13/02/2026
Contra la denominada Ley de “Modernización Laboral”
La Organización de Trabajadores Radicales La Plata expresa su más profundo rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, acompañado políticamente por el PRO y por el bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical, y sectores del Peronismo. Lejos de constituir una verdadera modernización del derecho del trabajo, esta iniciativa representa un proceso regresivo, de desprotección sistemática y de debilitamiento estructural de los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación histórica de nuestro país.
Este posicionamiento se funda, a traves del aporte de abogados laboristas, jueces, constitucionalistas y la mirada crítica y genuina de dirigentes políticos y sindicales de nuestro partido, que advierten con claridad que el proyecto PE 159/25 no sólo vulnera principios esenciales del derecho del trabajo, sino que además incurre en serias inconstitucionalidades.
La reforma redefine el trabajo desde una lógica mercantil extrema, negando su carácter de derecho humano fundamental y su función social. Bajo el discurso de la “modernización”, se impulsa un vaciamiento deliberado de la Ley de Contrato de Trabajo, debilitando la presunción de laboralidad, ampliando figuras contractuales precarias y facilitando procesos de deslaboralización que legalizan el fraude.
El proyecto erosiona pilares históricos del derecho del trabajo: desarma el principio protectorio, relativiza la aplicación de la norma más favorable, debilita la irrenunciabilidad de derechos y limita la función judicial como herramienta de corrección de desigualdades estructurales. Se trata de un retroceso incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con el principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales.
Especial gravedad reviste el recorte de derechos colectivos. La exclusión de trabajadores eventuales de la posibilidad de ser candidatos o ejercer cargos gremiales consagra la existencia de trabajadores de primera y de segunda categoría. Esta disposición vulnera de manera directa la libertad sindical, el principio de igualdad ante la ley y los convenios fundamentales de la OIT con jerarquía constitucional.
Asimismo, la prohibición de la aplicación analógica de los convenios colectivos busca congelar la negociación colectiva, impedir su adaptación a nuevas realidades productivas y consolidar zonas grises de desprotección laboral. No es neutralidad normativa: es una toma de partido a favor del capital y en detrimento del trabajo organizado.
La reforma impulsa un proceso sistemático de desalarización normativa. Amplía los conceptos no remunerativos, fragmenta el salario y debilita su carácter alimentario y previsional. Elimina, además, la participación en las ganancias como forma salarial reconocida, desconociendo una manda expresa de la Constitución Nacional.
En materia de jornada y modalidades contractuales, se flexibilizan límites históricos, se habilitan esquemas de bancos de horas mediante acuerdos individuales celebrados en contextos de profunda desigualdad y se amplía el uso del trabajo parcial y eventual sin mecanismos eficaces de control antifraude. Todo el riesgo empresario es trasladado al trabajador, mientras se consolida la inestabilidad como norma.
El acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical a esta reforma no puede leerse como un hecho menor ni como una diferencia coyuntural. Se trata de una renuncia política e ideológica que quiebra el legado histórico del radicalismo popular y democrático.
La UCR que supo encarnar Crisólogo Larralde (comprometida con la dignidad del trabajo, la justicia social, la defensa de los sectores populares y la ampliación de derechos) es negada por un bloque parlamentario que hoy avala una reforma que precariza, fragmenta el salario, restringe la libertad sindical y debilita al Estado.
Acompañar una iniciativa que consolida la desigualdad estructural en las relaciones laborales no es modernizar: es abdicar de la tradición reformista, democrática y social del radicalismo. Es abandonar su historia para subordinarse a una agenda regresiva dictada por los intereses del poder económico concentrado. En ese gesto, la UCR no sólo traiciona a Larralde, sino también a su propia base social y a su razón histórica de ser.
Desde la OTR La Plata afirmamos que cualquier reforma laboral debe actualizarse para dar respuesta a las transformaciones productivas, tecnológicas y organizacionales del siglo XXI. Pero modernizar no puede ni debe significar retroceder.
Entendemos necesario impulsar una agenda de ampliación de derechos que incluya:
1. Políticas activas de formalización del empleo, basadas en la presencia efectiva del Estado en el mundo del trabajo, el fortalecimiento de las capacidades de inspección, fiscalización y control laboral de las provincias, y la recuperación de sus facultades constitucionales para combatir el empleo no registrado, la tercerización fraudulenta y la evasión de derechos laborales. Rechazamos toda estrategia que, bajo la excusa de la simplificación administrativa, busque desarmar los mecanismos de control y sustituir la tutela laboral por un esquema meramente fiscal que beneficia al incumplidor.
2. La ampliación de derechos laborales a las nuevas formas de trabajo, garantizando registración, seguridad social y derechos colectivos plenos.
3. El fortalecimiento de la negociación colectiva como herramienta central de adaptación normativa, frente a reformas impuestas unilateralmente.
4. La reducción y redistribución del tiempo de trabajo sin pérdida salarial.
5. Regulaciones específicas para plataformas digitales y nuevas modalidades productivas bajo el principio de primacía de la realidad.
6. Modernización administrativa y digitalización del Estado sin vaciar competencias ni debilitar controles.
La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, con el aval del PRO, de la Unión Cívica Radical y de bastos sectores del Peronismo, no constituye un avance sino una ofensiva regresiva contra el mundo del trabajo. Frente a este intento de desarticular derechos conquistados, reafirmamos nuestro compromiso político, sindical y democrático con la defensa irrestricta del trabajo, la Constitución Nacional y la justicia social.
El trabajo no es una mercancía. Es un derecho humano, un acto de justicia social y un pilar de la democracia.
