Bloque Negro

29/03/2022

El capitalismo, haciendo de la violencia un negocio rentable

Los inicios del narcotráfico en Chile.
Con fervor transita la frase: necesitamos más policías en las calles. Por consiguiente, toda la culpa la tiene la droga que tanto mal hace a las poblaciones; Pero volvamos a los nostálgicos años 70s y 80s. Pinochet a la cabeza del golpe militar, se adjudicó un gran golpe al narcotráfico cuando durante los primeros años de la dictadura barrió con una serie de carteles que operaban en Chile. Esta fue sin duda una pelea por posicionarse en el mercado, eliminando a su competencia. Así, el dictador incursionará en transformarse en el dueño y señor del tráfico en Chile. Haciendo creer a la población que el problema se terminaba en Chile.

Fue así como el narcotráfico orquestado en las más altas esferas de la dictadura, contaba con la participación de los aparatos militares y de inteligencia del régimen, la colaboración de la CIA y la DEA (la agencia de dr**as estadounidense). Una combinación que hemos visto en numerosas ocasiones con los otros regímenes latinoamericanos. No es coincidencia que durante los años en que la co***na y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban los métodos de Pinochet y la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas.

¿Por qué los chilenos no nos enteramos de lo que hacía el dictador?
Con los medios de comunicación monopolizados por la ultraderecha, la información y el silencio sobre este tema fue parte de los pactos de la transición, y fue el propio gobierno de Patricio Aylwin el que prohibió la emisión de una nota y entrevista que destapaba este tema ya desde los inicios de los 90s.

¿En qué consistía el negocio de Pinochet - Hiriart?
No solo se componía de co***na, sino que también del tráfico de una serie de precursores para la producción de dr**as sintéticas y el tráfico ilegal de armas chilenas.
El rol que jugó el Ejército en este caso, tenía como centro de operaciones el Complejo Químico del Ejército en Talagante, donde se acusaba que uniformados vendían precursores químicos a carteles internacionales para la elaboración de dr**as. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde la Fábrica de Material de Guerra del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios.

Varias investigaciones periodísticas dejan entrever que el tráfico de dr**as y el de armas podrían ser la explicación de la suculenta fortuna de la familia Pinochet. Manuel Contreras, director de la DINA reiteró sus dichos al juez Claudio Pávez, a quien le hizo llegar un informe en el que inculpa a Augusto Pinochet y su familia por la producción y distribución de la llamada “co***na negra”, una variedad de droga que no puede ser detectada y que se fabricaba en dependencias del Ejército.


Con todo el negocio funcionando, la circulación de las dr**as avanza con éxito en los movimientos sociales y políticos en las poblaciones. De este modo la aplicación de violencia política, ejercida por el gobierno de las fuerzas armadas, hacia los sujetos populares, se habría presentado en pro de generar un proceso refundacional del capitalismo. Luego la clase gobernante en los años 90s, renegaba el pasado autoritario, represivo y violador de derechos humanos de la dictadura, pero por otro continuaba con su modelo económico, político y social.
En definitiva, se utiliza como cura el origen de la enfermedad, reproducir su miseria mediante una educación hecha a la medida de la clase dominante, educación construida categóricamente para transformar a los jóvenes pobladores en sujetos que respeten "El orden del discurso" benevolente en su superficie, perverso y exclusivo en su fondo. La estigmatización social, el desdeño y la poca preocupación, fue la respuesta desde el poder, para tratar la problemática de una juventud cuya máxima fue el "no estar ni ahí".
Es así como la retracción del espacio público y del Estado social es concomitante con la ingobernabilidad del capital transnacional y el incremento de una marginalidad neoliberal visible en el desempleo, el empleo precario, la segregación y estigmatización territorial, la informalidad y la delincuencia, susceptibles de ser reguladas por un Estado penal invasor y omnipresente. De este modo la "guerra contra las dr**as" y el consumo de dr**as ilícitas se propaga como posibilidad cierta de ejercitar la criminalización de la pobreza y la protesta social.

En marzo del 2021 CIPER lanza un reportaje llamado: Documentos policiales reservados: al menos 40 carabineros fueron investigados por nexos con narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Donde señalan entre otras cosas que:
“Informes de Asuntos Internos de Carabineros indican que investigó al menos a 40 policías por vínculos con bandas de narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Los documentos incluyen audios de llamadas de carabineros que protegían a narcos, actuaban contra sus bandas rivales y se quedaban con dinero y droga decomisada. Al menos cinco investigados continuaron activos. Las cifras corresponden sólo a ocho casos indagados en dos años en la Región Metropolitana, lo que contrasta con los casos informados por la prensa entre 2010 y 2020, los que suman 66 funcionarios investigados a nivel nacional. CIPER pidió a Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior los datos actualizados. Los dos primeros respondieron que deben pedirse por Transparencia. Desde Interior no hubo respuesta oficial.” (para mas información revisar el link de la noticia https://www.ciperchile.cl/2021/03/03/documentos-policiales-reservados-al-menos-40-carabineros-fueron-investigados-por-nexos-con-narcos-y-asaltantes-entre-2014-y-2016/)

A partir de la violencia estatal, y las transformaciones económicas y sociales ocurridas en dictadura, los efectos causados por del Estado en las poblaciones más pobres del país han facilitado la aparición del narcotráfico, el consumo de dr**as, y la inseguridad pública. Las tensiones entre las históricas prácticas de organización y solidaridad, y el mundo narco que se desarrolla en el interior de las poblaciones, de forma silenciosa, individualista, violenta, impersonal, y que transgrede a sus propios vecinos. Además, de las constantes intervenciones policiales que han privilegiado un enfoque criminalizador y persecutor, han traído consigo múltiples casos de vulneraciones a los derechos humanos de la población y derechos de la infancia.
El método para lograr este objetivo es la vigilancia extrema y el control del discurso del adicto, hacerlo creer que en él radica el problema y eximir de toda responsabilidad al sistema.

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Explotadores y explotados son categorías que dividen nuestra sociedad, la miseria estructural que la casta político-empresarial necesita para mantener su progreso no deja de producir violencia y conflicto: narcotráfico, ajuste de cuentas, sicariato y balaceras son algunas expresiones de lo que el capital utiliza para su reproducción ya que ¿acaso no es de la violencia de lo que se nutre el estado? Porque desde un comienzo solo cierta violencia es criminalizada, la de los explotados, la violencia que se expresa en poblaciones y periferias, esa violencia que asombra por su crudeza y que se expresa sin ambigüedad, la que es fácil de identificar y apuntar con el dedo, la que se lleva a cabo a plena luz del día y a la vista de todos, por jóvenes mestizos, por el moreno o inmigrante que carga el arma y la dispara, por los marginados de la opulencia capitalista con que se vive en la dehesa, en las condes, en los jardines verdes de los políticos, empresarios y generales.

Cada nuevo gobierno promete el fin de la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico, la mano dura, la metódica propaganda de infundir el miedo en base al castigo y la represión, la promesa de la aplicación severa de las leyes para entregar seguridad a los ciudadanos de bien, esa lógica que se sigue de a más encarcelados mas seguridad, y las cárceles se llenan y como hay tantos hay que tenerlos poco tiempo, pero en las cárceles se aprende y principalmente se aprende de la violencia y su uso.

La pobreza material en la que vivimos los explotados es criminalizada en sus expresiones de violencia por leyes hechas para garantizar el funcionamiento de un estado violento, es decir, el estado y sus aparatos de represión utilizan la violencia producida por la precariedad material para crear leyes, financiar policías e infundir el miedo en la población con la idea de que gracias al estado y los policías vivimos en un país más seguro.

La pobreza material en la que vivimos los explotados es criminal en sus orígenes, y es importante recordarlo porque en los orígenes podemos pensar en una solución. Más allá de las decisiones individuales sobre ser una u otra cosa en la vida, más allá de la capacidad de decisión que tenemos las personas sobre nuestro futuro, una cosa es clara, nadie quiere ser pobre porque la pobreza es indigna, más aún en un país clasista y ra***ta.

Las estructuras que perpetúan nuestras condiciones de vida dividen a la sociedad, insertan a las personas en un conflicto que las precede y que probablemente seguirá después de su muerte, el conflicto de la expectativa y la realidad, entonces el explotado vive en una población humillado envuelto en una cultura que le exige tener dinero para lograr estatus y dignidad, pero diariamente la maquinaria estatal, las instituciones y sus lacayos le recuerdan que él y su familia, sus antepasados y probablemente sus hijos son y serán simples poblacionales, el explotado entonces decide o se ve forzado (el límite siempre es difuso) a ser narcotraficante, a ser ladrón o bandido, porque ya nadie quiere ser pobre, pero sobre todo nadie quiere ser humillado.

Llega el momento de negociar, los que antes eran “enemigos” hoy son aliados, policías y ejército, instituciones corruptas se convierten en proveedores de armas, información, seguridad. Pero aun se necesita disparar, aún se necesita matar y limpiar el terreno, por suerte el joven moreno sigue merodeando en la población, el inmigrante asqueado por la pobreza y humillación que está dispuesto a todo por tener dinero y estatus sigue ahí. Y la sangre siempre corre en la población, el terror siempre abunda donde habitamos los explotados, en cambio los políticos, empresarios y generales nunca verán a un vecino mu**to a bala, a un amigo involucrarse en conflictos con pandillas, nunca sentirán el miedo real de la violencia que ellos provocan.

¿Quién es el responsable?
Hay que recordar que muchas veces el condenado no es el responsable, es decir, la ley no mira las circunstancias previas que llevaron al autor a cometer un delito, esto no quiere decir que ignore el origen de las personas, por el contrario, el origen de las personas es lo que determina su criminalidad. Los condenados, encarcelados y culpados siempre serán los explotados, pero los responsables siempre serán los explotadores, porque para los primeros cualquier herramienta que transforme las estructuras que dan forma a su realidad les está negada, en cambio los segundos son los que eligen en base a sus egoístas y grotescos intereses personales perpetuar el estado actual de cosas, el estatus quo.

Instituciones corruptas como las policías y ejército con desfalcos millonarios, que negocian con el estado y con traficantes, son los mediadores en la circulación de armas, dr**as e información, son los ejecutores de la violencia más injusta, son los que golpean a vendedores ambulantes, pero escoltan funerales narcos, son los que violan y matan a mujeres en los retenes, pero se arrodillan ante un presidente corrupto. Es esa violencia la que causa rabia e indignación, la que perpetúa las condiciones precarias de existencia en las poblaciones y periferias, es gracias a militares y policías que resguardan los intereses de los explotadores que muere gente baleada en plena luz del día en la ciudad, frente a niños y niñas que ya empiezan a contaminarse con la impotencia y el miedo que el estado y el capital promueven como virus mortal, ese virus que solo mata a los explotados de este sistema.

La solución no consiste en mayor represión, mayor encarcelamiento o entregar más recursos a policías corruptos, eso solo reproducirá el miedo y el poder del estado. La solución consiste en la movilización de la masa contra los verdaderos responsables, el control territorial y la organización en las poblaciones, el enfoque en las nuevas generaciones y la ocupación en sus intereses, es fundamental generan alternativas, pero por sobre todo identificar y atacar a los responsables, que no son más que otros que los políticos, empresarios y policías amparados bajo la corrupción de la máquina de producir y consumir violencia, el estado.

El poder que ellos tienen es el que nosotros les damos...

27/04/2021

«El psicópata de la escopeta ronda las casas pobres, e irónicamente, ap***s habla, cuando cuida los jardines de los señores.
Ha perdido toda vergüenza, todo pudor. No se siente mal en su condición de carnicero de obreros, ejecutante de estudiantes, verdugo de viejos, mutilador de muchachas».
Fracasos sociales que son cobardes frente a quienes pueden defenderse.
Letra y voz : Andres Bianque Squadracci
Tema : F**k the police
Dr. Funkstein & Mr. Watkins

17/04/2021

Hoy todo el día cadenazo radial por lxs presxs!!! No te lo pierdas

04/04/2021

El encierro mundial oculta bajo sus techos la violencia patriarcal, basta de silencio!!

Más de 17.000 mujeres dejaron de denunciar las agresiones que sufrieron a manos de sus parejas durante el 2020. Es el retrato que queda de un año marcado tanto por el

29/03/2021

Día de lxs Jóvenes Combatientes: Mauricio Armando Maigret Becerra PRESENTE!

“MAURICIO ARMANDO MAIGRET BECERRA, 18 años, estudiante secundario, militante del MIR, caído en combate, el día 29 de marzo de 1984, en el levantamiento local de Pudahuel y ataque a la Subcomisaría Teniente Merino. Mauro cayó abatido mientras hacía contención cubriendo la retirada de su jefe y compañeros. Su cuerpo presentaba dos impactos de balas, una de un fusil SIG y otra de una sub ametralladora U*I, su menudo y juvenil cuerpo quedó tendido en el Pasaje Nassau cubierto con la bandera Roja y Negra, con las 3 letras cada vez más brillantes.”

Memoria del MIR sobre Mauricio. Año desconocido.

Carta de Mauricio Maigret Becerra fechada en Stgo. 28 – 12 – 1983 publicada en el Boletín N* 1 de la Comisión Anti Represiva C.A.R de Pudahuel:

«Cuando yo era más chico y veía a algunos viejos y cabros chicos escarbando la basura para encontrar algo que comer, cuando veía a niñas de mi edad que partían al centro a prostituirse por unos pesos, al ver tanto cesante, tanto niño desnutrido, al mirar la tele y ver niños rubiecitos viviendo en un mundo maravilloso al otro lado de Santiago, yo sentía mucha rabia y pena, sólo veía lo que me rodeaba pero no sabía por qué pasaba (y por supuesto sigue pasando en este país) toda esa miseria y desesperación. Pensé que con la limosna y la caridad se podría solucionar algo, pero luego me di cuenta que es un camino falso que sólo sirve a los que tienen el poder. Vi que todo lo que ocurre en este país es motivado por el interés que tiene un grupo muy chico de personas de estrujar al máximo al pueblo para sacar toda la plata posible, que este grupo de financistas y banqueros se apoyan en la violencia y el terror institucionalizado para seguir chupándonos la sangre.

Cuando por primera vez fui a una marcha vi aterrorizado como los pacos se lanzaban salvaje y cruelmente contra mujeres y jóvenes, con rabia en los ojos nos pateaban, por pedir un poco de justicia el gobierno mandaba a sus perros a masacrarnos. Vi y sentí el miedo, nadie se defendía, todos corrían, parecíamos ratones, esos bestias se sentían muy valientes y hacían lo que querían con nosotros. Ha sido un camino largo el superar el terror, pero ya no es como antes, ahora sabemos que podemos luchar hasta la muerte y los que hemos tenido la oportunidad de pelear contra la represión en igualdad de condiciones hemos comprobado lo cobarde y arrastrados que son los mercenarios de la dictadura.

Solo, nada podía hacer y vi que había que organizarse, entré a un comité juvenil, donde se hacía todo lo posible para denunciar la miseria , crear conciencia en más gente, agitar la lucha popular. Pero lo que hacíamos era poco y nuestros esfuerzos no muy grandes, sabíamos que podíamos y teníamos que dar y hacer más, por eso cuando un compañero me propuso incorporarme a la Resistencia no tuve dudas y acepté con mucha alegría. Han pasado dos años de trabajo y esfuerzo en la lucha contra estos asesinos, no ha sido fácil y permanentemente dentro de cada uno de nosotros se ha librado una lucha contra el individualismo, el egoísmo, la cobardía y todos los otros valores y lacras que el sistema deja en nosotros, con mucho sacrificio hemos podido transformar algunos aspectos de nuestro ser para ser personas más integras dentro de lo que es posible en un sistema tan asqueroso como este.

Ahora que ya tengo 17 años me siento orgulloso de haber recorrido todo este camino, ha sido muy difícil, he retrocedido muchas veces, he dudado de lo que pienso, he vacilado y he sentido miedo, pero sobre todo esto ha primado la conciencia de que este sistema brutal y sanguinario, de que lo único que realmente vale en la vida es luchar por un orden más justo y que cualquiera otra alternativa que uno elija que esté dentro del sistema lo convierte en cómplice de la miseria y el terror.

Otra verdad que he asumido es que la lucha del pueblo es una guerra a muerte contra la dominación capitalista, y es a muerte no porque nos guste la violencia ni porque seamos despiadados terroristas como dicen en la dictadura, sino porque la brutalidad del sistema no nos deja otra salida, es decir ellos ya nos declararon la guerra y solo nos queda responder a la violencia opresora y explotadora con la legitima violencia que ocupa el pueblo para liberarse. Los revolucionarios y especialmente nosotros más jóvenes valoramos infinitamente la vida, amamos a nuestro pueblo y luchamos por un futuro mejor para nuestros hermanos y nosotros mismos. Por ese amor es que estamos dispuestos ha entregar lo mejor de nuestras vidas a la causa , por eso no tememos a morir en el combate, por eso empuñamos las armas y disparamos a los verdugos del pueblo, siempre evitamos la violencia innecesaria y sólo matamos porque el enemigo no nos deja otra alternativa. La sangre de hoy derramada por este pueblo es la paz y la felicidad del futuro, por eso estamos aquí, por eso superamos nuestro egoísmo y nuestro miedo, por eso combatimos y por eso nuestro pueblo marcha a la victoria. ¿Qué esperas para unirte la guerra popular contra la dictadura? En la resistencia popular hay un lugar que debes ocupar.

Un resistente y miliciano de este pueblo.»

29/03/2021

Día de lxs Jóvenes Combatientes: El as*****to de Paulina Aguirre por agentes de la CNI.

Por Patricia Bravo, publicado originalmente en Revista Punto Final nº 562. 5-18 de marzo de 2004, Santiago de Chile.

La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los as*****tos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño. Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.

Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002.

Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.

MILITANTE PRECOZ
Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:

Cuando el dolor, la sangre, el odio y la muerte son necesarios, miles de manos se tienden para tomar las armas.

Acuérdense ustedes de mí Siempre.

La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al as*****to.

UNA GRIETA EN EL MURO
A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado mu**ta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.

La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

EN BUSCA DE LA VERDAD
Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había mu**to en un enfrentamiento. Eso fue todo.

Al comienzo de la década del 90, sus familiares declararon ante la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia. Luego de investigar, la comisión expresó en el Informe Rettig su convicción de que “Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte”. El 2001, Luis Aguirre Smith, residente en Francia, presentó una querella ante el juez Juan Guzmán por intermedio del abogado de derechos humanos Francisco Bravo contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita genocídica cometidos contra su hija.

Durante el proceso en la justicia militar, Salas Wenzel había dado el nombre de dos personas -“Jaime Aravena Parada” e “Iván Stuar Briceño”- que habrían participado en el operativo. Como es de suponer, eran “chapas”, lo que se demostró en ese mismo proceso.

Posteriormente, en el 2001, el actual comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien entonces tenía el cargo de jefe del estado mayor general del ejército, se negó a entregar al ministro de fuero Juan Guzmán la nómina de militares que cumplían funciones en la CNI en 1985, diligencia que había solicitado la parte querellante. Sólo argumentó que esa información es “un antecedente secreto conforme lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar”. Esa fue toda la “colaboración” que prestó el ejército para aclarar el crimen, lo que desmiente el discurso reconciliatorio y pro derechos humanos del general Cheyre. Con los escasos antecedentes disponibles, el ministro de fuero Juan Guzmán despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía de Investigaciones, que cumplió una labor decisiva en la pesquisa.

Estableció que dentro de la CNI el aparato encargado de la represión contra el MIR era la denominada Brigada Azul, y que el as*****to de Paulina Aguirre tenía las mismas características de otros cometidos antes y después de su muerte, los que también se presentaron como “enfrentamientos”. Un precedente inmediato era el homicidio de Fernando Vergara Vargas, abatido en la calle el 15 de diciembre de 1984 cuando regresaba a su casa. Los falsos enfrentamientos fueron la forma que adquirió en los años 80 la política de exterminio contra quienes estaban en la lucha antidictatorial. Hay testigos que escucharon en 1986 a Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, diciéndole a Alvaro Corbalán que “ya no quiero más detenidos”.

El Departamento V de Investigaciones logró identificar a un número importante de agentes de la Brigada Azul y, con la orientación de la parte querellante, solicitó información judicial a otros jueces que investigaban delitos cometidos por la CNI en esos años. La primera luz para dar con los autores la proporcionó una agente de esa brigada de la CNI, Ema Verónica Ceballos Núñez, perteneciente a la Armada, quien declaró que el operativo en El Arrayán, en el que ella dijo no haber participado, fue comentado en la Brigada Azul por un sujeto denominado “El Paco Aravena”, quien tenía la particularidad de estar estudiando Leyes. Este hombre, según Ema Ceballos, se jactaba de haber dado muerte a Paulina Aguirre, lo que a ella le molestó mucho, porque consideraba un acto de cobardía haber matado a una muchacha tan joven y sin defensa. Esos datos fueron determinantes. A su vez, otros agentes de la CNI fueron entregando nuevos antecedentes. Uno de ellos admitió que fue un montaje, que la joven estaba siendo seguida hacía aproximadamente un mes. Luego, Ema reconoció al “Paco Aravena” en una serie de fotos que le mostró el ministro a cargo de la investigación. Fue identificado como Miguel Angel Soto Duarte. Es decir, el pacto de silencio se comenzaba a romper, lo que permitió ir precisando la identidad de quienes participaron en el operativo y a quienes correspondían las chapas entregadas por Salas Wenzel.

En octubre del 2003, cuando se distribuyeron procesos para descongestionar el trabajo del juez Guzmán, el caso pasó a manos del ministro de fuero Jorge Zepeda, quien continuó trabajando, ahora con el equipo de inteligencia de Investigaciones, y tomó declaraciones a aproximadamente veinte ex agentes de la CNI. En definitiva, llegó a la conclusión que Paulina Aguirre había sido objeto de un seguimiento coordinado por radio durante todo el trayecto hasta la parcela. Eso coincide con otras informaciones. El hermano de la joven, Luis Aguirre Tobar, y una prima, Ana Andrade, observaron un furgón Suzuki de color blanco que circulaba en torno a la casa de la abuela, donde ella había buscado refugio en los días previos al as*****to. Lo más sencillo fue desbaratar el montaje del “enfrentamiento”. La CNI repitió errores cometidos en otros casos similares, como poner el arma en la mano izquierda de la muchacha -que no era zurda-, usar una pi***la con la cual no se había disparado y ausencia de restos de pólvora en la mano de la joven. “No se preocuparon de esos detalles, que son fundamentales, porque evidentemente pensaron que esto jamás sería investigado”, señala el abogado querellante Francisco Bravo.

La investigación judicial no confirma ni desmiente el hallazgo de armamento en la vivienda de la militante del MIR, porque se orientó exclusivamente a aclarar el homicidio. “Aparentemente, había barretines -dice el abogado querellante-, pero Paulina lo habría ignorado”. Qué es lo que realmente había es algo difícil de comprobar, porque la CNI aisló la cabaña mientras la registraba y después informó de una larga lista de municiones, armas y explosivos encontrados en su interior. En la actualidad, varios de los acusados se encuentran en libertad provisional. Krantz Bauer quedó libre bajo fianza a pocos días de haber sido detenido. Lo mismo ocurrió con Miguel Soto Duarte, autor de los disparos mortales. A Jorge Andrade le concedieron la libertad, pero casi de inmediato fue revocada por un dictamen de la Octava Sala de la Corte Suprema por considerarlo “un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la forma y circunstancias del delito investigado”. Sin embargo, insistió y finalmente obtuvo la libertad provisional. Pero estos serán los últimos días en que los asesinos de Paulina Aguirre gozarán de ese beneficio al que con tanta facilidad acceden los violadores de derechos humanos. El ministro Jorge Zepeda Arancibia tiene la palabra.

De criminales y cómplices
Para el abogado querellante Francisco Bravo López, la investigación del as*****to de Paulina Aguirre llegó a buen término debido a la diligencia del Departamento V de Investigaciones y a la efectiva actuación de los ministros de fuero Juan Guzmán y Jorge Zepeda. Y, desde luego, gracias a la colaboración de algunos ex agentes de la CNI.

Al respecto, distingue dos actitudes en los violadores de derechos humanos. “Alvaro Corbalán es de los que no demuestran ningún grado de arrepentimiento, va a morir en la suya, sin reconocer nunca que lo que hizo estuvo mal -dice el abogado-. Es la mentalidad del fanático, que se enceguece y cree que mató por la patria, y que si la historia se repite lo haría igual o peor. Esa es la lógica de los Krasnoff, los Moren Brito y los Manuel Contreras, de los represores más crueles que hubo en Chile. Esto difiere de la actitud de otros que han colaborado con la justicia, que generalmente son de rango inferior y quienes, en muchos casos, fueron ejecutores materiales de los crímenes. No creo que colaboren sólo por conveniencia -rebaja de p***s u otras-, sino porque tienen una carga en la conciencia que les está pesando demasiado y que se manifiesta especialmente cuando envejecen y empiezan a pensar en la muerte”.

¿Por qué cree que decidieron matar a Paulina Aguirre? “Simplemente porque era militante del MIR. También hay distintas tesis extrajudiciales sobre las motivaciones de Alvaro Corbalán para ejecutar as*****tos, operativos o montajes, más allá de la política de Estado de la época para reprimir a ciertos sectores políticos del país. Habría motivaciones pecuniarias -el robo de las posesiones de las víctimas, como ‘botín de guerra’- y también de prestigio. La mayor parte de los supuestos enfrentamientos se producía en épocas de evaluación del personal de la CNI. Corbalán tenía -y tiene- muchos enemigos en el interior del ejército por su personalidad arrogante, porque se jactaba de tener contacto directo con las autoridades de más alto rango, por manejar muchísima información. Así, actuar en este tipo de hechos le hacía merecedor de buenas calificaciones, porque se le veía como un hombre efectivo en la lucha antisubversiva”.

¿Se siente satisfecho con los resultados de este proceso? “Sí, el as*****to está aclarado. Pero me quedé con una espina clavada. En mi opinión, la justicia también debería orientar sus indagaciones hacia las fiscalías militares, como ocurrió en los casos de Tucapel Jiménez y Berríos, porque formaron parte de un aparato organizado de poder que cooperó en estos crímenes. Es decir, hubo complicidad de fiscales y jueces militares, lo que implica colaboración en el delito que se cometía. En la Operación Albania, el gran argumento de la defensa fue que habían actuado porque existía una orden de investigar, y efectivamente hubo un decreto judicial que emanó de un tribunal militar mediante el cual se le dio manga ancha a los agentes de la CNI para hacer y deshacer. De esa manera, bajo un manto de aparente formalidad o legalidad se cometieron crímenes espantosos. Como se ve en el caso de Paulina Aguirre, la justicia militar no sólo no hizo su trabajo, sino que se ocupó de blanquear crímenes. En general, creo que en los casos de violaciones de derechos humanos hay que seguir indagando esa veta”.

Retrato sicológico de un asesino
A solicitud del ministro de fuero Jorge Zepeda, se les practicaron exámenes de facultades mentales a los acusados. Es patético el informe del Servicio de Psicología del Hospital de Carabineros, donde Miguel Angel Soto Duarte se atendía desde marzo del 2003 por “trastorno limítrofe de personalidad y depresión mayor”. Dice, entre otras cosas, que “el paciente presenta evidentes signos de alteraciones de carácter, ideación suicida, descontrol de impulsos, trastornos en el curso formal del pensamiento y síntomas productivos ocasionales”.

Otro informe emitido por el Instituto de Medicina Legal concluye que Soto Duarte presenta “una personalidad con rasgos anómalos de tipo mixto y que en el momento de ocurrir los hechos que se investigan no padecía de alteraciones psicopatológicas que pudieran modificar su imputabilidad”. En 1986, Miguel Angel Soto comenzó a consultar a un psiquiatra por estados angustiosos. “Describe las molestias que lo hicieron consultar como nerviosidad, inquietud cuando va por la calle ‘como que están pendientes de mí, que me quieren matar’, insomnio de conciliación y al no poderse dormir ‘me da vueltas este caso’, presiente como una sombra a su lado o le parece escuchar la voz de un niño o de una mujer estando dormido”.

Cuando recuerda la muerte de Paulina Aguirre, dice: “Llega una persona, se produce una serie de disparos, no había mucha luz, órdenes van y vienen… Yo participé en el enfrentamiento, yo disparé también… pero no porque yo quisiera, sentí miedo, que me pudieran matar. Era un operativo extraño, con mucha gente encubierta detrás de mí… que me podía matar. Me llevaba mal con los amigos. Había escuchado que me iban a matar en algún enfrentamiento. Disparé para que no me mataran… Ahora lo único que quiero es estar tranquilo. Que la justicia me castigue luego. Que esto termine. Yo elegiría la pena de muerte”.