Fundacion Vegachi Progresa

CL 51 48 23
Vegachí

PRINCIPIOS IGUALDAD: Este principio - derecho aparece regulado en el art. 13 de la Carta, como principio de la función pública, obliga a la administración a actuar conforme la regla de la no discriminación y a promover dentro del ámbito de sus competencias que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o marginados, así como proteger especialmente a quienes por su condición económica, física o mental estén en circunstancias de debilidad manifiesta. MORALIDAD: El principio de moralidad busca la honestidad en la actuación de los servidores públicos. Se proponen como ejemplos contrarios a tal moral, el irrespeto a la autoridad jerárquica, las faltas contra la honra de las personas o su intimidad, el trato discriminatorio o vejatorio contra alguien, la traición del interés nacional en beneficio del exterior, las afrentas a la dignidad inherente a la persona humana, la expedición de actos administrativos o celebración de contratos con desconocimiento del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y requisitos o calidades para el desempeño de la función pública. IMPARCIALIDAD: El principio de imparcialidad pretende asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, mediante la igualdad de trato y el respeto al ordenen que actúan. EFICACIA: Valorar el cumplimiento oportuno, útil y efectivo de la acción administrativa. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. EFICIENCIA: El concepto de eficiencia, que en términos económicos se traduce en el logro del máximo rendimiento con los menores costos y que, aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión de los asuntos objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos financieros - casi siempre limitados - de los que dispone la hacienda pública. En otros términos, el Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada planeación del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfacción de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones innecesarias. RESPONSABILIDAD: Debe entenderse el principio como la pretensión de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas cuando su actuación es indispensable para realizar los intereses generales o proteger un bien jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es susceptible de generar riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha querido prevenir o evitar. Las autoridades públicas, sin excepción alguna, tienen el deber -responsabilidad- de procurar por todos los medios, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Carta Política. PARTICIPACIÓN: Entendida la democracia, desde el punto de vista formal, como un gobierno en el cual los destinatarios de las normas son los mismos que las producen, pues las decisiones colectivas son tomadas por los propios miembros de la comunidad. Ha de aceptarse que la participación de los ciudadanos en la toma de esas decisiones es elemento fundamental, sin el cual no puede concebirse la existencia de dicho sistema. EQUIDAD: Este principio se trabaja con justicia distributiva y con igualdad de oportunidades, reconociendo las necesidades diferenciales del ser como sujeto y objeto del desarrollo social integral. La equidad como principio social y político debe hacer uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno utilizando la equivalencia para ser iguales