21/04/2026
La Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza expresa su profunda preocupación ante el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la denominación “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, en tanto impulsa una reforma regresiva del régimen de pensiones no contributivas y del sistema de prestaciones en discapacidad.
Del texto difundido públicamente surge que la iniciativa reinstala el eje de la invalidez laborativa, torna incompatible la pensión con el trabajo formal, habilita reempadronamientos obligatorios y auditorías periódicas con posibilidad de suspensión preventiva, y redefine el sistema de financiamiento y aranceles de las prestaciones básicas.
Esta Defensoría advierte que el problema no radica en la existencia de controles, sino en que, bajo una lógica de sospecha generalizada, se profundicen mecanismos que ya han demostrado severas dificultades de accesibilidad, razonabilidad y justicia. En ese marco, un reempadronamiento obligatorio y masivo podría reproducir experiencias recientes especialmente gravosas para las personas con discapacidad.
Resulta particularmente grave que, bajo la idea del fraude, se continúe consolidando una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad, como si fueran objeto de sospecha antes que titulares de derechos. Del mismo modo, preocupa que se retome una concepción centrada casi exclusivamente en la invalidez para trabajar, desconociendo que las dificultades de acceso al empleo no derivan solamente de condiciones severas de salud, sino también de barreras sociales, económicas, culturales e institucionales que el Estado debe remover. A ello se suma que hacer incompatible la pensión con el trabajo formal implica volver a un esquema que desalienta la inclusión laboral y vuelve a colocar a muchas personas con discapacidad en una situación de mayor dependencia, en lugar de acompañar trayectorias de mayor autonomía e inclusión social.
Asimismo, inquieta que las modificaciones proyectadas en materia de financiamiento y sistema arancelario, lejos de aportar una salida a la crisis que atraviesan los prestadores y al riesgo cierto para la continuidad de las prestaciones, puedan agravar aún más la inestabilidad del sistema.
La Defensoría reafirma que toda política pública en materia de discapacidad debe ajustarse a los principios de no regresividad, accesibilidad, participación y protección integral de derechos, y exhorta a que cualquier modificación normativa preserve los estándares ya alcanzados y no implique retrocesos en derechos fundamentales.
