23/07/2026
EL PERÚ DONDE SER POBRE RESULTA MÁS CARO
En el Perú nos hablan de estabilidad económica, crecimiento y fortaleza del sistema financiero, pero millones de familias viven una realidad completamente distinta: sobreviven con ingresos precarios, empleos informales, deudas asfixiantes y sin posibilidades reales de acceder a una vivienda digna.
Según el INEI, en 2025 la pobreza monetaria afectó al 25,7 % de la población, es decir, aproximadamente 8,8 millones de peruanos. Además, el 32,8 % se encuentra en condición de vulnerabilidad: no figura oficialmente como pobre, pero cualquier enfermedad, pérdida de trabajo o emergencia familiar puede empujarlo nuevamente bajo la línea de pobreza. La canasta básica utilizada para medirla fue apenas de S/462 mensuales por persona. En otras palabras, alguien que gasta ligeramente más de S/15 diarios puede dejar de ser considerado estadísticamente pobre, aunque en la vida real continúe viviendo con enormes carencias.
El Gobierno puede exhibir una tasa nacional de desempleo de 5,1 % durante el primer trimestre de 2026, pero esa cifra aislada resulta engañosa. El verdadero drama peruano no es únicamente estar desempleado: es trabajar sin derechos, sin estabilidad, sin seguro, sin vacaciones y sin pensión. Alrededor del 70,7 % de la población ocupada trabaja informalmente, proporción que en el área rural alcanza aproximadamente el 94,6 %. Tener algún ingreso ocasional vendiendo, transportando, construyendo o trabajando por días permite que una persona aparezca como “ocupada”, aunque siga atrapada en la precariedad.
Mientras tanto, el crédito que debería ser una herramienta de progreso se convierte muchas veces en una máquina de extracción económica. Tarjetas de crédito y préstamos de consumo pueden registrar tasas efectivas anuales cercanas al 84 %, mientras que el crédito promedio para la microempresa llegó en julio de 2026 aproximadamente al 60,12 % anual en soles. Son tasas capaces de duplicar una obligación en pocos años y de mantener al ciudadano pagando intereses, seguros, penalidades y refinanciamientos sin reducir sustancialmente el capital.
Debe precisarse que los intereses bancarios sí tienen actualmente un límite legal fijado por el Banco Central. Sin embargo, para el periodo mayo-octubre de 2026, la tasa máxima en moneda nacional se encuentra alrededor de 114,13 % anual. Por eso una tasa del 84 %, aunque socialmente abusiva y económicamente devastadora para una familia pobre, puede encontrarse formalmente dentro del límite permitido. El problema no es solamente la ausencia de regulación: es una regulación cuyo techo resulta tan elevado que termina legitimando costos financieros desproporcionados.
El sistema revolvente de las tarjetas agrava el problema. Cuando el consumidor paga únicamente el monto mínimo, buena parte del abono puede destinarse a intereses y cargos, mientras la deuda continúa generando nuevos intereses. Así se construye una cárcel financiera perfectamente legal: el banco cobra primero, el capital disminuye lentamente y el ciudadano debe sacrificar alimentación, educación, salud o vivienda para evitar caer en mora.
El contraste es indignante. Mientras millones de peruanos sobreviven al crédito más caro de la economía, el sistema bancario cerró 2025 con utilidades cercanas a S/14.147 millones, aproximadamente 37 % más que el año anterior. La rentabilidad empresarial es legítima; lo cuestionable es que se alcancen ganancias récord dentro de un mercado altamente concentrado, mientras los usuarios reciben préstamos a tasas extraordinariamente superiores al costo del dinero y enfrentan una capacidad de negociación prácticamente inexistente.
La contradicción se vuelve todavía más grave en materia de vivienda. El crédito hipotecario social debería ser la gran puerta de entrada de las familias trabajadoras al patrimonio, pero programas como MiVivienda y Techo Propio no cuentan con una oferta masiva, descentralizada y suficientemente accesible para trabajadores informales, familias pobres o ciudadanos con ingresos variables.
No puede afirmarse que el Ministerio de Vivienda carezca absolutamente de programas o proyectos. Existen subsidios, bonos y mecanismos de financiamiento. Incluso el BID aprobó un préstamo de US$300 millones para ampliar el acceso a soluciones habitacionales de familias de ingresos bajos y medio-bajos. Precisamente por ello corresponde exigir transparencia sobre cuántas viviendas efectivamente se producen, en qué regiones se ubican, cuál es su precio final y cuántas familias pobres logran superar realmente las barreras bancarias.
El propio BID advierte que la vivienda producida en el Perú suele presentar problemas de habitabilidad, ubicación distante de los centros de trabajo y servicios, así como riesgos derivados de la construcción informal. También ha señalado que más de dos tercios de las familias de países como Perú, Bolivia, Nicaragua y Guatemala habitan viviendas con algún tipo de deficiencia.
Cuando el Estado no urbaniza suelo, no construye vivienda social a escala suficiente y no lleva agua, saneamiento y transporte a las provincias, la gente no deja de necesitar una casa: la improvisa. Compra un lote sin servicios, construye por etapas, se endeuda con prestamistas o levanta su vivienda en zonas vulnerables. Después, el mismo Estado que abandonó a esas familias las califica como “informales”.
Naciones Unidas recuerda que la pobreza no consiste únicamente en falta de dinero: está vinculada con el desempleo, la exclusión social y la vulnerabilidad frente a enfermedades, desastres y otras crisis. También ha advertido que la expansión de asentamientos informales forma parte de una crisis mundial de vivienda que impide a miles de millones de personas acceder a un hogar adecuado.
El Perú necesita dejar de gobernar para las estadísticas y comenzar a gobernar para las personas. Se requiere revisar los límites de las tasas de consumo, impedir que el pago mínimo perpetúe indefinidamente las deudas, transparentar el costo real de cada crédito, promover mayor competencia bancaria y crear mecanismos efectivos de refinanciamiento para familias sobreendeudadas.
También se necesita un verdadero programa nacional de vivienda social: terrenos saneados, servicios básicos, construcción masiva, subsidios directos, alquiler social y créditos compatibles con la realidad del trabajador informal. No solamente edificios en Lima ni bonos que existen en el papel, sino barrios planificados en todas las regiones y provincias del Perú.
No existe auténtica inclusión financiera cuando el pobre recibe el crédito más caro. No existe derecho a la vivienda cuando solo puede comprar casa quien ya posee ingresos estables y patrimonio. Y no existe crecimiento económico justo cuando los bancos multiplican sus utilidades mientras millones de ciudadanos multiplican sus deudas.
El éxito de una economía no debería medirse únicamente por las ganancias del sistema financiero, sino por la cantidad de personas que logran salir definitivamente de la pobreza, acceder a un empleo digno y tener una vivienda segura. Todo lo demás es estabilidad para unos pocos y supervivencia para las mayorías.
"Un país que no termina de construirse". ¿Por qué? Link en los comentarios.
