Law Office of Rodrigo Garza, Jr., PLLC

Law Office of Rodrigo Garza, Jr., PLLC Immigration and Criminal Defense Attorney Established in 2005 by Rodrigo Garza, Jr., solo-practicioner. Rodrigo has had extensive experience in representing clients in all aspects of family-based petiton process, as well as representing clients in removal proceedings in Immigration Court.

Prior to Rodrigo becoming a Texas licensed attorney, he worked as Paralegal for prominent firms in the Rio Grande Valley, such as Brin & Brin, P.C., and Law Office of Aaron Pena for over 8 years, and was heavily involved in Personal Injury litigation, Family Law concerns, and Criminal matters. Rodrigo began his involvement in family-based petition process since 1975.

Operating as usual

03/26/2019

Nuestras oficinas ofrecen servicios legales en las áreas de Inmigración, ley Criminal, ley Familiar, Accidentes serios, y testamentos.
Estamos para servirle con más de 20 años de experiencia en estos asuntos.
Tiene usted alguna pregunta sobre estos casos? La puede hacer por medio de mensaje, por correo electrónico a: [email protected], o llamando a nuestras oficinas al teléfono (956) 682-4003.
Adicionalmente estamos activos para servicio comunitario con nuestro programa de preguntas y respuestas con Hugo de la Cruz en La Lupe (89.5 FM) el 2o y 4o Lunes de cada mes, de 3 a 4 pm.
Estamos para servirle. Llámenos!!!

03/26/2019

Muchas gracias a toda la comunidad por participar ayer en el programa de la radio con Hugo de la Cruz en La Lupe FM, cuando estuvimos contestando preguntas y hablando de temas inmigratorios. Nos vemos próximamente!!!

Una mexicana que se había convertido en ciudadana naturalizada estadounidense fue despojada de su ciudadanía por hacerse...
07/24/2018
Despojan a hispana de ciudadanía estadounidense por defraudar a indocumentados

Una mexicana que se había convertido en ciudadana naturalizada estadounidense fue despojada de su ciudadanía por hacerse pasar por oficial de inmigración y defraudar a inmigrantes indocumentados en California, informó el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés).
El juez federal del Distrito Central de California, Gary Klausner, ordenó a Araceli Martínez renunciar a su certificado de naturalización y abstenerse de reclamar los derechos o privilegios de la ciudadanía estadounidense, señaló el DOJ en un comunicado de prensa.
La mujer, de 53 años de edad, se hizo pasar por oficial de inmigración estadounidense entre junio de 2011 y marzo de 2012, tiempo en el que hizo creer a inmigrantes ilegales que podía ayudarles a obtener el estatus legal a cambio de miles de dólares, según la acusación de los fiscales de la División Civil del Departamento de Justicia.
“Esta orden envía un mensaje claro a las personas que cometen fraude durante el proceso de naturalización: los investigaremos y buscaremos para asegurar que se haga justicia”, dijo del director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, en un comunicado.
Mientras engañaba a los inmigrantes indocumentados, María Araceli Ramos de Martínez realizó su propio proceso para obtener la ciudadanía estadounidense. En una entrevista con un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) declaró bajo juramento que nunca había cometido un crimen por el cual no fuera arrestada. Con base en la información de esa entrevista, el USCIS aprobó la solicitud de Martínez, quien recibió la ciudadanía estadounidense en abril de 2012.
En junio de 2012, María Araceli fue arrestada por la Oficina del Sheriff de Los Ángeles y acusada de 11 cargos de fraude. Se declaró culpable y fue sentenciada a 32 meses de prisión.
“Vamos a perseguir decididamente la desnaturalización de las personas que mienten en sus solicitudes de naturalización, especialmente en una circunstancia como esta, que involucró a un extranjero que se disfrazó como oficial de inmigración y fue condenado por defraudar a nueve extranjeros por miles de dólares a cambio de promesas falsas de facilitar los beneficios de inmigración”, dijo Chad A. Readler, procurador general adjunto de la División Civil del DOJ en un comunicado.
https://mundohispanico.com/ciudades/los-angeles-california/despojan-a-hispana-de-ciudadania-estadounidense-por-defraudar-a-indocumentados

Una mexicana que se había convertido en ciudadana naturalizada estadounidense fue despojada de su ciudadanía por hacerse pasar por oficial de

04/18/2018

La Corte Suprema elimina la deportación obligatoria de inmigrantes con algunos crímenes

La máxima autoridad judicial, en un voto de 5-4, invalidó parte de una ley federal. El juez Neil Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez.

La Corte Suprema de Justicia invalidó este martes una parte de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por algunos delitos. Los magistrados por una votación de 5-4 determinaron que la ley es inconstitucionalmente vaga.
El juez Neil Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por el presidente Donald Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez desde que asumió sus funciones en la Corte invalidando el estatuto federal.
Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo. El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.
El caso presentado ante la máxima instancia judicial es el de James Dimaya, un inmigrante filipino residente legal permanente que llegó legalmente a los Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California, por lo que el gobierno comenzó a deportarlo por "delito agravado" (una condena de más de un año de prisión), pese a que no hubo daños a terceros.
El gobierno argumentó, entre otras cosas, que podía ser expulsado del país porque, bajo una cláusula de la ley de inmigración, el servicio de inmigración podía interpretar que los delitos cometidos, debido a las sentencias, implicaban un acto de violencia agravada.
Debido proceso
La decisión sobre el caso Dimaya abre la posibilidad para que otros inmigrantes o residentes legales permanentes que han cometido ciertos crímenes no violentos, "puedan apelar sus sentencias migratorias" y seguir batallando por sus permanencias en Estados Unidos, explicó al Noticiero Edición Digital Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univisioon Noticas.
"Dimaya pasó a la categoría de deportable por sus crímenes, pero apeló. Y la Corte Suprema estuvo de acuerdo que la definición de crimen de violencia es vago, y que por lo tanto la sección de la ley de inmigración puede interpretarse de manera diferente para propósitos de remoción", agregó.
Hernández dijo además que "muchas de las personas que cometían un crimen que se calificaba como felonia agravada y que no tenían este tipo de nivel de violencia y recibían condenas de más de un año de cárcel, sufrian este tipo de castigo y los ponóian en proceso de deportación".
"Ahora la corte dice que no, que la ley no es clara en términos de ello, y que tiene que haber violencia en el crimen, en los hechos de ese caso (para deportar a una prsona), y por eso suspenden la posibilidad a Dimaya de ser deportado", indicó.
Un fallo “muy importante”
El fallo emitido por la Corte Suprema es “muy importante, porque le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportarlo de Estados Unidos”, señaló Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. “Los magistrados determinaron que un robo no se trata de un delito de violencia cuando no hay daños a terceros”, agregó.
“Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia”, precisó. “Es decir, los agentes de inmigración del gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia”.
“La duda que me queda”, indicó Velásquez, “es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante”.
"Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón”, recalcó Velásquez.

La Tarjeta Roja.Todas las personas en los Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tienen derechos...
03/23/2018

La Tarjeta Roja.
Todas las personas en los Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tienen derechos y protecciones bajo la Constitución de Estados Unidos. La tarjeta roja, se creó para ayudar a las personas a hacer valer estos derechos y defenderse contra violaciónes constitucionales.
Las Tarjetas rojas fueron preparadas por el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes, una organización pro inmigrante con sede en San Francisco, California.
¿Para qué sirven las Tarjetas Rojas?
Las Tarjetas Rojas contienen información es inglés y en español sobre tus derechos constitucionales en caso de ser detenido por agentes del Servio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por un lado de la tarjeta, contiene consejos básicos en español tales como:
No abrir la puerta si un agente del servicio de migración toca a su puerta.
No contestar ninguna pregunta del agente del Servicio de Migración sin presencia de una abogado.
No dar su nombre.
Tiene derecho de hablar con un abogado.
No firme nada sin hablar con un abogado.
El otro lado de la tarjeta está en inglés y va dirigida a los agentes de migración.

Si usted gusta obtener la Tarjeta Roja (completamente gratis) y recibir mas información de como utilizarla, favor de contactar nuestras oficinas. Lunes a Viernes, 8 a.m.-5 p.m.

Lic. Rodrigo Garza, Jr.
Law Office of Rodrigo Garza, Jr.
709 N. Ware Rd., McAllen, TX 78501
Tel: (956) 682-4003

02/19/2018

Law Office of Rodrigo Garza, Jr., PLLC
Attorney & Counselor At Law
ANUNCIO:
Por favor permitame presentarme y ofrecerle mis servicios legales. Yo soy un abogado con licencia en Texas y dedico mi carrera a representar a personas en asuntos Inmigratorios, Criminales, Familiares, y otras disciplinas legales.
Usted necesita un abogado con experiencia que le pueda ayudar en su caso y asegure que usted reciba un tratamiento adecuado bajo las leyes del estado de Texas. Recuerde, el gobierno tiene que comprobar las acusaciones en su contra y se presume que usted es inocente hasta que se le compruebe su culpabilidad! De la misma manera, usted tiene derechos!!!
Si usted no tiene un abogado, por favor llame ahora para una consulta GRATIS sobre su caso en mi oficina, sin obligacion. Una vez contratado, hablaremos sobre las mejores opciones y rapidamente proveeré la major defensa. Mis honorarios son razonables y también ofrezco planes de pago para su conveniencia. Por favor recuerde que su decision en este asunto le puede afectar seriamente en el futuro y también puede afectar su estatus migratorio si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Es por ésta razón que yo tomo mi trabajo y clientes muy seriamente y espero se comunique conmigo sin demora. Atendemos llamadas despues de las 5 p.m.
Su Servidor,
Lic. Rodrigo Garza, Jr.
[email protected]
Mbr: American Imm. Lawyers Ass'n, TX Bar College & TX Criminal Defense Lawyers Ass'n.
709 N. Ware Rd., McAllen, Texas 78501
Tel: (956) 682-4003/Fax: (956) 682-4085

11/18/2017

Así funciona el programa de deportaciones aceleradas que Trump quiere expandir por todo el país
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional busca extender a nivel nacional un modelo de expulsión expedita autorizada por el Congreso en 1996 y que por ahora funciona hasta 100 millas de la frontera.
Un programa creado por el Congreso en 1996 que permite la deportación acelerada de ciertos inmigrantes con o sin papeles, y que se implementa hasta 100 millas de la frontera, podría ser ampliado a nivel nacional, reconoció el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La Deportación Acelerada (Expedited Removal, ER) “es un procedimiento efectivo para la expulsión de extranjeros inadmisibles”, respondió Joanne Talbot, vocero del DHS, a una pregunta de Univision Noticias. “La secretaria (Elaine Duke) está revisando opciones para la expansión del programa como parte de la estrategia general de seguridad fronteriza y en consonancia con el memorando del exsecretario (John) Kelly del 20 de febrero de 2017”, agregó.
La medida permite la expulsión rápida de inmigrantes considerados inadmisibles bajó la Sección 212(a)(6)(C) o (7) de la Ley de Inmigración (INA), y afecta a extranjeros que se encuentran dentro de las 100 millas de la frontera aérea y terrestre de Estados Unidos, y dentro de los 14 días posteriores a la entrada de un extranjero.

Miles en la mirilla
“El programa afecta tanto a personas que entran indocumentadas al país como a aquellos que ingresan legalmente por un puerto fronterizo”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con el noticiero Univision.
En 1996, el Congreso autorizó al servicio de inmigración (en aquel entonces comandado por el Servicio de Inmigración y Naturalización, INS, bajo el mando del Departamento de Justicia) expulsar rápidamente a ciertos extranjeros inadmisibles de Estados Unidos, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
“La medida cubre a los extranjeros que son inadmisibles porque no tienen documentos de entrada, o porque han utilizado documentos falsificados, alterados o fraudulentos o inapropiados”, añade la agencia. Según explica, la autoridad concedida por el Congreso “incluye a los extranjeros que llegan, intentan ingresar o han ingresado a Estados Unidos sin haber sido admitidos o puestos en libertad condicional por un funcionario de inmigración en un puerto de entrada”.
A discreción del DHS
El DHS tiene la autoridad para ordenar la deportación de un extranjero sin que sea llevado ante un juez de inmigración, excepto bajo ciertas circunstancias después de que la persona afectada efectúe un reclamo de estatus legal en Estados Unido o demuestra un temor creíble de persecución si es devuelta a su país de origen.
“Si el gobierno amplía a nivel nacional este programa, evitar la deportación expedita dependerá de varios factores, pero en última instancia todo dependerá del uso de la discreción del gobierno”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Será el DHS quien decida a quién expulsa de manera acelerada y a quién no. Temo que muchos inmigrantes podrían verse afectados, y tendrán más dificultades para defender su derecho de permanencia en el país”, agregó.
El memorando de Kelly
El 20 de febrero Kelly explicó en un memorando cuál es la política migratoria del presidente Donald Trump, basada en las órdenes ejecutivas sobre el muro fronterizo y las ciudades santuario, fechadas el 25 de enero.
El memorando de Kelly ordena detenciones, arrestos y encarcelamientos para cumplir la Ley de Inmigración y prevé que, en los casos que correspondan, sean los jueces de inmigración quienes decidan el futuro de cada indocumentado según sus propios méritos.
El documento, además, define cuál es la prioridad de arrestos del DHS. Se enfoca en dos grupos:
· Indocumentados capturados cuando intentan cruzar sin papeles las fronteras.
· Indocumentados que fueron hallados después en cualquier parte del territorio estadounidense.

“Viola la Constitución”
De ampliarse el programa de deportaciones aceleradas, “lo vamos a demandar porque consideramos que viola la Constitución de Estados Unidos”, dice Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino USA en Los Angeles, California. “Hay que tener en cuenta que en este país nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario, y se le debe dar a todo el mundo la oportunidad de presentarse ante un juez para defender su inocencia, o en este caso los inmigrantes defiendan el derecho de permanecer en el territorio estadounidense”.
“Desde el punto de vista legal, ampliar el programa sería cuestionable, y anticipamos que será peleado en los tribunales de justicia. Es discriminatorio”, añadió.
Los abogados también permanecen en alerta. “Hay ciertos factores que le permiten al gobierno el uso de la discreción para deportar a ciertas personas y a otras no. Pero preocupa que personas detenidas dentro de Estados Unidos, por ejemplo, en los aeropuertos, puedan ser expulsadas y no tengan la oportunidad de ir ante un juez de inmigración”, dice Barrón.
“Es clave que todo el mundo conozca sus derechos”, agrega. “Y por nada, si son sometidos a revisiones, firmen una salida voluntaria, porque eso significa renunciar al derecho de permanecer en EEUU”.
Hernández recordó muchas de las medidas vigentes desde comienzos de año “se están ejecutando más allá de la frontera”, y que los mayores afectados son inmigrantes “cuyas visas expiraron o entraron indocumentados. A ellos los pueden deportar de forma acelerada porque el DHS considera que no necesitan ir ante un juez”, indicó.

10/09/2017

Puntos clave de las exigencias de Trump para proteger a los dreamers en el Congreso

Esto es lo más importante de las 14 páginas enviadas por el presidente a los líderes del Congreso con sus condiciones para alcanzar una reforma migratoria que permitiera a los dreamers quedarse en el país.

El presidente Donald Trump dio el domingo un nuevo paso en su carrera en contra de la inmigración indocumentada. En una carta enviada a los líderes del Congreso, el mandatario utilizó la legalización de los dreamers como instrumento de negociación para conseguir, no solo la aprobación de fondos para construir el muro en la frontera con México y aumentar las deportaciones, sino cambiar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), vigente desde 1965. Según Trump, la INA se ha convertido en una ley anticuada que está “dañando a nuestro país y a nuestras comunidades”, por lo que pide cambios “para crear más empleos, mejorar salarios y dar mayor seguridad a los estadounidenses”, los tres pilares de su dura política migratoria. El mandatario confía en que el Congreso debatirá la lista, pero los demócratas advirtieron que rechazaran todas y cada una de sus propuestas.

1. DACA
Trump dice que en cualquier negociación relacionada con la legalización de los dreamers beneficiarios de DACA debe incluirse la construcción del muro a todo lo largo de la frontera con México.

2. Reforma migratoria
Según el presidente, la reforma migratoria debe crear más empleos, mejores salarios y mayor seguridad para los estadounidenses. Pero no menciona la legalización de los millones de indocumentados que viven en el país, carecen de antecedentes criminales, pagan impuestos y muchos tienen hijos estadounidenses.

3. Recolección de fondos
El presidente pide autorizar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que pueda usar honorarios de trámites migratorios para invertirlos en seguridad fronteriza. Hasta ahora los costes por estos trámites migratorios solo incluyen el servicio, pero en caso de llevarse a cabo esta medida lo que se paga por ellos podría multiplicarse.

4. Niños no acompañados
Pide que los menores recién llegados sean deportados de forma acelerada. Sin embargo, una ley de 2008 exige que los jueces de inmigración decidan su futuro en EEUU para evitar el tráfico humano.

5. Reformar la política de asilo
El presidente quiere endurecer aún más el reglamento y requisitos para obtener asilo. Argumenta que eso es para detener el flujo de inmigración procecente de Centeoamérica, pero menos del 3% de estos inmigranes logran asilo en EEUU. Trump también recomienda sancionar la presentación de peticiones fraudulentas, ampliar el uso de la deportación expedita y quitarle la protección y la residencia a los asilados cuando cometan un delito agravado.

6. Deportaciones expeditas
Trump pide asegurar la deportación inmediata de los detenidos en la frontera cerrando el paso a eventuales solicitantes de asilo. Propone descongestionar los tribunales de inmigración contratando nuevos jueces y fiscales.

7. Aumentar las causas de inadmisibilidad
El presidente quiere convertir en causa de inadmisibilidad para residir en EEUU los siguientes motivos: pertenecer a pandillas, haber sido condenado por un delito agravado, el robo de identidad, el fraude relacionado con los beneficios del Seguro Social, la violencia doméstica, el abuso infantil, manejar borracho (DUI), no inscribirse en el registro como delincuente sexual, o ciertas ofensas de armas de fuego, incluyendo la compra, venta, posesión o portar ilegalmente de un arma de fuego.
También a excónyuges e hijos de personas involucradas en el tráfico de drogas y trata de personas, si el funcionario determina que el divorcio es una farsa o los miembros de la familia continúan recibiendo beneficios de la actividad ilícita.

8. Desalentar el reingreso ilegal
Trump busca aumentar los castigos a los indocumentados deportados que reingresen sin autorización al país (re-entry) y a aquellos capturados en la frontera cuando intentan entrar ilegalmente a EEUU.

9. Deportaciones aceleradas
También pretende acelerar la expulsión de extranjeros con órdenes de deportación expedita. No explica si esta medida lesiona el debido proceso migratorio y frena, por ejemplo, el recurso de apelación.

10. Ciudades santuario
Propone bloquear la entrega de fondos federales a las llamadas jurisdicciones o ciudades santuario, y suspende acuerdos de cooperación administrados por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a las ciudades que no colaboren con el gobierno federal en la detención de indocumentados.

11. Aumentar colaboración con gobiernos locales
Trump propone mejorar la cooperación estatal y local con las autoridades federales de inmigración para garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública. Insiste en sus planes de crear una fuerza nacional de deportaciones. También pide al Congreso autorizar a los gobiernos estatales y locales aprobar leyes que apoyen los esfuerzos federales de aplicación de la ley migratoria, una tarea que constitucionalmente sólo le corresponde al gobierno federal.

12. Visas vencidas
El presidente quiere también que los extranjeros cuyas visas expiren y se queden sean castigados. Además, exige que el DHS proporcione todos los datos disponibles relacionados con cualquier extranjero deportable al centro nacional de información de delitos del Departamento de Justicia con fines de inclusión de ese extranjero en el archivo de violaciones de inmigración, excepto extranjeros que cooperan con DHS en investigaciones criminales.
13. Aumentar la autoridad de detención
Otra de las condiciones es poner fin a la práctica de detener y liberar, y autorizar a ICE a mantener en custodia a extranjeros indocumentados cuyos países de origen no aceptarán su repatriación. También requiere la detención de extranjeros que no fueron inspeccionados y admitidos en EEUU y de aquellos cuyas visas expiraron. Esto significa que los 11 millones de indocumentados en EEUU estarían en la lista de deportables.

14. Mano de obra legal
Trump reclama implementar el uso del programa federal E-Verify para garantizar que los empleos serán dados primeramente a estadounidenses. También quiere castigar a quienes violen esta política. Y exigir a la Administración del Seguro Social que revele información al DHS para ser utilizada en la aplicación de las leyes de inmigración. Hasta ahora, los datos del seguro social no son compartidos con el DHS.

15. Sistema de inmigración basado en mérito
Por último, el presidente pretende crear un sistema de inmigración basado en méritos, similar al propuesto por los senadores republicanos Cotton y Perdue. El plan solo permitiría que cónyuges e hijos menores de edad solteros sean pedidos, dejando afuera de la residencia al resto de parientes (hermanos, hijos mayores de edad y casados, abuelos, tíos). Y también propone eliminar el sorteo de la Lotería de Visas.

Para mas información, por favor llamar a nuestras oficinas: (956) 682-4003

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78501

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Rigo and his wife, Elda Garza are parents of two special children, Rigo III and Bobby, who are now 27 y/o. As parents of these children, Rigo and Elda felt the need to get involved in helping their own children and others in their situation and in 1983 co-founded Parents for Medical Assistance and Support for the Handicapped in McAllen, Texas, an organization that sponsors Fiesta Familiar, a yearly informative conference for parents of special children and the professionals that serve them in South Texas. Rigo is a 2002 Cum Laude graduate of U.T. Pan American-Edinburg, where he obtained a B.A. in English. He is also a 2004 Cum Laude Graduate of Texas Southern University, where he obtained a J.D. He began the practice of law in May 2005 as solo practitioner, after working as Legal Assistant at various strong Plaintiff and Defense firms in the Rio Grande Valley for over 8 years. He is a strong believer in aggressive litigation, continuing education, ethical conduct, and community service. Rigo is a member of the Texas Bar College after recording more than twice the number of required legal education hours by the State Bar of Texas. He is also member of the American Immigration Lawyer's Association, American and Hidalgo County Bar Associations, Texas Criminal Defense Lawyer's Association, Board of Directors of Texas Fiesta Educativa (San Antonio, Tx), and member of the Finance Board at his parish, San Juan Diego Catholic Church, in McAllen, Texas. Rigo's areas of practice include Immigration, Criminal Defense, Family Practice, and Personal Injury involving serious accidents.

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Gracias Abogado Garza! gracias por todo, gracias por tu amistad.