no crea prosperidad: crea presión, distorsión y ruina. Lo que Petro vendió como alivio terminó convirtiéndose en una trampa. Se encarece el empleo, se debilita la capacidad de contratación, se tensan los precios y se hace todavía más difícil que miles de familias accedan a una vivienda propia, especialmente cuando buena parte de los proyectos de interés social siguen atados al salario mínimo.

Es decir, el presidente no solo le subió el costo de vivir al país: también le subió el precio a los sueños. La casa propia, que ya era un objetivo difícil para millones de colombianos, ahora se aleja aún más por culpa de un gobierno que actúa con fanatismo ideológico y absoluto desprecio por la realidad económica. Y mientras eso ocurre, las tasas de interés vuelven a presionar al alza como reacción natural a una economía recalentada por decisiones irresponsables. Petro juega al caudillo con el salario, y los colombianos pagan la cuenta en cuotas, intereses y frustración.

Pero ahí no termina el sabotaje. La productividad se enfría, la confianza inversionista se erosiona, el crecimiento se desacelera y el aparato económico empieza a resentirse. Cuando un país deja de ser atractivo para producir, invertir y generar empleo, el resultado no es más justicia: es más pobreza. El petrismo parece incapaz de entender una verdad elemental: sin empresa no hay empleo, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay bienestar sostenible. Todo lo demás es demagogia de plaza pública.

Y como si no bastara con destruir incentivos, el gobierno insiste en exprimir patrimonios, castigar capitales y enviar el mensaje de que en Colombia progresar se volvió sospechoso. El impuesto al patrimonio es otra pieza de esa maquinaria de asfixia fiscal que no corrige desigualdades, sino que multiplica la incertidumbre, frena decisiones empresariales y pone a muchas entidades al borde de una crisis innecesaria. El resultado es un círculo vicioso perfecto: menos inversión, menos empleo, menos confianza, más deterioro. Exactamente el tipo de espiral que solo producen los gobiernos convencidos de que la economía se somete a consignas.

Lo más grave es que esto no parece un accidente. Petro está dejando sembrado un escenario de desgaste profundo para el país que venga después de él. Una economía debilitada, una institucionalidad presionada, un sector privado golpeado y una ciudadanía exhausta son el caldo de cultivo ideal para que la izquierda radical vuelva a presentarse, con cinismo intacto, como redentora de la crisis que ella misma ayudó a fabricar. Esa es la jugada de fondo: arrasar, victimizarse y regresar.

Colombia no está frente a una cadena de errores aislados. Está frente a una forma de gobernar que desprecia la prudencia, castiga la estabilidad y se alimenta del caos. Petro no está corrigiendo injusticias históricas: está incubando un desastre histórico.

Y cuando todo termine de estallar, como siempre ocurre con los experimentos de laboratorio ideológico, los únicos que no pagarán la factura serán quienes hoy aplauden desde el poder. La pagarán los trabajadores. La pagarán las familias. La pagarán los jóvenes que ven desvanecerse su futuro. La pagará Colombia.