11/03/2026
Cuando el ajuste siempre cae sobre los mismos
Mientras el gobierno provincial repite que la situación económica es crítica, que no hay margen para recomponer salarios y que la pauta salarial seguirá en cero, hay decisiones de fondo que permanecen intactas y exponen una contradicción cada vez más difícil de explicar: se exige sacrificio a los trabajadores, pero no se corrigen mecanismos que siguen drenando millones de pesos del Estado.
Uno de los ejemplos más evidentes es el vínculo financiero que mantiene la provincia con Banco Santa Cruz. Lejos de representar una ventaja para las cuentas públicas, el convenio vigente obliga a Santa Cruz a pagar millones por servicios que en otras provincias son gratuitos o, incluso, generan ingresos para el Estado.
La situación es clara: la provincia paga por el servicio de agente financiero, por la administración de haberes, jubilaciones, transferencias, mantenimiento de cuentas y operatorias que forman parte del funcionamiento normal de cualquier administración pública. Es decir, el Estado garantiza al banco una masa cautiva de clientes y, aun así, termina pagando por sostener esa estructura.
No solo no obtiene condiciones favorables: además financia prestaciones que en otros lugares forman parte de las obligaciones básicas de cualquier entidad financiera que administra fondos públicos.
La comparación con Santa Fe deja aún más expuesta esta anomalía. Allí, con el mismo grupo empresario —Grupo Petersen—, el esquema funciona exactamente al revés: el banco paga un canon fijo y variable por operar como agente financiero provincial.
En Santa Fe, el banco paga por acceder a ese volumen de liquidez y movimiento financiero. En Santa Cruz, en cambio, es el Estado el que paga.
La pregunta es inevitable: ¿por qué una provincia que dice no tener recursos sostiene un acuerdo tan desfavorable? ¿Por qué cuando se habla de ajuste nunca se revisan estos contratos?
La respuesta no es técnica ni jurídica. Es política.
Cada peso que sale del presupuesto provincial para sostener un convenio de estas características es un peso que falta en hospitales, escuelas, seguridad, rutas y viviendas. Cada vez que se dice que no hay recursos para mejorar salarios, también debería explicarse por qué no se renegocian acuerdos que claramente lesionan el interés público.
Lo más grave es que este debate no es nuevo. En 2009 impulsé formalmente una propuesta para revisar este convenio, mediante el expediente N.º 365 presentado en la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, planteando exactamente lo que todavía hoy sigue pendiente: que el banco pague por operar como agente financiero y que los servicios esenciales al Estado se presten sin costo.
Pasaron los años. Cambiaron los gobiernos, cambiaron los discursos, cambiaron las urgencias. Pero el esquema sigue intacto.
Si realmente se quiere hablar de responsabilidad fiscal, el primer paso no debería ser congelar salarios. Debería ser revisar dónde se pierden recursos que sí pueden recuperarse.
Porque ordenar las cuentas públicas no consiste solo en pedir sacrificios.
También exige decisión para tocar intereses.
Y cuando esa decisión no aparece, el ajuste termina recayendo —una vez más— sobre los mismos.
