31/07/2026
La presidenta de la República, Laura Fernández; el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta; y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, han elevado a un nivel extraordinariamente grave el enfrentamiento político alrededor de la elección de magistrados suplentes y las actuaciones de la Sala Constitucional.
El planteamiento que hemos escuchado sostiene, en términos generales, que cuatro magistrados de la Sala Constitucional habrían invadido competencias que corresponden a la Asamblea Legislativa y violentado diferentes disposiciones de la Constitución Política. Para respaldar esa posición se citan, entre otros, los artículos 9, 11, 121, 154, 157, 158 y 164.
Esa discusión constitucional es perfectamente legítima y merece analizarse con seriedad.
Lo que resulta muy diferente es transformar una controversia entre poderes de la República en un supuesto “golpe de Estado”, llamar repetidamente “magistrados golpistas” a quienes participaron en una resolución y hablar de “cómplices” como si ya estuvieran demostrados una conspiración, un delito y una ruptura del orden constitucional.
Ahí la discusión jurídica empieza a ser sustituida por una narrativa política tremendamente amarillista.
Una resolución judicial puede ser cuestionada. Puede discutirse si una interpretación constitucional es correcta. Puede denunciarse un eventual exceso de competencia y, si alguien considera que hubo prevaricato, puede acudir a las instancias correspondientes.
Pero ninguna de esas cosas convierte automáticamente a Costa Rica en víctima de un “golpe de Estado”, ni convierte automáticamente a cuatro magistrados en “golpistas”.
Y existe un elemento que tampoco puede desaparecer convenientemente del relato: la propia Asamblea ha tenido en sus manos la elección de los magistrados suplentes. El oficialismo se negó a elegir algunos candidatos mediante votos en blanco y la presidenta legislativa devolvió por segunda vez la nómina remitida por la Corte; esa decisión fue apelada por cuatro fracciones y respaldada posteriormente por los votos del PPSO. Ese contexto también forma parte del conflicto y debe contarse.
Por eso resulta demasiado fácil presentar después todo el problema como una agresión unilateral del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa.
Defender la separación de poderes significa precisamente aceptar que ningún poder puede declararse dueño exclusivo de la Constitución.
Ni el Poder Judicial.
Ni la Asamblea Legislativa.
Ni mucho menos el Poder Ejecutivo.
Y cuando desde algunas de las posiciones políticas más poderosas del país se empieza a señalar como “golpistas” a integrantes de otro poder porque sus decisiones resultan inconvenientes o se consideran jurídicamente equivocadas, hay razones para exigir mucha más responsabilidad en el discurso.
La democracia no consiste en que las instituciones sean legítimas solamente cuando resuelven como nosotros queremos.
Si hubo una actuación contraria a derecho, que se demuestre. Si hubo prevaricato, que se investigue y que las autoridades competentes determinen responsabilidades. Si existe una interpretación constitucional equivocada, que se argumente jurídicamente.
Pero un “golpe de Estado” no aparece por repetir cien veces las palabras “golpe de Estado”.
Y cuatro magistrados no se convierten en “golpistas” simplemente porque desde una tribuna política se les coloque esa etiqueta.
La Constitución se defiende con argumentos, procedimientos, pruebas y respeto por las instituciones. Precisamente lo contrario de convertir una controversia constitucional compleja en una consigna incendiaria.
