06/09/2026
*FUERZA PÚBLICA GOLPEA A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY*
Desde finales de agosto, Colombia vive una intensificación de las operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales. Guaviare y La Guajira han concentrado buena parte de la atención nacional, no solamente por la magnitud de los operativos, sino por el debate que han generado alrededor de la seguridad, el control territorial, el reclutamiento de menores y los límites que debe observar el Estado en medio de la confrontación.
El 27 de agosto se desarrolló en El Retorno, Guaviare, la Operación Amón, contra una estructura asociada a alias Calarcá. Allí murieron diez personas y posteriormente se confirmó que tres eran menores de edad. Este episodio abrió interrogantes políticos y jurídicos que continúan vigentes.
Tres días después comenzó la Operación Azarías, en Miraflores, Guaviare, dirigida contra el Frente Carolina Ramírez, estructura vinculada a las disidencias de Iván Mordisco. Además de las bajas, capturas y abundante material de guerra incautado, Medicina Legal confirmó posteriormente que entre los cuerpos identificados había dos menores de edad. Otro menor fue recuperado con vida y quedó bajo protección del ICBF.
La ofensiva tuvo un escenario diferente en Riohacha, La Guajira. La Operación Centinela de la Patria, realizada por unidades especializadas de la Policía, terminó con la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, junto con otras tres personas de su círculo cercano.
¿COLOMBIA DIVIDIDA?
Estos acontecimientos han generado dos lecturas.
Desde el Gobierno se defiende la utilización de la capacidad operacional del Estado contra organizaciones responsables de narcotráfico, extorsión, homicidios, amenazas y reclutamiento. El Ministerio de Defensa sostiene, además, que las operaciones aéreas han cumplido los estándares legales y que quienes desempeñan una función continua de combate pueden convertirse en objetivos militares.
Desde sectores de oposición, el cuestionamiento se concentra especialmente en qué información de inteligencia conocía la Fuerza Pública antes de ordenar los bombardeos, qué precauciones se adoptaron ante la eventual presencia de menores y qué alternativas operacionales fueron consideradas. Esos interrogantes sustentan la moción de censura presentada contra el ministro de Defensa por la Operación Amón.
La controversia llegó igualmente a la justicia. Una jueza de familia de Bogotá dispuso provisionalmente que no se realicen bombardeos cuando exista información cierta u objetivamente verificable sobre menores reclutados en los objetivos y ordenó evaluar alternativas menos lesivas mientras se adopta una decisión de fondo.
RECLUTAMIENTO: UNA REALIDAD QUE NO PODEMOS IGNORAR
Hay, sin embargo, un componente que trasciende la discusión entre Gobierno y oposición.
En el trabajo que hemos venido realizando y en testimonios recogidos especialmente en municipios y zonas apartadas aparece reiteradamente una realidad preocupante: niños y jóvenes son buscados por organizaciones ilegales desde edades muy tempranas. Algunos son sometidos mediante amenazas o presión; otros son engañados con falsas ofertas de empleo, dinero o una supuesta posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, para finalmente terminar incorporados a estructuras armadas.
Cuando esos jóvenes aparecen posteriormente en un campamento o en medio de una operación militar, el problema comenzó mucho antes del bombardeo. Comenzó cuando una organización ilegal pudo llegar primero que el Estado a una familia, una vereda o un municipio.
NUESTRA LECTURA
Desde el Movimiento LIBERALES DE BASE – Nelson Pereira consideramos que el país no debe caer en la falsa disyuntiva entre permitir que los grupos ilegales consoliden territorios o renunciar a proteger a la población en medio de las operaciones. La Fuerza Pública tiene la responsabilidad de combatir el narcotráfico, la extorsión, el homicidio, el secuestro y las estructuras que desafían al Estado; pero recuperar territorio significa mucho más que producir bajas o capturas. Significa permanecer después de la operación con justicia, educación, empleo, inversión social, protección a las comunidades e inteligencia suficiente para anticiparse al reclutamiento. Nos preocupa especialmente que organizaciones ilegales encuentren en la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades terreno fértil para engañar o llevarse por la fuerza a nuestros jóvenes. El verdadero resultado será que el Estado llegue primero, permanezca en esos territorios y evite que quienes hoy son niños terminen mañana formando parte de las estadísticas de una confrontación armada.
Las operaciones Amón, Azarías y Centinela de la Patria dejan entonces algo más que balances militares: vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia lleva décadas sin resolver completamente:
¿Quién ejerce realmente la autoridad y protege a la población en los territorios más apartados del país?
¡Trabajando Duro Estamos Con La Gente!
