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rabajamos para fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y aportar a la comprensión de los grandes retos que enfrenta Colombia en un mundo en constante transformación.

Desde este 1 de septiembre comenzó a regir el programa transitorio de ahorro de energía establecido por la Comisión de R...
03/09/2026

Desde este 1 de septiembre comenzó a regir el programa transitorio de ahorro de energía establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ante el riesgo de un fuerte fenómeno de El Niño y la presión que podría generar sobre el sistema eléctrico.

La medida tendrá una duración inicial de seis meses y establece un esquema que busca premiar a quienes reduzcan su consumo y cobrar un valor adicional a quienes superen determinados niveles de referencia.

La meta individual de consumo se calcula con base en el historial de los últimos 12 meses de cada usuario. Quienes consuman más del 110 % de esa meta deberán pagar un cobro adicional, pero únicamente sobre los kilovatios hora que excedan ese límite, no sobre el valor total de la factura.

En cambio, quienes logren reducir su consumo por debajo del 90 % de su meta podrán recibir un beneficio económico reflejado posteriormente en su factura. Los recursos para estos incentivos provendrán de los cobros aplicados a los usuarios que superen los límites establecidos.

Durante el primer ciclo de facturación, el esquema tendrá carácter pedagógico, por lo que los usuarios podrán conocer cómo funciona antes de que se aplique efectivamente el cobro adicional.

La estrategia está contemplada en la regulación expedida por la CREG y busca reducir el consumo de electricidad durante los próximos meses, especialmente ante los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

La ministra de Educación, Viviane Morales, presentó su renuncia al cargo y dejará oficialmente el Ministerio el próximo ...
03/09/2026

La ministra de Educación, Viviane Morales, presentó su renuncia al cargo y dejará oficialmente el Ministerio el próximo 7 de septiembre. El presidente Abelardo De La Espriella aceptó su salida y designó a Ilva Myriam Hoyos como su reemplazo. Morales argumentó motivos familiares para apartarse del Gobierno.

Su corto paso por la cartera estuvo acompañado de varias controversias. Una de las principales surgió por un proyecto de decreto que contemplaba una mayor participación de entidades privadas y organizaciones religiosas en la administración de colegios públicos. La propuesta generó críticas de sectores educativos que advirtieron sobre un posible riesgo de privatización y una mayor influencia religiosa en la educación pública.

Morales defendió el proyecto y aseguró que la iniciativa no implicaba privatizar los colegios oficiales, sino buscar alternativas para fortalecer su administración y funcionamiento.

La exministra también fue cuestionada por sus posiciones religiosas y conservadoras, especialmente frente a temas como educación sexual, familia y derechos de las parejas del mismo s**o, asuntos que han marcado parte de su trayectoria política y que volvieron a generar debate tras su llegada al Gobierno.

Otro episodio polémico estuvo relacionado con la Universidad Nacional. Antes de asumir el Ministerio, Morales solicitó suspender la elección de un representante del Consejo Nacional de Educación Superior ante el Consejo Superior Universitario, argumentando presuntas irregularidades en la conformación de la terna. Posteriormente, el Gobierno saliente defendió la legalidad del proceso.

Ahora, Ilva Myriam Hoyos asumirá el Ministerio de Educación y tendrá el reto de darle continuidad a la política educativa del Gobierno, en medio de los debates que dejaron las primeras semanas de la administración.

Los cuestionamientos mencionados corresponden a las posiciones expresadas por distintos sectores frente a las actuaciones y posturas de la exministra.

Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y las Circunscripciones de Paz radicaron una proposició...
03/09/2026

Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y las Circunscripciones de Paz radicaron una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tras la muerte de tres menores de edad durante una operación militar contra las disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare.

La operación, realizada el 27 de agosto contra estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá’, dejó diez personas fallecidas. Entre ellas fueron identificados tres adolescentes de 15 y 16 años que, según la información conocida, habrían sido víctimas de reclutamiento por parte del grupo armado ilegal.

La proposición plantea cuatro cargos y busca que la Cámara examine las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa, incluyendo la planeación, dirección y supervisión de la operación, así como la información que tenían las autoridades sobre la posible presencia de menores antes del bombardeo. La radicación de la moción no significa que exista una responsabilidad establecida, sino que abre un procedimiento de control político en el Congreso.

La iniciativa también generó reacciones desde otros sectores. La excongresista Katherine Miranda cuestionó la moción y recordó que durante el gobierno de Gustavo Petro también se registraron operaciones militares en las que murieron menores de edad, calificando de “cínicos” a quienes hoy impulsan el debate contra el ministro.

Ahora será la Cámara de Representantes la encargada de definir el trámite de la proposición conforme al procedimiento constitucional y legal vigente.

OpiniónLas imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre los cuerpos de personas muertas durante una ...
03/09/2026

Opinión
Las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre los cuerpos de personas muertas durante una operación militar desataron críticas por la manera en que el Gobierno estaría utilizando la escena para comunicar sus resultados en materia de seguridad.

Sectores críticos cuestionaron que los cadáveres sean mostrados públicamente como parte de una narrativa de triunfo militar y advirtieron sobre el riesgo de convertir las operaciones de la Fuerza Pública en una demostración política alrededor de la figura presidencial.

La crítica sostiene que las acciones de las Fuerzas Militares deben estar orientadas a proteger a la población y cumplir objetivos de seguridad, pero que sus resultados no deberían transformarse en una herramienta de exaltación personal del mandatario ni en una forma de medir el éxito de un Gobierno por el número de mu***os que pueda exhibir.

El cuestionamiento también recuerda episodios de la historia reciente de Colombia en los que integrantes de la Fuerza Pública fueron señalados por presentar como bajas legítimas a personas que posteriormente fueron identificadas como civiles, en referencia a los llamados “falsos positivos”.

Para los críticos, utilizar imágenes de cuerpos sin vida como símbolo de victoria puede profundizar una lógica de confrontación y deshumanizar a las víctimas, independientemente de su presunta pertenencia a organizaciones armadas.

El debate vuelve a poner sobre la mesa los límites de la comunicación presidencial en operaciones militares y la responsabilidad del Estado al informar sobre resultados de seguridad, especialmente cuando las imágenes involucran personas fallecidas.

Los señalamientos y valoraciones corresponden a sectores críticos del Gobierno y no constituyen por sí mismos una conclusión sobre la legalidad de la operación.

La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que permanecían suspendidas contra integrantes de grupos ar...
03/09/2026

La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que permanecían suspendidas contra integrantes de grupos armados que habían sido designados como gestores de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de los procesos de diálogo de la denominada política de “paz total”.

La decisión se conoce después de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocara mediante resoluciones la designación de varios representantes vinculados a estructuras armadas como el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Entre las personas cobijadas por esta medida aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; y José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, quienes habían recibido la designación de gestores de paz durante el anterior Gobierno.

Con la reactivación de las órdenes, las autoridades podrán retomar las actuaciones judiciales correspondientes frente a quienes tengan órdenes de captura vigentes, marcando un cambio en el tratamiento institucional dado a integrantes de organizaciones armadas que habían sido incorporados a los mecanismos de diálogo.

La decisión representa un nuevo giro en la política de seguridad y paz del Gobierno de De La Espriella, que ha optado por desmontar algunas de las condiciones jurídicas que permitieron suspender temporalmente las acciones judiciales contra estos actores.

⚠️ Publicación de carácter informativo.

Desde este martes 1 de septiembre de 2026, Nequi comenzó a operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamient...
03/09/2026

Desde este martes 1 de septiembre de 2026, Nequi comenzó a operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, dejando atrás su condición de unidad de negocio de Bancolombia y pasando a contar con estructura y licencia propias dentro del Grupo Cibest.

El cambio marca una nueva etapa para una plataforma que hace una década comenzó con cerca de 32.000 clientes y que actualmente alcanza aproximadamente 29 millones de usuarios, convirtiéndose en uno de los servicios financieros digitales de mayor alcance en Colombia.

Para los usuarios, la transformación será principalmente jurídica y de gobierno corporativo. Según Andrés Vásquez, CEO de Nequi, las operaciones cotidianas no tendrán cambios significativos.

Transferencias, pagos, recargas y retiros continuarán funcionando de manera similar. También se mantendrán los acuerdos con canales de Bancolombia y la interoperabilidad con otras entidades financieras.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, las condiciones actuales y la gratuidad de los servicios que actualmente no tienen costo también se mantendrán con la entrada en operación de la nueva entidad.

Así, Nequi adquiere mayor autonomía como compañía financiera, pero sus millones de usuarios podrán continuar utilizando la aplicación y realizando sus operaciones habituales sin una transformación significativa en su experiencia diaria.

📌 Publicación de carácter informativo. Las condiciones, tarifas y servicios financieros están sujetos a las disposiciones y comunicaciones oficiales de la entidad.

El gobierno de Javier Milei impulsó una reforma que pretendía eliminar las restricciones que impiden cambiar de uso los ...
03/09/2026

El gobierno de Javier Milei impulsó una reforma que pretendía eliminar las restricciones que impiden cambiar de uso los terrenos afectados por incendios forestales, una propuesta que generó una fuerte reacción de organizaciones ambientales, movimientos sociales y sectores de la oposición argentina.

La iniciativa estaba incluida en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y buscaba derogar los periodos de protección establecidos por la Ley de Manejo del Fuego. Actualmente, los terrenos afectados por incendios tienen restricciones de hasta 60 años para determinados ecosistemas, mientras que en otras zonas naturales los plazos llegan a 30 años.

De aprobarse el cambio, los propietarios podrían recuperar antes la posibilidad de vender, subdividir, lotear o destinar los terrenos afectados a nuevas actividades, incluidos proyectos inmobiliarios, sin tener que esperar los periodos establecidos para favorecer la recuperación ambiental.

La propuesta encendió las alarmas entre organizaciones ambientalistas, que advirtieron que eliminar estas protecciones podría generar incentivos económicos perversos alrededor de terrenos afectados por incendios. La preocupación estuvo relacionada con el riesgo de que la pérdida de protección ambiental favoreciera procesos de especulación inmobiliaria, aunque esto no significa que los incendios fueran necesariamente provocados con ese propósito.

Ante el rechazo político y social y la falta de votos suficientes en el Senado, el oficialismo decidió retirar este capítulo del proyecto, junto con el apartado relacionado con la extranjerización de tierras.

El Gobierno de Milei defendió la reforma bajo el argumento de proteger la propiedad privada y eliminar obstáculos para la inversión. Sin embargo, el episodio abrió una fuerte disputa sobre los límites entre el derecho de propiedad, la protección ambiental y el destino de las tierras después de un incendio.

La Corte Suprema de Justicia decidió no imponer una medida de aseguramiento contra el senador Alirio Barrera, del Centro...
02/09/2026

La Corte Suprema de Justicia decidió no imponer una medida de aseguramiento contra el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, quien continúa vinculado a una investigación por el presunto delito de acto sexual violento.

La investigación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en 2016, cuando Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. La denuncia fue presentada por una exfuncionaria de la Gobernación, quien aseguró que durante una reunión en el despacho del entonces mandatario se produjo una agresión sexual.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió formalmente la investigación en abril de 2026 y posteriormente estudió si existían razones suficientes para imponer una medida de aseguramiento mientras avanzaba el proceso. La decisión fue no ordenar su detención, por lo que el congresista continuará en libertad durante el desarrollo de la investigación.

El proceso quedó bajo la dirección del magistrado Marco Antonio Rueda y continuará su curso judicial. La decisión de no imponer una medida de aseguramiento no significa que la investigación haya terminado ni constituye una declaración de inocencia o culpabilidad.

Barrera ha rechazado los señalamientos y su defensa ha cuestionado la denuncia, mientras la Corte deberá continuar valorando las pruebas y actuaciones dentro del proceso.

El caso vuelve a poner bajo atención judicial a uno de los senadores más visibles del Centro Democrático, en medio de una investigación que todavía no tiene una decisión de fondo.
Barrera es investigado por un presunto delito y no existe una condena en su contra. Las acusaciones corresponden a la denunciante y el proceso continúa ante la Corte Suprema.

El expresidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra el rumbo económico del gobierno de Abelardo De la Espriella y ...
02/09/2026

El expresidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra el rumbo económico del gobierno de Abelardo De la Espriella y advirtió que el Presupuesto General de la Nación para 2027, cercano a los $635 billones, podría profundizar las presiones fiscales y afectar la inversión social.

A través de sus canales oficiales, Petro cuestionó el aumento del servicio de la deuda, que alcanza los $155,4 billones, y sostuvo que el Gobierno terminaría enfrentando mayores costos de financiamiento, posibles condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y reducciones del gasto social.

“La codicia de los más ricos de Colombia nos lleva al abismo”, afirmó el exmandatario al referirse a las decisiones económicas de la actual administración.

Sin embargo, varias de las consecuencias planteadas por Petro corresponden a sus propias proyecciones y no a decisiones confirmadas por el Gobierno. La administración De la Espriella anunció un plan de austeridad por $17,5 billones, concentrado en bienes, servicios e inversión no prioritaria, sin confirmar recortes a subsidios ni una eventual solicitud de créditos al FMI.

En el frente pensional, Petro también aseguró que Colpensiones podría colapsar y mencionó cerca de $30 billones que, según su versión, no habrían regresado de los fondos privados. No obstante, la Superintendencia Financiera reportó en mayo $8,7 billones pendientes de traslado correspondientes a 32.803 afiliados, sin señalar apropiaciones ilícitas.

También generó controversia la posibilidad de una venta de Ecopetrol mencionada por Petro. Hasta ahora, no existe una propuesta formal del Gobierno para enajenar la petrolera estatal.

El choque deja sobre la mesa una disputa política de fondo: mientras Petro alerta sobre un eventual deterioro económico, el Gobierno defiende su presupuesto y su plan de ajuste como parte del proceso de reorganización fiscal.

El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 profundizó las diferencias entre el Gobierno de Abelardo De la...
02/09/2026

El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 profundizó las diferencias entre el Gobierno de Abelardo De la Espriella y el Banco de la República por el rumbo de las finanzas públicas. Aunque el Ministerio de Hacienda defiende un ajuste urgente para contener el deterioro fiscal, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, advirtió que las medidas planteadas no serían suficientes para cumplir la senda exigida por la Regla Fiscal.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó la situación de las cuentas públicas como crítica y señaló que el elevado servicio de la deuda y el deterioro del balance primario obligan a reducir el gasto. El Gobierno anunció un proyecto adicional de ajuste con el objetivo de disminuir el déficit primario en 2,2 % del PIB.

Sin embargo, Villar explicó que, incluso con ese recorte, el déficit total llegaría al 7,2 % del PIB en 2027, mientras que el déficit primario se ubicaría en 2,3 %. Según el Banco de la República, estos niveles serían incompatibles con la senda de consolidación fiscal prevista para 2028.

Ante este escenario, el Emisor pidió al Gobierno elaborar un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo que establezca metas cuantitativas verificables y compromisos de reducción del déficit durante varios años.

El Departamento Nacional de Planeación también advirtió sobre el reducido margen de maniobra del presupuesto. De acuerdo con su reporte, el 84 % de la inversión prevista para 2027 estaría comprometida de manera inflexible, dejando alrededor de $14 billones disponibles para realizar ajustes.

La discusión pone en evidencia la magnitud del desafío fiscal: el Gobierno busca reducir el gasto mientras buena parte del presupuesto ya está comprometida, y el Banco de la República exige un ajuste más profundo para recuperar una trayectoria compatible con la Regla Fiscal.

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