05/05/2026
La reciente paralización y reducción del servicio de transporte público en Quito ha generado una fuerte crisis de movilidad que afecta a miles de ciudadanos. Sin embargo, más allá del colapso en las calles, el episodio también ha reavivado el debate político sobre las verdaderas causas del problema.
El asambleísta y dibujante Dominique Serrano, vinculado al movimiento ADN, responsabilizó directamente al alcalde Pabel Muñoz, señalando que la falta de planificación municipal ha derivado en el caos actual. Según Serrano, la movilidad es competencia exclusiva de la Alcaldía, por lo que la crisis reflejaría fallas en la gestión local.
No obstante, esta lectura ha sido cuestionada por distintos sectores, que consideran que el problema es más complejo y tiene raíces a nivel nacional. Analistas y ciudadanos han señalado que el incremento en los costos operativos del transporte está estrechamente ligado a decisiones del Gobierno central, particularmente en torno al precio de los combustibles.
En ese contexto, se ha puesto sobre la mesa el rol del presidente Daniel Noboa, cuya administración ha impulsado cambios en los subsidios a los combustibles. Estas medidas han derivado en aumentos en los costos, impactando directamente a transportistas y, en consecuencia, en la frecuencia y disponibilidad del servicio.
Críticos sostienen que centrar toda la responsabilidad en el Municipio omite factores estructurales clave, como la política energética y económica nacional. Además, recuerdan que durante la campaña electoral, Noboa había planteado reducir el costo de los combustibles, lo que contrasta con las decisiones actuales percibidas por algunos como incrementos o eliminación de subsidios.
La crisis en Quito, por tanto, no solo evidencia problemas de gestión local, sino también tensiones entre distintos niveles de gobierno. Mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias en su vida diaria, el debate político continúa sin una solución clara a corto plazo.