Tierralta SOMOS TODOS.

Tierralta SOMOS TODOS. Perfil de Luis Ubaldo: Casado con María Eugenia Lobo Vasquez con quien tiene dos (2) hijos: Daniel Eduardo y María Isabel.

Página creada por el Ingeniero LUIS UBALDO DAVILA PEREZ, con el objeto que la comunidad de Tierralta, aporte ideas para construir una sociedad más incluyente en oportunidades y deberes. Ingeniero Sanitario de la Universidad de Antioquia con estudios de Post-Grado en Planeación y Ordenamiento Territorial de la Universidad Pontificia Bolivariana; Consultor en obras de Agua Potable, Saneamiento Básic

o y Ambiente; Ex-Director de la Subdirección de Adecuación de Tierras del Inat; Ex-Catedrático de la Universidad Pontificia Bolivariana; y Ex-Director de la Gerencia del Plan Departamental de Aguas de Córdoba. .

03/10/2024

¡ NO MÁS TRABAS !

SEÑOR PRESIDENTE, CONVOQUE AL PUEBLO PARA REVOCAR AL CONGRESO

𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗔𝗚𝗥𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗢Se dice que cuando un payaso entra a un Palacio el Rey no se convierte en payaso, pero el ...
28/09/2024

𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗔𝗚𝗥𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗨𝗡 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗢

Se dice que cuando un payaso entra a un Palacio el Rey no se convierte en payaso, pero el Palacio sí se convierte en circo.

Inicio con esta frase porque es la que mejor describe lo que puede estar pasando con la Reforma Agraria. Tema bandera del gobierno en cabeza del Presidente Petro y que ejecuta a través de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que participa con bienes incautados por actividades ilícitas, y de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que compra predios para entregar a los sin tierra.

El asunto es que tanto la SAE como la ANT han contratado profesionales que, como el payaso del circo, están introduciendo elementos disruptivos que interrumpen o alteran significativamente lo ordenado por el Pueblo y que ejecuta el Presidente, y que puede convertir, el proceso de reforma agraria, en un circo.

Me refiero específicamente al caso de Córdoba donde, con todo respeto, funcionarios de bajo rango (no por eso dejan de ser importantes) están dando un mensaje errado a la base campesina que luego replica y actúa en consecuencia creando un bumerang que golpea a la misma reforma y al gobierno Petro.

No son técnicos, son líderes de organizaciones sociales y eso hace que se salgan del libreto de la Reforma Agraria que tiene como objetivo principal resolver dos problemas técnicos: la concentración de propiedad de la tierra y la baja productividad. Y esto significa dos acciones claras y precisas, como resultado de una política que se definió en campaña con la elección de Petro:

Por un lado, la identificación de predios objeto de reforma agraria. Aunque no exista límite específico de hectáreas para considerar una propiedad rural objeto de reforma agraria, deberían tener en cuenta que en Colombia se considera que una tierra está concentrada en un propietario cuando supera las 200 hectáreas. Esto se debe a que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 0.8% de los predios son latifundios (más de 200 hectáreas) y ocupan el 44% del área total. Pero, además, que el 1% de los propietarios más grandes posee el 49.85% del área rural de predios privados. Es en este 49,85% que se deben concentrar haciéndolo saber al campesino sin tierra, en la identificación y solicitud de predios rurales, en el marco de la declaratoria de utilidad pública (compra o expropiación, según lo establece el artículo 31 de la ley 160/1994, modificado por el artículo 27 de la ley 1151/2007 y adicionado por ley 2293/2023).

Y, por otra parte, la productividad del campo. Para que éste se vuelva productivo, además de lo referente a tecnologías e innovación en prácticas agrícolas, gestión y planificación, infraestructura y servicios, y conocimientos y capacitación que no son responsabilidad directa de la SAE y de la ANT, se necesita es más tierra para trabajar, pero no comprando a los que ya tienen menos de 200 hectáreas porque no se estaría desconcentrando la propiedad y también porque se crearía un éxodo del campo a la ciudad, creando un efecto contrario a lo que se busca en términos de productividad social rural. Y esto sí es responsabilidad de la SAE y de la ANT. La Reforma Agraria no se trata de una simple repartición de tierras. En tal sentido, es vital la inclusión de otros sectores del campo y propietarios de tierras que entren a fortalecer las debilidades de los sin tierra para que puedan acceder provisionalmente a los activos que administra la SAE, sin que pierdan su condición de postulantes a tierra; al menos hasta que se les adjudique. Pero no se promueve dicha opción, en una actitud excluyente. ¿Qué sentido tiene hacerlos esperar por una cosecha si pueden hacerla si la SAE les proporciona la tierra y se consiguen un aliado para los demás insumos?. Las modalidades existen: "Disposición temporal, "Gerente popular" o "Depositario", pero las exigencias y responsabilidades son tales que solo clasifican en alianza con otros productores del campo, pero las están como excluyentes o las omiten en sus talleres. ¿Por qué no se les dice que si no pueden solos pueden conseguir aliados estratégicos que fortalezcan sus debilidades. Se trata de hacer al campo social, no excluyente.

El gobierno debería vincular más técnicos y menos líderes políticos y sociales. Es tiempo de ejecución, no de política.

¿𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗣𝗨́𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗢 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗖𝗜𝗢𝗦? La ejecución de obras con recursos nacionales no camina com...
08/09/2024

¿𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗣𝗨́𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢𝗦 𝗢 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗖𝗜𝗢𝗦?

La ejecución de obras con recursos nacionales no camina como en otros tiempos. La tríada del delito conformada por un inversionista, un alcalde y un congresista, y que convirtió a las alcaldías en centros de negocios de contratos públicos, en finanzas de campañas al congreso, locales y hasta presidenciales, y en fuente de riqueza ilícita para quienes los administran, ya no existe en el gobierno del cambio.

Esa forma de "gestionar" recursos nacionales de la mano de congresistas, a los que gobiernos anteriores asignaban cupos en los ministerios y entidades nacionales en cumplimientos a acuerdos para sacar leyes impropias, no es práctica del gobierno del cambio. También porque los congresistas hacen parte del poder legislativo, no del ejecutivo. Zapatero a tu zapato.

Por todo lo anterior y porque todo gasto de campaña política, más allá del tope reembolsable por el CNE, es inversión con expectativa de recuperar el capital invertido más una utilidad, el gobierno ha tomado medidas para impedir que los recursos nacionales, destinados para las obras de las comunidades, sean utilizados para cubrir gastos de campañas y en compras de fincas y ganados.

Los proyectos que los municipios deseen ejecutar con recursos de la nación deben incluir a las comunidades organizadas. Es decir, le pusieron ojos y dolientes a las obras y esto no ha caído bien en algunos mandatarios, ¿por qué si la medida busca mayor transparencia?

En respuesta están optando por créditos en bancos de primer o segundo nivel, como Findeter, donde pueden eludir las medidas presidenciales de mayor transparencia. Son vigilados por los mismos controles de siempre, históricamente ineficaces y cómplices, lo que hace posible lo que la medida quiere impedir. Además, irresponsable si consideremos que estos dineros se pagan con recursos propios y es improbable que municipios empobrecidos por la corrupción y la violencia puedan financiar el 100% de la inversión pública sin comprometer gravemente vigencias futuras y los intereses supremos de la comunidad en general, quien finalmente los pagará.

Estos créditos no son para que municipios básicos e intermedios financien el 100% de las obras que demanda la comunidad, son para cofinanciar proyectos donde la nación participa con recursos no reembolsables, es decir, no los tienen que pagar. Los Concejales deberían poner freno a tales despropósitos, pero algunos prefieren seguir la dinámica de sus alcaldes y pagar sus propias deudas y algo más, en una actitud más de empresarios que de defensores de los intereses de la comunidad.

Por otra parte, es sabido que en estos municipios las entidades institucionales de vigilancia y control no funcionan; podríamos decir que históricamente se los han robado con figuras de sobrecostos y hasta en mayores cantidades de obras innecesarias y ficticias, con total impunidad. Por tanto, la inversión en estos municipios merece especial vigilancia. Y aunque Findeter es una entidad pública de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sus créditos aún no están sujetos a la Veeduría Forense de la Presidencia de la República, por lo que las comunidades podrían solicitarla. Además de seguridad para ejercer sus derechos frente a la real y efectiva inversión de sus obras.

Y, como "𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜, 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜", las comunidades deberían empezar con un análisis forense de los presupuestos objeto del crédito; es decir, con un examen detallado y sistemático de los registros financieros y demás documentos del crédito y de la ejecución de la obras, con el objetivo de detectar y prevenir fraudes, irregularidades y errores. Aquí la oposición es crucial e importante. Por supuesto que se van a encontrar con trabas de toda índole, pero no hay que olvidar que son recursos de las comunidades, sujetos a todo lo anterior; y ellos funcionarios públicos, no empresarios y hombres de negocios. Y, "𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑒, 𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑒".

𝗜𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗢𝗦𝗔, 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗥 𝗔𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢.El Presidente abrió debate sobre "𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗼𝘀𝗮" y la o...
18/08/2024

𝗜𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗢𝗦𝗔, 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗥 𝗔𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢.

El Presidente abrió debate sobre "𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗼𝘀𝗮" y la oposición, en cabeza de Uribe, dice que "...𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛" de dinero de los ahorradores y "...𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜́𝑠𝑖𝑡𝑜" del gobierno.

¿Qué tan cierto es eso?, venga y le explico:

Consideremos primero que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia establece que "𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠."; es decir, el Estado deberá "𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑦 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎", pero también deberá, por razones de utilidad pública o interés social, "𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑙𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑟𝑙𝑎 𝑦 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠" para equilibrar la balanza en cualquier sentido.

Pero, ¿qué tiene que ver el dinero de los ahorradores, con lo anterior y con la Inversión Forzosa?

Que el dinero es considerado propiedad privada y, en consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlo y garantizar su función social. Y, para lograrlo, el Estado debe adoptar medidas. Es por esto que los bancos y otras entidades financieras trabajan con un porcentaje del dinero ahorrado por la población, sumado a una pequeña parte de capital propio. De esta manera, el dinero se pone en circulación y cumple su función social, beneficiando a la economía y a la sociedad en general.

En el caso nuestro, trabajan con el 89% de los ahorros a la vista más(+) el 96% de los ahorros a plazo. El saldo, es decir el 11% de los ahorros a la vista más(+) el 4% de los ahorros a plazo, quedan en reserva para cubrir eventuales retiros de los ahorradores. Con ese inmenso capital ajeno y esa mínima parte propia, deben asegurarles dividendos a los ahorradores, prestar servicios financieros, sostenerse y beneficiarse.

Qué ha detectado el gobierno Petro?

Que el sistema financiero no cumple el artículo 58 de la Constitución. Es decir, el sistema financiero no está siendo real y efectivo en el cumplimiento de la función social de beneficiar a la economía y a la sociedad en general. Veamos:

- 𝗖𝗲́𝘀𝗮𝗿 𝗚𝗮𝘃𝗶𝗿𝗶𝗮 (1990-1994): Implementó el 4 por mil para toda transacción bancaria, lo que afectó a los más vulnerables y benefició a los más ricos.
- 𝗘𝗿𝗻𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗲𝗿 (1994-1998): Transfirió el 4% de los ahorros a plazo al Fondo de Solidaridad y Garantía, una medida que favoreció a los más desprotegidos, sin detrimento de los más ricos.
- 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗮 (1999-2002): Utilizó los fondos para privatizar empresas públicas y para beneficiar a los bancos; convirtió derechos fundamentales en sujetos de mercado.
- 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗨𝗿𝗶𝗯𝗲 (2003-2010): Emitió el Decreto 2555/2008, que obligó a utilizar los ahorros en fondos de pensiones y cesantías para financiar grandes empresas; aumentó la brecha entre ricos y pobres.
- 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 (2011-2018): Utilizó los fondos para financiar proyectos de infraestructura, educación, vivienda, energía y paz, con resultados cuestionables; con pocos resultados sociales.
- 𝗜𝘃𝗮́𝗻 𝗗𝘂𝗾𝘂𝗲 (2018-2022): Utilizó 25 billones de pesos de los fondos de pensiones y cesantías para financiar concesiones viales a empresas, lo que benefició a los más poderosos y generó pocos empleos a largo plazo; una medida sin impactos sociales.

En resumen, 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀 𝘆 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀.

Por un lado no han cumplido con la función social de "𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠" entre ahorradores 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼; es decir, aquellos que no tienen capital de trabajo. Sino, a los que menos necesitan porque tienen capital de trabajo. Está omisión es una injusticia social que afecta a toda la sociedad en general porque promueve la economía ilegal, la delincuencia, la violencia, la prostitución, etc.

Y, por otra parte, porque la riqueza producida de los dineros prestados a los grandes capitales, no se ha distribuido en mejores salarios y mayores impuestos, sino que se ha acumulado. Esto ha aumentado la brecha social. Algo que quiso corregir el gobierno Petro con las reformas del trabajo y tributaria, pero, representantes de esos sectores en el congreso, se opusieron.

Y la medida que propone el gobierno Petro es corregir ese impacto desigual en la población, haciendo justicia social. 𝗟𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝗲 𝟴𝟵% 𝘆 𝟵𝟲% 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝘆 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼.

Busca forzar a los bancos a que le preste al pueblo que no tiene capital de trabajo; una ley para que esos ahorros destinados a inversión no se sigan invirtiendo en prestamos a los que más tienen, en activos financieros, en bonos, en fondos mutuos y en operaciones de mercado que no se reflejan en el desarrollo económico y bienestar del pueblo y que lo empuja a la economía ilegal, a la delincuencia, a la violencia, a la prostitución, etc.

En conclusión, 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗼𝘀𝗮 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗼𝘀 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹. 𝗘𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿 𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝘆 𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀.

Es claro entonces que lo que dice Uribe, y su séquito en la oposición, es patético, ridículo, muestra ignorancia y busca desinformar para crear pánico entre los ahorradores y atmosfera de expropiador al gobierno Petro.

O, en su defecto que:

1. Los sectores políticos y empresariales opuestos al gobierno son ávaros y les importa un pito el pueblo pobre y el país, con tal de enriquecerse.

𝟮. Para ellos el pueblo es incapaces de ayudarse a sí mismo y, por tanto, si no se sigue ayudando a los más poderosos para que los ayuden, la medida del gobierno Petro es "...𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜́𝑠𝑖𝑡𝑜". Siguen pensando que se deben "ocupar" de las dolencias y necesidades del pueblo, como si aún fuera de esclavos y peones.

𝟯. O que la oposición es necia y obstinada en el absurdo de "ayudar a los más poderos para que éstos ayuden a los más débiles". ¿Alguien cree esta estupidez?

𝗔𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲, PETRO Presidente Anticorrupcion, 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟.

P.D. Si Usted, amigo lector, comparte esta apreciación, queda autorizado, no solo para compartirla sino para ajustarla de forma que pueda ser mejor comprendida y más divulgada. No me interesan tanto los likes, como el hecho de dar a conocer los verdaderos propósitos del presente gobierno.

"𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗔𝗖𝗞" 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟.Por desgracia nuestros jóvenes en Tierralta siguen cayendo por buscar oportunidades económicas de ...
21/07/2024

"𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗧𝗥𝗔𝗖𝗞" 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟.

Por desgracia nuestros jóvenes en Tierralta siguen cayendo por buscar oportunidades económicas de forma equivocada, como resultado de una falta de responsabilidad institucional que los ha empujado al delito al no promover la generación de oportunidades legales y promover antivalores humanos con el manejo incorrecto de la administración del municipio.

El mensaje que la institucionalidad hasta ahora ha enviado a la juventud es patético de políticos y gobiernos corruptos y letal para la juventud: nada como un "fast track criminal" para hacerse rico en un cerrar y abrir de ojos.

La mejor manera de hacer que la violencia no se siga llevando a nuestros jóvenes Tierraltenses es haciendo de la institucionalidad verbo y no sustantivo; es decir, promoviendo la generación de oportunidades legales de desarrollo económico y de valores humanos en los servidores públicos y en la sociedad en general.

Es su obligación constitucional y legal hacerlo y no salir con la excusa que "es una decisión personal de aquellos que ingresan al mundo delincuencial' siendo que están siendo empujados por la falta de oportunidades legales y de valores humanos.

Pero, ¿es la voluntad y visión del alcalde actual de Tierralta no dejar expuesto a nuestros jóvenes a la violencia?

Debería marcar una diferencia positiva con sus antecesores y dejar una huella de agradecimiento infinito en angustiadas madres y padres, hermanas y hermanos, abuelas y abuelos y demás familiares de esa juventud expuesta al delito. Y, para que dicho propósito sea efectivo, tendría que dejar el sectarismo y actuar por encima de rencillas políticas y personales.

𝗟𝗘𝗬 𝟭𝟬𝟬, 𝗨𝗡 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗕𝗔𝗥 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘.Álvaro Uribe Vélez es el "𝑡𝑖́𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑣𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜: 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠𝑜, 𝑧𝑎𝑙𝑎𝑚𝑒𝑟𝑜, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟...
02/06/2024

𝗟𝗘𝗬 𝟭𝟬𝟬, 𝗨𝗡 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗕𝗔𝗥 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘.

Álvaro Uribe Vélez es el "𝑡𝑖́𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑣𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜: 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑜𝑠𝑜, 𝑧𝑎𝑙𝑎𝑚𝑒𝑟𝑜, 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑜𝑠𝑜, 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠𝑜, ℎ𝑖𝑝𝑜́𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑦 𝑐𝑖́𝑛𝑖𝑐𝑜", escribió en su columna de Opinión en El Espectador, el 15 de julio 2017, Esteban Carlos Mejía. Nada más cierto. Veamos:

Dice Uribe en un trino que: "𝐿𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖́𝑠. 𝑂𝑗𝑎𝑙𝑎́ 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑. 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒́𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛̃𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠. 𝐴𝑙 𝑝𝑎𝑖́𝑠 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑟𝑎́ 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝑎𝑙𝑙𝑎́ 𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜."

Con el ánimo de sacar ventaja y manipular, miente. Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana, dijo que la solicitud de retiro voluntario no obedecía a ninguna situación en particular sino a que, en la salud, “𝑳𝒂 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍”. Es decir, el modelo de salud pública actual tiene fallas estructurales y las acciones del gobierno no "...𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑" sino que buscan salvarla. Razón por la que el Gobierno Petro ha solicitado, vehementemente, una reforma.

Y, como buen hipócrita y cínico, dice que las reformas que propone el gobierno Petro son "...𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛̃𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑"; omite con mala intención que más de 100 EPS han sido liquidadas en gobiernos pasados, incluyendo el suyo, lo que prueba que el modelo que plantea la Ley 100, del cual fue ponente en 1993 y sobre la que cabalgó en sus dos gobiernos, es dañino y no el de Petro que ni siquiera se ha aprobado y menos probado.

E incita al pueblo, lavándose las manos en el gobierno Petro, a ".. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠" y a un ".. 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙", solo para desviar la atención de lo que quiere salvaguardar. Venga y le cuento:

En 2010, siendo Uribe presidente, Olga Lucía Zuluaga, quién para la época era la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) denunció que: "𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠, 𝑎𝑠𝑖́ 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑈𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜".

Hoy el tiempo le da la razón a la entonces directora ejecutiva de la ACESI y también a Esteban Carlos Mejía en el sentido que Uribe es un tramposo y mentiroso. La Ley 100 no es más que un modelo de prestación de un servicio público que permite que el Estado gire los recursos de la salud a intermediarios privados, EPS, para que hospitales públicos y clínicas privadas, IPS, atiendan a la ciudadanía; es decir, una intermediación parásita.

Lo maquiavélico del modelo de la Ley 100 es que pasa dineros públicos, auditables en otras circunstancias como los anticipos en los contratos de obras, al ámbito privado donde no son auditables porque se violaría la autonomía empresarial. Eso les permite a las EPS usar recursos públicos como si fueran parte de su patrimonio; y, como tal, los usan para otros fines distintos al de la salud y para construir sus propias IPS con el mismo dinero que quiebran otras IPS para sacarlas del mercado. Así han avanzado en la "𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠" y en la apropiación del mercado médico y hospitalario nacional.

La deuda a las IPS asciende a la "bobada" de 25 billones de pesos, suficiente para que el país entero se levante en contra de la Ley 100, no a su favor como lo insinúa Uribe. Recursos que si se hubiesen irrigado en la red médica y hospitalaria, hoy estuviera robustecida. Todo, sin riesgo empresarial, eso lo asume el Estado. Si quiebran o solicitan retiro voluntario, el Estado asume las deudas y deja a unos pícaros, despachados. Es lo que han hecho otras EPS que se han dado por quebradas y pretende, en esta oportunidad, la EPS Sura al solicitar retiro voluntario. Una manera legal de apropiarse de recursos ajenos que ha estado pagando el Estado con cargo al tesoro del pueblo, no al de sus bolsillos. !𝗖𝘂𝗮́𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗮𝗯𝗲 𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗶𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼𝘀¡.

Para más información, el Grupo Gilinsky y sus socios árabes son los dueños de la EPS Sura, los mismos dueños de Revista Semana que actúa como altoparlante desinformativo para ocultar la verdadera intención del capitalismo salvaje que representa Uribe: saquear al país. Lo hicieron con las tierras que expropiaron a sangre y fuego, usando como bandera una guerra anticomunista; con los minerales del subsuelo que adjudicó Uribe en forma masiva, sin importar si eran zonas ambientalmente estratégicas, a conglomerados económicos excluyendo a las comunidades indígenas, a los mineros artesanales y ancestrales y a los propietarios del suelo (si no venden a las compañías mineras, se les expropia); construyeron vías 4G, en detrimento de las vías terciarias y del campesinado, para transportar hasta el interior del país productos importados que enriquecen a otros pueblos y empobrecen al nuestro; etc.

Así las cosas, 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐢́𝐬, 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐔𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐫, 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐚𝐥𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐮𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐲 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.

Una vez más, 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐫. 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨, 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢́𝐚 𝐲 𝐚𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨. A la EPS Sura no se le debe aceptar su retiro voluntario sin antes pagar lo que debe; no es el pueblo quien debe asumir la deuda, como hicieron otros gobiernos. Y, en definitiva, hay que eliminar ese entuerto llamado EPS, ese intermediario parásito entre el Estado y las IPS públicas y privadas.

𝗗𝗔𝗡̃𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗔𝗧𝗘𝗥𝗔𝗟  Tan gruesa es la participación de dineros ilegales en la economía nacional, que su ausencia se nota; es...
26/05/2024

𝗗𝗔𝗡̃𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗔𝗧𝗘𝗥𝗔𝗟

Tan gruesa es la participación de dineros ilegales en la economía nacional, que su ausencia se nota; especialmente en municipios históricamente olvidados por el Estado. Una ausencia que tiene como causa las acciones del gobierno en contra de la corrupción y del narcotráfico.

La compra-venta de contratos en el mercado negro, donde confluían en contubernio congresistas, alcaldes e ingenieros corruptos y la repartija de contratos y "corbatas" para cumplir cuotas de campaña, ya no es el común denominador que la sociedad había aceptado como inherente a la administración pública. Lo mismo sucede con la cadena del narcotráfico donde los "negocios" fuera de contexto y la incultura propia de traquetos eran comunes en pueblos y grandes ciudades. En definitiva, son otros tiempos.

Hemos avanzado en una verdadera limpieza social pero existe un 𝗱𝗮𝗻̃𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗮𝗿𝗰𝗼𝘁𝗿𝗮́𝗳𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀; 𝗱𝗮𝗻̃𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗿𝗮́ 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗼𝗯𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗶𝗽 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗲𝘀 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 "𝗿𝗼𝗯𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲" 𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗾𝘂𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼. No son más que cómplices e idiotas útiles del delito.

Ese daño colateral existe porque la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, cuando está infectada toda la sociedad, afecta al que es y al que no es. Ese dinero ma***to viene desde el averno del delito y entra en el bolsillo de gente honrada y trabajadora, la corrompe y entra en la sociedad. Pero es el mismo que recibe el sicario por matar, el extorsionista por extorsionar o el político corrupto a cambio de la merienda de un niño hambriento o por la carretera por dónde hoy no puede, el mismo campesino que votó por él, sacar los productos de su cosecha, etc. Es la consecuencia, por un aparente y efímero beneficio, de aceptar como convenientes a corruptos y narcos en la sociedad, en la política y en los negocios.

Pero la culpa no es de Petro, señoras y señores; la culpa es de esa dirigencia que impulsó y se benefició de esas economías, no de este gobierno que la combate. La culpa es de esa política que practicaron y que empujó a miles de jóvenes al delito y que los llevó a crecer en el hampa para ser dados de baja y mostrarlos como trofeo; trofeo de muerte, no de vida, para que no hablen y "sirva" para ascender a un corrupto Coronel, a General. Y aquí también se ha avanzado, se cambió esa política de la muerte que imperaba en las Fuerzas Armadas y de Policía, por una Política de la Vida. Habrán notado la diferencia que existe entre los controles policiales de antes y los de ahora que se hacen con respeto e incomodando lo mínimo posible, al ciudadano.

Sin lugar a equívocos, el Presidente Gustavo Petro Urrego quiere que tengamos un mejor país y no declinará en su intención por mucho que quienes quieran volver al país de muerte que nos dieron, denigren, calumnien e instiguen a las Fuerzas Armadas a desobedecer sus órdenes; seguirá, no hay duda!

𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟, 𝗟𝗔 𝗘𝗡𝗖𝗥𝗨𝗖𝗜𝗝𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗢𝗦.Al verdadero Cristiano Dios le concede los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligen...
05/05/2024

𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘𝗟, 𝗟𝗔 𝗘𝗡𝗖𝗥𝗨𝗖𝗜𝗝𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗢𝗦.

Al verdadero Cristiano Dios le concede los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Él; para que, en consecuencia, actúen con caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Suficiente para no dejarse meter los dedos en la boca y vivir sabroso. Pero personas con tales virtudes pasan inadvertidas en un mundo de contiendas de todo tipo, porque están a otro nivel.

¿A qué viene el caso la opinión de hoy?

A que a raíz de que el Presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones con el gobierno Israelí, la extrema derecha ha pretendido poner en contra del Presidente a los Cristianos de fe que lo apoyaron y lo siguen apoyando.

Pero su nuevo cuento, para meter miedo a incautos e ignorantes, se lo creerá la parvada de religiosos y fanáticos que le han creído el cuento del castrochavismo y otras estupideces. Es a esa parvada a la que es fácil venderle la idea de que el Dios de Israel es el mismo Dios de los Cristianos, solo porque comparten los cinco (5) primeros libros del Antiguo Testamento. Olvidan que el 80% de los israelitas práctican el Judaísmo que tiene como libro sagrado La Torá (cinco primeros libros del Viejo Testamento); religión que ignora el Nuevo Testamento y que considera que Jesús fue el más dañino de todos los falsos profetas, que el mesías aún no ha llegado y que la era mesiánica aún no está presente. Tan sólo el 2% de la población de Israel, es Cristiana; pero practicarla abiertamente, puede ser peligroso.

Ahora, si aceptamos que los israelitas y sus gobernantes son pueblo de Dios, porque comparte con los Cristianos el mismo Dios pero no a su Hijo, Dios estaría en una encrucijada. Pero deberíamos considerar que, según el capítulo 6 de Miqueas, el mismísimo Dios los condenó por su deshonestidad, avaricia, violencia e idolatría. Una nación que ha vivido de contienda en contienda, desde tiempos bíblicos. Y si Dios no le ha cumplido la misericordia prometida para vivir en paz, según el capítulo 7 del mismo libro, es porque nunca se ha arrepentido de sus malas acciones o porque no han aceptado a su Hijo Jesús, como su Salvador.

Sea cualquiera la situación es difícil de creer que Dios tenga más misericordia de ellos, y de quienes mal lo interpretan en Colombia, que de aquel hombre que, sin cálculos políticos, economicos ni religiosos, se ha atrevido a condenar lo que Dios condenó. Y aunque los hijos del Diablo y su séquito de seguidores se retuercen con difamaciones, mentiras y manipulaciones propias de demonios, ese hombre tiene un nombre: 𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗨𝗿𝗿𝗲𝗴𝗼, 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮.

𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗠𝗔, 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮.Ayer unos, hoy otros; pero la dinámica es la misma. Grupos ilegales que entran a...
31/03/2024

𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗠𝗔, 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮.

Ayer unos, hoy otros; pero la dinámica es la misma. Grupos ilegales que entran a un territorio y se convierten en "mango maduro pa'puerco hambriento" para ciudadanos locales con hambre de poder y de dinero fácil; poder y dinero que luego se riega como maleza en sociedades pobres de Valores Humanos y de oportunidades legales. !Pan comido!

Toda esa bola de excrementos crece mientras va ensuciando a la sociedad y minando sus deteriorados Valores Humanos recibidos en casa, pero que no hacen mérito con lo que se ve en la calle. Se opta por los antivalores que fortalecen la imperfección humana y alejan de lo que es correcto y legal porque son éstos los que dan dinero y poder. En estos territorios actuar con ética, moral y legal es un contrasentido en el que se termina abrazando las formas del delito de turno de las mil maneras que existen para hacerlo.

Por otra parte, nuestras instituciones públicas, llamadas constitucionalmente a promover Valores Humanos y a generar oportunidades legales, hacen justo lo contrario: promueven antivalores y le abren las puertas al delito mientras son ejemplo de una prosperidad económica que hace apología a lo incorrecto e ilegal.

El estigma no es más que la consecuencia de no advertir lo que advierte Mahatma Gandhi: “𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒́𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜”.

¿Qué hay que hacer?

Trabajar desde adentro en Valores Humanos y en la generación de oportunidades legales. Y son las Alcaldías las llamadas constitucionalmente a promover Valores Humanos y a generar oportunidades legales de desarrollo económico y social.

Pero esto no se hace con conceptos errados de Paz y Libertad, de inversión de capital y de desarrollo económico y social. Solo las personas que conozcan qué son los Valores Humanos y para qué sirven sabrán cuál es el concepto correcto y actuarán en consecuencia.

P.D. Por segunda vez, aquí dejo este links sobre lo que alguna vez reflexioné al respecto y sugerí a los distintos precandidatos de entonces y hoy funcionarios públicos en ejercicio: https://www.facebook.com/share/p/7r4M1ZjREyqWNYU8/?mibextid=oFDknk

30/03/2024

"𝐿𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠. 𝐸𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 ℎ𝑎 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠", indicó el Ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Señor Ministro, en Tierralta el grupo armado ilegal que nos tocó no construye obras, ustedes tampoco. ¡ Estamos jodidos !

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