Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos

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👩‍🎓👨‍🎓𝐗𝐈 𝐉𝐎𝐑𝐍𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐑𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎El fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes  disertó este jueves ...
04/09/2026

👩‍🎓👨‍🎓𝐗𝐈 𝐉𝐎𝐑𝐍𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐑𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎

El fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes disertó este jueves sobre "El sumario administrativo y las garantías del debido proceso previo y adjetivo" en las "XI Jornadas Entrerrianas de Derecho Administrativo" en homenaje a la trayectoria académica del Dr.Domingo Sesín, acontecidas en la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina, Uca, sede Paraná.

Rodríguez Signes hizo un análisis y valoración particular sobre el funcionamiento y sus responsabilidades de la Dirección de Sumarios, dependencia que está bajo su órbita y conducción central, poniendo foco en algunas variables que considera ajustables tras sus 18 años al frente de la Fiscalía de Estado, proponiendo finalmente la idea de creación de un Tribunal Administrativo o especializado, para quitar la carga o decisión sancionatoria final que recae en la órbita el Poder Ejecutivo.

En principio el fiscal repasó la dinámica de los sumarios administrativos desde el advenimiento de la democracia para asegurar que el reglamento, el procedimiento ha sido revestido de garantías: "La verdad que en materia de derecho defensa se obra con mucha respeto por el derecho de defensa", aseguró. Hay gobiernos que han aplicado el régimen disciplinario con bastante rigidez o con bastante objetividad. Y después ha habido gobiernos que han sido bastante laxos y ha habido contradicciones, es decir, como los sumarios son largos, lo que hace un gobierno modificarlo por ser suave. Es decir, ha habido una política de aplicación del reglamento, eso funciona, pero en el inicio y en el final de ese procedimiento hemos sido hemos variado.
Estamos acá para tratar de sacar algo positivo y que nos sirva. Que este ámbito nos sirva para proponer, que es la idea que yo tengo siempre en la mente. Entonces, digo, hoy es el inicio del sumario administrativo, la autoridad que lo decide iniciar. ¿Por qué lo inicia?, ¿cuándo lo inicia?, ¿bajo qué circunstancias lo inicia?. Eso está bastante centralizado en la autoridad de nombramiento generalmente.Y yo diría que ahí hay que corregir, no es una opinión teórica, sino una opinión práctica".

La jornada incluyó además un especial homenaje al Dr. Domingo J. Sesín, destacado jurista y referente del Derecho Administrativo argentino, en reconocimiento a su trayectoria y a sus valiosos aportes al ámbito jurídico nacional.”

Compromiso UCA Paraná

📆𝑬𝒇𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒅𝒆𝒔👩‍🎓👨‍🎓Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado en homenaje al letrado, jurista, economista, diputado, ...
29/08/2026

📆𝑬𝒇𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒅𝒆𝒔

👩‍🎓👨‍🎓Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado en homenaje al letrado, jurista, economista, diputado, escritor y autor intelectual de nuestra Constitución Nacional, don Juan Bautista Alberdi.

" Mi agradecimiento a todos los abogados de la Fiscalía de Estado que hacen de la defensa de la Provincia una manera auténtica de vivir "

✍️ Julio Rodriguez Signes

Entrevista con el fiscal de EstadoComedores escolares: la Provincia respaldó el fallo sobre los alimentos con octógonosE...
25/08/2026

Entrevista con el fiscal de Estado
Comedores escolares: la Provincia respaldó el fallo sobre los alimentos con octógonos

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó a Elonce que la Provincia no apeló el fallo sobre los comedores escolares. Además, explicó cómo continuó el nuevo sistema de distribución y detalló los alcances del contrato de la Hidrovía.
Los comedores escolares y la aplicación del nuevo sistema de distribución de desayunos y meriendas fueron analizados por el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodriguez Signes . En diálogo con GPS por Elonce, el funcionario confirmó que el Gobierno provincial estuvo de acuerdo con la sentencia que prohibió entregar productos con sellos de advertencia nutricional.
Ante la consulta sobre la postura oficial, Rodríguez Signes expresó: “Estamos a favor. Es decir, el juez Malvasio dispuso una prohibición que es que dentro del suministro de alimentos no se incorporen productos que tengan el etiquetado octogonal o hexagonal”. Esos sellos identificaron productos con exceso de sodio, calorías y azúcares.

Sin embargo, el fiscal de Estado aclaró que el cumplimiento de la decisión judicial debía incluir otros parámetros. “Lo que debe hacerse es cumplir con la obligación que es suministrar alimentos de acuerdo a un plan nutricional”, afirmó. Asimismo, indicó que ese plan estaba contemplado en las directivas de los comedores, en el procedimiento de contratación y en los menús establecidos.
La Provincia no apeló la sentencia


Rodríguez Signes explicó que también debía respetarse la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. “Con eso estamos de acuerdo y por eso no apelamos la sentencia”, manifestó. No obstante, señaló que la parte que presentó el amparo recurrió la resolución, por lo que el fallo aún no estaba firme.

La parte actora apeló, de manera que la resolución del juez Malvasio no está firme, sino que depende de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia”, precisó el funcionario. De este modo, la definición final quedó en manos del máximo tribunal provincial.

▶️Mas información en : www.elonce.com▶️ ELONCE, programación de Ca...

🎙️𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐞𝐬: 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫, 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes ...
24/08/2026

🎙️𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔

𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐞𝐬: 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫, 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes respondió la consulta de Entre Ríos Ahora respecto de lo que puede o no puede hacer el Gobierno luego de que se haya resuelto en primera instancia el amparo colectivo contra la distribución de alimentos ultraprocesados y que violen la Ley de Etiquetado Frontal en comedores escolares. El funcionario entiende que con fallo favorable al amparo colectivo, resuelto el viernes último, la medida cautelar, dictada el 5 de este mes, pierde vigencia.

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Julio Rodriguez Signess respondió la consulta de Entre Ríos Ahora respecto de lo que puede o no puede hacer el Gobierno luego de que se haya resuelto en primera instancia el amparo colectivo contra la distribución de alimentos ultraprocesados y que violen la Ley de Etiquetado Frontal en comedores escolares. El funcionario entiende que con fallo favorable al amparo colectivo, resuelto el viernes último, la medida cautelar, dictada el 5 de este mes, pierde vigencia.

El viernes, el juez de juicio Juan Francisco Malvasio hizo lugar al amparo colectivo y ordenó al Gobierno que «se abstenga de ofrecer, servir, entregar odistribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contenganuno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del artículo 12 de la Ley N.° 27642, debiendo garantizar en forma simultánea eininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición».

En ese marco, y con las adecuaciones que impone el fallo del juez, el Gobierno quedó habilitado para avanzar con el contrato que firmó con la empresa Teknofood SA para distribuir insumos para elaboración de desayunos y meriendas en los comedores escolares. El Ejecutivo licitó y adjudicó a esa empresa el servicio de provisión de insumos y estaba previsto que la ejecución comenzase a principios de agosto. El amparo judicial buscó frenar el cambio, aunque el fallo, a juicio del Ejecutivo, sólo planteó algunas modificaciones. «Etiendo que ya hubo una resolución del tema en la Justicia, y en el fallo no dijeron nada sobre la licitación, por lo cual se puede avanzar», señaló una fuente.

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes entiende que la cautelar perdió vigencia luego de que el juez Malvasio hiciera lugar al amparo colectivo, la cuestión de fondo.Rodrínguez Signes entendió como “lógico” que el STJ dejara firme la cautelar, pero a la vez afirmó que la medida “perdió vigencia” por cuanto, completó, “hay sentencia definitiva, no firme” al resolverse el amparo colectivo por parte del juez Malvasio.“No puede haber dos sentencias (una cautelar y otra principal). Hay una sola y es la que va a cumplirse en función del efecto devolutivo de la concesión”, aseguró.

La posición del Gobierno cobraría vigor si se atiende a lo que resolvió el juez Malvasio este domingo: rechazó el pedido de «aclaración» planteado por los amparistas, lo que hubiese supuesto redactar un nuevo fallo.

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 : https://entreriosahora.com/rodriguez-signes-sin-cuatelar-el-gobierno-avanza-en-comedores/

𝐋𝐚 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐨𝐯𝐢́𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚́-𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲, 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨, 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐔𝐚𝐝𝐞𝐫El equipo del Laboratorio de Estu...
06/08/2026

𝐋𝐚 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐨𝐯𝐢́𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚́-𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲, 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨, 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐔𝐚𝐝𝐞𝐫

El equipo del Laboratorio de Estudios de la Hidrovía, de FCG, Facultad de Ciencias de la Gestión - UADER se interiorizó con el Fiscal de Estado sobre la participación de Entre Ríos en la concesión de la vía fluvial. El rector destacó el rol de la Universidad en el seguimiento de la temática.

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), Luciano Filipuzzi visitó en Paraná la sede de la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), donde participó de un encuentro con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Julio Rodriguez Signes; con autoridades de la unidad académica y con los investigadores que integran el Laboratorio de Estudios de la Hidrovía Paraná- Paraguay.

En la reunión, de la que fue parte el decano, Román Scattini Gazzino se compartió información relevante respecto de la participación que tiene Entre Ríos en la concesión de la vía fluvial que se adjudicó a la empresa belga Jan de Nul.

Rodríguez Signes, docente de FCG, dio cuenta de las gestiones que se hicieron, desde la provincia, para que Entre Ríos quede integrada en la traza de la vía navegable troncal, clave para el desarrollo económico nacional ya que interviene en el 80% de las exportaciones argentinas, fundamentalmente de granos.

En este marco, se puso en valor el rol del laboratorio de la FCG en particular y de la UADER en general en la investigación, seguimiento y control de las distintas etapas previstas en la concesión. La incorporación de Entre Ríos supone obras de infraestructura, dragado e inversiones indispensables para reactivar los puertos de Diamante y Concepción del Uruguay. Además, se plantea la necesidad de que la Universidad sea parte de la evaluación del impacto económico, ambiental y social que tendrá el aprovechamiento de la vía fluvial.

Una semilla

“Ese trabajo conjunto nos fortalece”, remarcó Scattini al dar la bienvenida al encuentro y agradecer la presencia del rector y del fiscal de Estado. “Siempre en la persistencia de la relación entre lo que son las políticas públicas y el sector privado, junto con la Universidad Pública que tiene que estar al servicio para generar conocimiento, para dar rigurosidad y comprender luego hacia dónde dirigir las energías en todos los sentidos, hacia dónde dirigir los recursos, además, que son de todos los entrerrianos”, resaltó.

El decano enfatizó que los objetivos trazados en la reunión suponen “fortalecer el conocimiento respecto de esta concesión y generar conocimiento hacia nuestra facultad, hacia nuestras carreras”.

El rector puso de relieve la decisión del Gobierno de Entre Ríos de disputar la incorporación de la provincia en la ruta fluvial sujeta a concesión. “Sin esta decisión estratégica, Entre Ríos quedaba afuera, junto con toda la región mesopotámica que era condenada al subdesarrollo”, subrayó Filipuzzi que sintetizó: “Cuando no tenemos un puerto, cuando no funciona un tren, estamos hablando de menos trabajo, menos desarrollo y más condena al desarraigo de la gente”.

Puso en valor el trabajo de la investigación científica, proyectada para el laboratorio de la FCG, porque “la hidrovía viene de la mano de la necesidad de inversiones, de acompañamiento, de la necesidad de planificar”. “La Universidad tiene que ser pionera en esto. Van a ser indispensables los estudios de impacto ambiental, la determinación de matrices económicas, el planeamiento. Tenemos profesionales de altísimo nivel para hacerlo”, dijo Filipuzzi que dimensionó que “se abre un ecosistema de nuevas problemáticas para abordar; se inicia una tarea virtuosa que implica también una responsabilidad muy grande para la UADER”.
Rodríguez Signes, que es docente de Derecho Público y Privado en las sedes de la FCG de Paraná y de La Paz, hizo notar que la concesión “es un contrato viejo que se ha renovado pero que nunca nadie controló”. En este sentido, apostó: “Esto que estamos planteando puede ser una semilla para un organismo que controle seriamente. Esto es central para la provincia que necesita ser parte de la hidrovía”.

El Laboratorio

En el encuentro, estuvieron presentes el equipo de Investigación y Posgrado, integrado por la secretaria Verónica Odetti y Nadia Redondo; y la directora del Laboratorio, Agustina Baigorria.

El Laboratorio nació en el seno de la cátedra Transporte Internacional y Gestión Logística, perteneciente a la Tecnicatura y Licenciatura en Comercio Internacional y se enmarca en las Ordenanzas N°22-2010 UADER y N°74/2016 CS-UADER. Se trata del primer espacio universitario exclusivo dedicado al estudio de la Hidrovía Paraná- Paraguay en la provincia de Entre Ríos.

Las líneas centrales de trabajo del organismo son:

Análisis del proceso licitatorio de la HPP con veeduría de la ONU (UNCTAD).
Rol estratégico de Entre Ríos y sus puertos en la Vía Navegable Troncal.
Políticas públicas nacionales y regionales en materia hidroviaria.
Comercio internacional, gestión logística e inserción internacional.
Gobernanza regional de la Cuenca del Plata.

Fuente : https://noticias.uader.edu.ar/novedades/interes-general/la-hidrovia-parana-paraguay-un-campo-de-estudio-seguimiento-y-control

🎙️𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔𝘚𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘎𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦: “𝘌𝘴 𝘦𝘭 𝘤𝘳é𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘮á𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘕𝘢𝘤𝘪ó𝘯”, 𝘥𝘪𝘫𝘰 𝘙𝘰𝘥𝘳í𝘨𝘶𝘦𝘻 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴El...
05/08/2026

🎙️𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔
𝘚𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘎𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦: “𝘌𝘴 𝘦𝘭 𝘤𝘳é𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘮á𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘕𝘢𝘤𝘪ó𝘯”, 𝘥𝘪𝘫𝘰 𝘙𝘰𝘥𝘳í𝘨𝘶𝘦𝘻 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴

El fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes , afirmó que el reclamo por Salto Grande ronda los 700 millones de dólares y ratificó que la Provincia mantendrá la demanda.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, afirmó que el reclamo judicial contra la Nación por los excedentes de Salto Grande constituye la principal demanda económica de la provincia y confirmó que el gobierno de Rogelio Frigerio mantendrá esa estrategia judicial. Además, en declaraciones al programa A Quien Corresponda por Radio Plaza , se refirió al acuerdo firmado con la ANSES por el déficit de la Caja de Jubilaciones y evaluó el impacto que podría tener la reciente reforma previsional en las negociaciones con el gobierno nacional.

Salto Grande: el principal reclamo económico de la provincia
Rodríguez Signes definió como prioritaria la demanda que Entre Ríos mantiene ante la Corte Suprema por los excedentes de Salto Grande y sostuvo que representa el mayor crédito que la provincia reclama al Estado nacional: “Esa demanda está en la Corte; para mí es la más importante que tiene la provincia y diría que a nivel de las provincias es el crédito más importante que le reclama una provincia a la Nación Argentina”.

Explicó que el planteo judicial se fundamenta en los compromisos asumidos por la Nación a fines de la década de 1990 y cuestionó el criterio con el que actualmente se liquidan esos recursos: “Nosotros nos sostenemos en los pactos del año 1998-99, en los cuales la Nación Argentina se comprometió a remitir los excedentes, y no tiene –a mi juicio– nada que ver con el cálculo que hace la Nación hoy en día con lo que debería ser, y el juicio permanece en la Corte Suprema”.

En ese marco, aseguró que el gobernador Rogelio Frigerio respalda la continuidad del litigio y descartó cualquier posibilidad de desistir de la acción judicial: “Yo permanentemente lo converso con el gobernador, quien sostiene que hay que mantener esa demanda y es lo que estamos haciendo. Son procesos largos, no me engaño en ese sentido, pero es un proceso que el último cálculo que hicimos ronda los 700 millones de dólares, la pretensión de la provincia hasta ahora, así que es un juicio muy importante”, concluyó.

El acuerdo con ANSES
Respecto del convenio firmado con la ANSES, el fiscal explicó que “el acuerdo que se firmó es un anticipo del año 2026, es decir, la Nación Argentina asumió la obligación de ir pagando los déficits del sistema previsional de Entre Ríos conforme a un sistema de simulación, como si hubiéramos armonizado el régimen jubilatorio con el nacional”.

Agregó que el entendimiento constituye el tercer convenio parcial alcanzado entre ambas partes y aclaró que “es parcial, no es un reconocimiento total de la deuda, pero está basado en un trabajo de auditoría muy importante que se logró hacer entre la Caja y el ANSES desde el 2023, 2024 en adelante”.

También destacó el alcance del nuevo desembolso al señalar que “este convenio que es el tercero por 120 millones es importante porque nos coloca adelante entre las provincias que hemos hecho los reclamos y es un convenio que reconoce la deuda que se viene acumulando del periodo 2026. Falta liquidar 2020 a 2026, más el remanente de 2026. Siempre somos acreedores, pero este reconocimiento es muy importante”.

En cuanto al estado del expediente judicial, explicó que las actuaciones permanecen suspendidas mientras avanzan las auditorías y las negociaciones: “El proceso sigue, aunque los plazos se suspenden porque hay una especie de mecanismo pactado que es que la Nación reconoce esta suma de 120.000 a cuenta, mientras tanto se presta un plazo entre las partes para seguir auditando sumas retroactivas y en ese plazo las partes conciliamos, acordamos una suspensión de plazos judiciales; no un desistimiento, sino una suspensión. Si al término de cierto plazo esa conciliación no se produce, seguimos adelante con el juicio. De lo contrario, seguimos acordando y resolviendo de esta manera, que es novedosa porque son acuerdos parciales, pero yo prefiero ir resolviéndolos de esta manera, donde la Nación nos va dando la razón parcialmente y vamos disminuyendo la deuda que tiene la Nación con la provincia”.

Sobre el saldo pendiente, indicó que “nosotros habíamos demandado en abril del 2024 por 154 mil millones de pesos y habría que actualizar esa cifra más lo que se acumuló 2024 mismo, 2025, 2026 y restarle los acuerdos parciales, que fueron uno de 24, otro de 48 y este de 120 mil. Es decir que, estamos hablando de que la Nación ha reconocido 200.000, pero siempre somos acreedores. Yo diría que, de la demanda inicial de abril de 2024, la Nación todavía no ha pagado eso y estamos a la espera de una conciliación final”.

Reforma previsional
Consultado por la reciente reforma previsional, Rodríguez Signes consideró que la nueva normativa podría facilitar futuros acuerdos con el Estado nacional porque “la reforma previsional, sancionada hace pocos días, va a contribuir a acelerar los acuerdos, porque si hay algo que la Nación argumentó siempre para incumplir los pactos federales es que las provincias no armonizamos los sistemas. Ahora esta ley no lo armoniza completamente, pero lo acerca a la armonización, con lo cual se va a facilitar el cálculo. Pero siempre somos acreedores”.

Sobre una eventual judicialización de la ley, diferenció la situación entrerriana de lo ocurrido en Santa Fe y sostuvo que “se trata de dos ámbitos completamente distintos desde el punto de vista jurídico; el análisis político es otro y es favorable a la provincia de Entre Ríos. Pero jurídicamente, este es un tema de derecho público local, el Poder Judicial nuestro tiene determinados criterios, hay una jurisprudencia en Entre Ríos, y por supuesto que los precedentes de otras provincias son importantes, pero prefiero analizarlo de acuerdo a lo que vaya pasando en nuestra provincia”.

Finalmente, recordó su participación durante el tratamiento legislativo y aclaró que “me tocó ir a la reunión con los diputados y coincidimos con la Asociación de Magistrados y estaban el doctor Cánepa y el doctor Cotorruelo quienes enunciaron la cantidad de críticas que tenían a lo que en ese momento era el proyecto de ley. Yo no intervine en ese debate, sino que di un informe acerca de lo que son los juicios de la Nación, porque consideré que no era el ámbito legislativo el propicio para ir a debatir algo que en todo caso se debatirá en juicio, si es que se debate. Esa fue mi posición y lo sigue siendo hasta ahora. Hasta ahora no hemos recibido ninguna acción contra esa ley”.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, afirmó que el reclamo por Salto Grande ronda los 700 millones de dólares y ratificó que la Provincia mantendrá la demanda.

🧑🏽‍🎓👩🏻‍🎓 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐜𝐚𝐬“𝐋𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐈𝐏𝐋𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈...
25/07/2026

🧑🏽‍🎓👩🏻‍🎓 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐜𝐚𝐬

“𝐋𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐈𝐏𝐋𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀”.

🗓️ jueves 3 de septiembre
🕒 1530 a 20 horas
📍 Aula Magna. Facultad "Teresa de Avila" de la Universidad Católica Argentina Paraná, Entre Ríos.
👥 Destinatarios: Alumnos de la Carrera de Derecho, abogados, empleados públicos y funcionarios del Poder Judicial.
📝 Informes e inscripciones: [email protected]

🎙𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊́𝒈𝒖𝒆𝒛 𝑺𝒊𝒈𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒊𝒐́ 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑪𝒂́𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒑𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔: "𝑵𝒐 𝒎𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆 𝒅𝒖𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒆...
23/07/2026

🎙𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬

𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊́𝒈𝒖𝒆𝒛 𝑺𝒊𝒈𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒊𝒐́ 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑪𝒂́𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒑𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔: "𝑵𝒐 𝒎𝒆 𝒄𝒂𝒃𝒆 𝒅𝒖𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂"

El fiscal de Estado de la Provincia participó de las comisiones de Diputados. En diálogo con APFDigital remarcó la urgencia de actualizar la Ley 8.732 debido a un déficit mensual de 43.000 millones de pesos, detalló los cambios acordados en el texto y sostuvo que la Fiscalía defenderá la legalidad de la norma ante posibles reclamos judiciales de los gremios.

Tras su participación en el encuentro conjunto de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que se realizó este jueves por la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, respaldó el tratamiento de la modificación de la ley previsional y sostuvo que el ámbito legislativo es el espacio idóneo para dar la discusión.

El funcionario aseveró que se trató de una muy buena reunión y remarcó que el ámbito legislativo es el espacio idóneo para discutir un tema central para la provincia, al tiempo que consideró indispensable modificar y actualizar la ley vigente.

En ese marco, Rodríguez Signes profundizó sobre las razones que sustentan la reforma del régimen provincial, puntualizando tanto los desequilibrios financieros como el desfasaje temporal de la normativa vigente. “Hay una necesidad económica: El sistema previsional le genera a la provincia un déficit de 43.000 millones de pesos. Pero además, la Ley 8.732 lleva más de 30 años sin actualizarse y cambiaron muchas cosas, como la expectativa de vida, las condiciones laborales o actividades que ya no existen y otras nuevas que sí. Hay que actualizar el sistema, no me cabe duda”, expresó.

Consultado sobre las modificaciones introducidas al proyecto original luego de las audiencias con distintos sectores —entre ellos la Asociación de Magistrados—, el fiscal detalló que se tomaron en consideración varios de los planteos formulados. Precisó que se fijó el escalafón docente como testigo para la tasa de movilidad, se acotó la emergencia a un plazo de dos años prorrogables por dos más, y se redujo de 20 a 15 años el período para determinar el haber base. “Con lo cual, algunas modificaciones sustanciales se efectuaron”, concluyó.

Asimismo, Rodríguez Signes hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la armonización previsional requerida por los pactos fiscales con la Nación, advirtiendo que el déficit actual roza los 600.000 millones de pesos anuales. “Lo más contraproducente sería mantener un sistema que evidentemente hay que modificar, porque no podemos reclamarle a la Nación de forma eficaz si no cumplimos nosotros con armonizar el esquema. Esos recursos salen de los impuestos de todos los contribuyentes y resulta injusto que los privados paguen las jubilaciones de los estatales”, remarcó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que distintos gremios u organizaciones de la oposición acudan a los tribunales si la norma resulta aprobada, Rodríguez Signes consideró viable dicha instancia y reafirmó la postura institucional del organismo que encabeza. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional, de manera que quien considere afectado un derecho puede recurrir al Poder Judicial. Ha pasado a lo largo de la historia provincial, y el rol de la Fiscalía de Estado es justamente defender la legalidad de las normas y de las decisiones de la administración”, concluyó

https://www.apfdigital.com.ar/noticias/2026/07/23/464131-rodriguez-signes-defendio-la-reforma-previsional-en-la-camara-de-diputados-no-me-cabe-duda-que-hay-que-actualizar-el-sistema

🗓 AGENDA📍Lugar: Salón de los Pasos PerdidosEl fiscal de Estado, Julio Rodríguez Julio Rodriguez Signes , fue convocado p...
22/07/2026

🗓 AGENDA
📍Lugar: Salón de los Pasos Perdidos

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Julio Rodriguez Signes , fue convocado para este jueves a las 8,30 hs, a participar de la reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto Cuentas y de Previsión y Seguridad Social, de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El tema que se abordará refiere al Exp. N° 29 406, Proyecto de ley "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional".

Cámara de Diputados de Entre Ríos

🎙️📹𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔Cuestión de Fondo Análisis Rodríguez Signes: “Doy por hecho que la Ley del sistema previsional va a salir ...
09/07/2026

🎙️📹𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔

Cuestión de Fondo
Análisis

Rodríguez Signes: “Doy por hecho que la Ley del sistema previsional va a salir y va a haber cuestionamientos”

Rodríguez Signes defendió la reforma previsional y reclamó fortalecer los organismos de control del Estado.

La discusión por la reforma del sistema previsional entrerriano abrió uno de los debates institucionales y económicos más trascendentes de los últimos años. Sin embargo, para el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodriguez Signes , esa discusión no puede analizarse de manera aislada: forma parte de un escenario mucho más amplio, atravesado por el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones, la necesidad de redefinir la relación financiera con la Nación, la obligación de recuperar recursos públicos afectados por hechos de corrupción y la urgencia de modernizar los mecanismos de control del Estado provincial.

En una extensa entrevista concedida al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), conducido por Daniel Enz, el funcionario repasó esos desafíos, defendió el proyecto impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y sostuvo que Entre Ríos debe avanzar hacia un esquema institucional que fortalezca la legalidad de los actos administrativos y la protección del patrimonio público.

Para Rodríguez Signes, el debate previsional resultó inevitable. Recordó que la Caja de Jubilaciones reúne a unos 66.000 afiliados y arrastra un déficit mensual cercano a los 43.000 millones de pesos, una situación que -según explicó- terminó condicionando las decisiones del gobierno provincial. “No estamos hablando de distribuir más plata; estamos hablando de distribuir menos recursos, de achicar el déficit”, afirmó al describir el escenario financiero que enfrenta la provincia.

El fiscal de Estado contextualizó ese proceso con una reconstrucción de las distintas administraciones provinciales. Recordó que durante los gobiernos de Jorge Busti y Sergio Urribarri el sistema pudo sostenerse gracias a una relación distinta con el gobierno nacional, mediante adelantos de coparticipación, endeudamiento de corto plazo y asistencia financiera. Más tarde -explicó- el gobernador Gustavo Bordet encontró un contexto diferente tras la restitución del 15% de la coparticipación y el acceso al crédito internacional. El escenario actual, en cambio, aparece condicionado por una relación distinta entre la Nación y las provincias. “Hoy se tiene un presidente con características que nadie imaginaba y evidentemente hay una necesidad de reordenar algunas cosas, entre ellas el sistema previsional”, sostuvo.

Consultado por Daniel Enz sobre los futuros cuestionamientos judiciales a la reforma, Rodríguez Signes consideró que la conflictividad será inevitable. Recordó que todas las modificaciones previsionales anteriores terminaron judicializadas y aseguró que este caso no constituirá una excepción. Aun así, defendió la constitucionalidad de los principales cambios incorporados al proyecto, entre ellos la actualización de la edad jubilatoria, la modificación del cálculo del haber inicial y la unificación del mecanismo de movilidad. “Siempre los hubo. No veo por qué no va a haber conflictividad”, resumió.

Rodríguez Signes también relativizó el impacto económico que podría tener una eventual normalización de la deuda que mantiene la Nación con Entre Ríos por el financiamiento del sistema previsional. Reconoció en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) que el reclamo iniciado contra la ANSES resulta necesario, pero advirtió que aun en el escenario más favorable apenas permitiría reducir una parte del desequilibrio estructural. “No podemos decir nada más que la verdad: ser auténticos en esto”, expresó. Y añadió que ese aporte representaría aproximadamente el 15% del déficit de la Caja, porcentaje insuficiente para resolver el problema de fondo.

La entrevista también abordó otros expedientes de alto impacto institucional. Respecto de la investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de seguridad privada de ENERSA con la empresa Securitas, Rodríguez Signes confirmó que recibió instrucciones del Directorio para impulsar una investigación administrativa destinada a determinar responsabilidades y evaluar la eventual existencia de un perjuicio patrimonial para la empresa estatal. No obstante, evitó adelantar conclusiones. Explicó que el informe preliminar conocido públicamente todavía debe ser verificado y remarcó que corresponde actuar con prudencia antes de atribuir responsabilidades. “Responsablemente, tengo que verlo muy bien al tema como para decir si acá hay un perjuicio y la responsabilidad de fulano o mengano”, afirmó.

Esa cautela no modificó, sin embargo, su posición respecto de las causas de corrupción que afectaron al Estado provincial. Al referirse al expediente conocido como “Contratos Truchos”, defendió la solidez de la investigación penal y consideró que la Legislatura debe recuperar legitimidad institucional después del impacto político que produjo el caso. “La investigación está bien hecha, no es un invento”, aseguró. Recordó además que, apenas se conocieron los primeros procedimientos judiciales en 2018, decidió constituir a la Fiscalía de Estado como actor civil para procurar el recupero del dinero público. “Mi función es intentar recuperar la mayor cantidad de dinero posible”, indicó y aclaró que la tarea no será fácil.

Con la misma lógica se refirió a la causa denominada “Jóvenes Emprendedores”, donde estimó que el daño patrimonial actualmente en discusión podría oscilar entre 700 millones y 1.000 millones de pesos según el criterio de actualización que finalmente adopte la Justicia.

Hacia el final de la entrevista, Rodríguez Signes planteó que los casos de corrupción y las dificultades administrativas revelan una necesidad más profunda: modernizar el sistema de controles del Estado entrerriano. Sostuvo que la reforma constitucional de 2008 “se quedó a mitad de camino”, reclamó fortalecer las atribuciones de la Contaduría General, ampliar las herramientas preventivas del Tribunal de Cuentas y actualizar la ley orgánica de la propia Fiscalía de Estado para reforzar el control de legalidad previo a los actos administrativos. También propuso unificar los regímenes disciplinarios dispersos en la administración pública para evitar criterios dispares y fortalecer la capacidad sancionatoria del Estado. Para el fiscal, esos temas constituyen verdaderos desafíos institucionales que enfrenta Entre Ríos: construir organismos de control más modernos, coordinados y eficaces para prevenir irregularidades antes de que el patrimonio público vuelva a sufrir daños.

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