21/08/2026
COMUNICADO – Reflexión frente a la propuesta de modificación constitucional sobre el Estado de Excepción
¿Seguridad para el pueblo o una amenaza para las libertades que sostienen la democracia?
Como comunidades, organizaciones sociales, pueblos originarios, trabajadores, pescadores artesanales y ciudadanos que creemos en la democracia, no podemos permanecer indiferentes frente a la propuesta de modificación constitucional impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de estados de excepción.
La seguridad de las personas es una necesidad real y nadie puede desconocer el derecho de las familias a vivir sin miedo frente al crimen organizado y la violencia. Pero precisamente porque la seguridad es importante, debemos preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad para conseguirla y quién controlará el poder que se pretende entregar al Estado.
La propuesta contempla un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública, con facultades que podrían restringir libertades fundamentales, entre ellas la libertad personal, de reunión y de comunicación. También se ha planteado una duración que puede llegar hasta 240 días, es decir, ocho meses.
Y aquí aparece nuestra principal preocupación:
Un Estado democrático no solamente debe protegernos del delito. También debe protegernos del abuso del poder.
Porque cuando se amplían las facultades excepcionales del Estado, debemos preguntarnos cuáles serán los límites, quién fiscalizará su utilización, qué garantías tendrán las personas afectadas y qué mecanismos existirán para evitar que herramientas creadas para combatir el crimen terminen afectando a personas, organizaciones o comunidades que simplemente ejercen sus derechos políticos, sociales y culturales.
El derecho a reunirse también es democracia
Una comunidad que se reúne para conversar, organizarse, discutir una reforma legal, defender su territorio, proteger el agua, el mar o sus actividades productivas no está cometiendo un delito.
Una organización que se reúne para expresar su desacuerdo con una política pública no debe ser considerada una amenaza simplemente porque incomoda al poder.
Y un ciudadano que piensa distinto al Gobierno no puede transformarse, por ese solo hecho, en un enemigo del Estado.
El problema no es solamente lo que una norma dice expresamente. También debemos mirar cómo podría utilizarse en el futuro.
Porque una facultad excepcional que hoy se presenta como una herramienta contra organizaciones criminales podría generar preocupación si sus límites son demasiado amplios o si se utiliza para perseguir, vigilar o desarticular organizaciones sociales legítimas.
Por eso resulta particularmente delicado cualquier mecanismo que permita intervenir comunicaciones o restringir reuniones. Las medidas de interceptación de comunicaciones, por su propia naturaleza, requieren controles estrictos y estándares de proporcionalidad; el propio debate legislativo chileno ha advertido sobre el carácter intrusivo de estas herramientas.
¿Y qué ocurre con el pueblo Mapuche?
Esta discusión adquiere una dimensión todavía mayor en Wallmapu.
Las comunidades mapuche llevan adelante procesos de organización y defensa territorial que involucran tierras, aguas, bosques, recursos naturales y también los espacios costeros y marinos.
Existen comunidades, pescadores artesanales y organizaciones territoriales que buscan construir formas de gobernanza donde puedan participar distintos actores y donde las decisiones respecto del territorio y sus recursos no sean tomadas exclusivamente desde las oficinas del poder central.
Ese proceso requiere reunión, organización, conversación, coordinación y participación comunitaria.
Por eso debemos preguntarnos:
¿Qué ocurrirá con esas organizaciones si reunirse comienza a ser visto como una amenaza para la seguridad pública?
¿Qué sucederá con las comunidades que necesiten coordinarse para defender sus espacios costeros?
¿Qué ocurrirá con los pescadores artesanales que quieran organizarse frente a una determinada política pública?
¿Qué garantías tendrán las organizaciones mapuche que cuestionen proyectos, leyes o decisiones administrativas que consideren perjudiciales para sus territorios?
La preocupación no es que toda organización mapuche vaya a ser considerada terrorista —eso sería una afirmación que no corresponde hacer—, sino que un marco excepcional demasiado amplio podría aumentar el riesgo de que la protesta social, la organización territorial y la defensa de derechos sean confundidas con amenazas a la seguridad.
Y esa diferencia debe quedar absolutamente protegida.
No queremos un país donde disentir sea sospechoso
Chile necesita seguridad, pero también necesita democracia.
Necesita combatir al crimen organizado, pero no puede hacerlo debilitando indiscriminadamente las herramientas que tiene la ciudadanía para organizarse, expresarse y fiscalizar al poder.
Porque la democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años.
Democracia también es poder reunirse.
Democracia es poder protestar.
Democracia es poder organizarse.
Democracia es poder defender el territorio.
Democracia es poder cuestionar una ley.
Democracia es poder decirle al Gobierno que estamos en desacuerdo.
Y especialmente importante: democracia es que quien gobierna hoy sepa que mañana también tendrá que responder ante una ciudadanía que tiene derecho a fiscalizarlo.
Una reforma de esta magnitud debe discutirse con el pueblo
No podemos aceptar que el argumento de la seguridad cierre el debate democrático.
La seguridad debe ser enfrentada con inteligencia, recursos, investigación criminal, persecución del crimen organizado y fortalecimiento de las instituciones. Pero las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales, focalizadas, fiscalizadas y sujetas a controles democráticos efectivos.
No se trata de defender delincuentes.
Se trata de defender los límites del poder del Estado.
Porque esos límites existen precisamente para proteger a todos: al trabajador, al pescador, a la comunidad mapuche, al dirigente social, al empresario, al estudiante, al campesino y también a quien piensa políticamente distinto del Gobierno de turno.
Un llamado a la organización
Frente a este escenario, hacemos un llamado a las comunidades, organizaciones territoriales, pescadores artesanales, trabajadores, pueblos originarios y organizaciones sociales a informarse, conversar y organizarse democráticamente.
No debemos permitir que el miedo determine nuestro futuro.
Debemos defender nuestros espacios de participación y exigir que cualquier modificación constitucional respete plenamente los derechos fundamentales y establezca controles claros frente al ejercicio del poder excepcional.
Porque defender la libertad de reunión no significa defender la violencia.
Defender la libertad de expresión no significa defender el crimen.
Defender el territorio no significa ser enemigo del Estado.
Y pensar diferente al Gobierno no puede convertirse en una razón para ser perseguido.
Hoy más que nunca debemos recordar que un Estado fuerte no es aquel que tiene poder ilimitado sobre sus ciudadanos; es aquel que tiene la capacidad de garantizar seguridad sin dejar de respetar la dignidad, las libertades y los derechos de quienes piensa distinto.
