26/05/2026
PODEMOS EXIGE AL MINISTERIO DE TRANSPORTES LA PARALIZACIÓN CAUTELAR DEL PROYECTO DE MEGACRUCEROS DEL PUERTO DE MOTRIL POR SU IMPACTO SOBRE LA ALHAMBRA Y EL ALBAYZÍN Y LA POSIBLE CONEXIÓN ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y LA EMPRESA PROMOTORA
Podemos Granada a través de su portavoz, Salvador Soler, se ha dirigido por escrito al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando la paralización cautelar del procedimiento, la apertura de un proceso de información pública real y una evaluación independiente del impacto que la llegada masiva de cruceristas tendría sobre Granada. Para la formación morada la tramitación de una terminal privada de cruceros en el Puerto de Motril no puede abordarse como una simple operación portuaria ni como una infraestructura aislada de su entorno.
Su impacto real recaería directamente sobre Granada, sobre la Alhambra, sobre el Albayzín, sobre el centro histórico y sobre una ciudad que ya soporta una presión turística creciente, con efectos visibles en la vivienda, la movilidad, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal.
La cuestión central es evidente, afirma Soler, aunque la infraestructura se ubique físicamente en Motril, su principal “reclamo comercial” será la ciudad de Granada y se trata de un “desembarco masivo y descontrolado de visitantes hacia la ciudad nazarí.” La Alhambra no es un recurso ilimitado y no puede reducirse a un reclamo comercial.
El Albayzín no puede transformarse en un parque temático, es un barrio declarado Patrimonio Mundial, donde la turistificación y la expansión de viviendas de uso turístico han alterado profundamente la vida cotidiana de sus vecinos. Los cruceristas llegan y realizan una estancia de pocas horas y se marchan.
Mientras tanto, los costes quedan en Granada: servicios públicos y servicios municipales, congestión del tráfico, presión sobre el transporte público, saturación de calles y miradores, apropiación de las entradas de la Alhambra, deterioro de la experiencia patrimonial y aumento de la tensión en barrios ya muy sobrecargados.
A esta preocupación de fondo se añade otra que afecta a la transparencia institucional y que es de enorme gravedad: La carta denuncia la gravedad política del proyecto, que se refuerza por las informaciones publicadas sobre la posible conexión entre la empresa promotora y la estructura directiva del Puerto de Motril: Mdt Port Investments, filial del grupo mexicano ITM Group, estaría vinculada a un plan de expansión en España dirigido por Cristina González-Méndez Herrera, hermana de Francisco José González-Méndez Herrera, exdirector del Puerto durante 16 años, quien dimitió el 2 de abril de 2024 alegando “motivos personales” pero, según esas mismas informaciones, habría continuado en la Autoridad Portuaria en un puesto con responsabilidades sobre áreas estratégicas —Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Captación de Fondos, Desarrollo Comercial y contratación pública—, lo que exige máxima transparencia para despejar cualquier apariencia de conflicto de interés. La simple abstención no es suficiente.
Por ello, Podemos exige que el Ministerio publique los informes técnicos y jurídicos disponibles, incluido cualquier informe de la Abogacía del Estado; las actas de los órganos de decisión; las comunicaciones de abstención; el organigrama funcional de la Autoridad Portuaria; las competencias del exdirector después de su salida de la dirección; y la relación de mesas de contratación en las que haya participado. Un proyecto de esta magnitud no puede avanzar bajo sombra de duda. Por todo ello, remacha el portavoz de los morados, “reclamamos a Óscar Puente la paralización cautelar del expediente hasta esclarecer las circunstancias del procedimiento.
La publicación íntegra de los informes jurídicos, técnicos y administrativos vinculados a la concesión. La revisión de cualquier posible conflicto de interés, incluyendo abstenciones, organigrama, competencias y participación en mesas de contratación. Así como, La apertura de un proceso de información pública real y participada que incluya a las asociaciones vecinales, la Universidad de Granada y operadores locales, abriendo los expedientes a la ciudadanía”.
