16/01/2026
Agua, agua y más agua ... siempre con la misma casposa cantinela.
El acuerdo España-Marruecos no financia trasvases: lo que dice el texto y lo que se ha querido hacer creer (extractado de rrnews.es)
La XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada el pasado 4 de diciembre en Madrid, ha reactivado uno de los debates más sensibles del sureste español: el del agua y el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Pero más allá de los titulares y las declaraciones airadas, conviene separar con precisión qué dice el texto oficial, qué se está interpretando y qué intereses están marcando el relato público.
Qué dice realmente la declaración conjunta
La polémica gira en torno a un párrafo concreto de la declaración firmada por ambos gobiernos, en el que se señala que España y Marruecos “procurarán utilizar los instrumentos financieros de España” para respaldar proyectos que ejecutará el Gobierno marroquí en distintos ámbitos, entre ellos las infraestructuras hidráulicas, citando expresamente la desalinización, la reutilización de aguas residuales y la transferencia entre cuencas.
El matiz es clave: el texto no compromete una obra concreta, no fija cantidades, no establece calendarios y no habla de una financiación directa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Habla de instrumentos financieros (una categoría amplia que incluye créditos, seguros o apoyo a la internacionalización de empresas) y utiliza un verbo deliberadamente impreciso: “procurarán”.
Presentar este párrafo como la prueba de que “España financiará trasvases en Marruecos” es, como mínimo, una simplificación interesada que solo busca activar el malestar en una región zarandada por el racismo y la xenofobia con una extrema derecha al alza.
Punto 54 del acuerdo:
«España y Marruecos se congratulan de la excelente cooperación económica y financiera existente entre los dos países, que ha contribuido a la ejecución de importantes proyectos de inversión pública, entre los que destacan los proyectos de construcción de la desalinizadora de Casablanca y el proyecto para la adquisición de material rodante de CAF por la Office National des Chemins de fer (Oficina Nacional Ferroviaria de Marruecos; ONCF, por sus siglas en francés). Al objeto de aprovechar la excelencia de las relaciones económicas y comerciales y de llevar el comercio y las inversiones bilaterales a niveles nunca vistos, los dos países procurarán utilizar los instrumentos financieros de España para respaldar proyectos de interés prioritario para ambas partes que serán ejecutados por el Gobierno marroquí, en particular, en materia de infraestructuras, energías renovables, infraestructuras hidráulicas estructuradoras (desalinización, transferencia entre cuencas, reutilización de aguas residuales), corredores logísticos y portuarios, desarrollo de la red de carreteras y autovías e infraestructuras energéticas con bajas emisiones de carbono, así como proyectos ligados a la educación, la sanidad y la modernización de los servicios públicos. Además, y en el marco de la diversificación de los ámbitos de colaboración bilateral, ambos países han estudiado la posibilidad de establecer un diálogo bilateral de cooperación técnica destinado a la promoción de intercambios de experiencias y conocimientos entre ambos países en los ámbitos económico y financiero«.
El trasvase y los caudales ecológicos: el factor judicial que se omite.
Uno de los pilares del discurso crítico por parte del SCRATS y del PP, sostiene que el recorte del Trasvase Tajo-Segura responde exclusivamente a una decisión política del Gobierno central. Sin embargo, este planteamiento ignora un elemento determinante: la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Las sentencias que obligan a definir e implantar caudales ecológicos reales en el río Tajo (culminadas en el actual ciclo de planificación) han forzado la adaptación del sistema. No se trata de un debate ideológico, sino de la aplicación de resoluciones judiciales y de la normativa de planificación hidrológica. Negar este marco es falsear el contexto.
El trasvase del Tajo sigue funcionando bajo unas reglas de explotación que contemplan distintos niveles. En los niveles más bajos (400 hm3 en tre Buendía y Entrepeñas), simplemente no se autoriza el envío de agua.
El Gobierno de España nunca ha anunciado el cierre del Trasvase Tajo-Segura. Al contrario, lo que ha defendido públicamente es su mantenimiento dentro del marco legal vigente, adaptado a la planificación hidrológica y a las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar y respetar caudales ecológicos en el río Tajo. No hay en ningún documento oficial, ni en declaraciones del Ejecutivo, un compromiso de clausura del trasvase. Lo que sí existe es una voluntad expresa de compatibilizar su funcionamiento con la protección ambiental del río y con un modelo de gestión del agua más diversificado, que incorpore desalación, reutilización y eficiencia, pero sin renunciar al trasvase como infraestructura estratégica.
SCRATS y el relato dominante.
El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) ha reaccionado con dureza, denunciando una supuesta “traición” y acusando al Gobierno de España de financiar a un competidor directo, Marruecos, mientras restringe el agua al Levante.
Es una posición coherente con su trayectoria y con sus intereses económicos y políticos, pero eso no la convierte automáticamente en verdad objetiva. El problema es que buena parte de la prensa ha asumido ese marco sin contraste, reproduciendo calificativos (“vergonzoso”, “demencial”, “traición”) sin someterlos a verificación documental.
Agua trasvasada
Frente al discurso que habla de un supuesto desmantelamiento del Trasvase Tajo-Segura, los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desmienten esa tesis. Solo en 2025 se han autorizado 381 hectómetros cúbicos de agua trasvasada del Tajo al Segura, según las resoluciones adoptadas por la Comisión Central de Explotación.
El volumen incluye 180 hm³ entre abril y junio, 120 hm³ en los meses de julio y agosto y 81 hm³ adicionales entre octubre y diciembre. Se trata de una cifra significativa, aprobada conforme a las reglas de explotación vigentes, que confirma que el trasvase no solo sigue operativo, sino que continúa aportando recursos relevantes al sureste español dentro del marco legal y técnico establecido.
Marruecos como competidor: una realidad más compleja.
Marruecos es, desde hace años, un actor clave en los mercados hortofrutícolas europeos. España es su primer socio comercial y muchas cadenas de valor agrícolas están hoy integradas a ambos lados del Estrecho. También es cierto que decenas de empresas españolas (muchas valencianas, murcianas y andaluzas) producen allí, igual que empresas europeas lo hacen en otros países terceros.
Reducir este fenómeno a una conspiración contra la agricultura española oculta preguntas más incómodas: ¿por qué se permite importar productos de terceros países sin exigir cláusulas espejo reales? ¿por qué la UE mantiene acuerdos comerciales sin armonizar estándares laborales, ambientales y fitosanitarios? ¿quién se beneficia de esa asimetría?
Ese es el debate de fondo. Y no se resuelve con señalar a Marruecos ni con convertir una declaración diplomática en un arma arrojadiza.
Agua, política y contradicciones.
Existe una contradicción difícil de sostener: se señala a Marruecos como una amenaza porque compite en los mercados agrícolas, pero al mismo tiempo se rechaza la inmigración procedente de un país al que se niega cualquier posibilidad de desarrollo económico. Ese planteamiento no se sostiene ni económica ni socialmente.
El foco del debate tampoco debería situarse en la mención a una eventual cooperación hídrica con Marruecos. La cuestión de fondo es otra: España sí dispone hoy de una política del agua definida, basada en planificación hidrológica, caudales ecológicos, desalinización y cumplimiento de sentencias judiciales. Lo que no existe es una posición coherente en el principal partido de la oposición, el PP, que defiende los trasvases en el Levante mientras los rechaza en Castilla-La Mancha.
No hay en la declaración España-Marruecos un plan para financiar trasvases que sustituyan al Tajo-Segura. Sí hay un texto ambiguo, propio del lenguaje diplomático, que ha sido utilizado para reforzar un relato político muy concreto por parte del Sindicato Central de Regantes y del PP.
Confundir interpretación interesada con hecho probado no ayuda a resolver el problema del agua. Solo alimenta la polarización y oculta las decisiones estructurales que llevan años postergándose. Y eso, para la agricultura que vive del agua, es el peor de los escenarios.
Marruecos está apostando por la desalinización.
Marruecos, país con recursos hídricos limitados y profundamente afectado por la sequía y la variabilidad climática, ha hecho de la desalinización del agua de mar una pieza central de su estrategia de seguridad hídrica.
El país norteafricano opera un total de 17 plantas desalinizadoras que extraen agua del mar y la convierten en agua utilizable para consumo urbano e industrial. Estas instalaciones, distribuidas a lo largo de la costa atlántica y mediterránea, tienen una capacidad conjunta de producción de aproximadamente 345 – 350 millones de metros cúbicos de agua al año, una cifra que responde a la demanda creciente de agua potable y servicios básicos en zonas densamente pobladas y turísticas.
La apuesta por la desalinización no se limita a las plantas ya operativas. Cuatro nuevas instalaciones están en construcción, con capacidad adicional estimada en unos 540 millones de metros cúbicos anuales, y se espera que estén listas hacia 2027, incluyendo una de gran escala en la región de Casablanca (adjudicado a un consorcio liderado por el grupo español Acciona) que se prevé como la mayor de África. Estos desarrollos forman parte de un objetivo más ambicioso: que para 2030 Marruecos pueda producir hasta 1.700 millones de metros cúbicos de agua desalinizada al año.
Ese volumen, si se alcanzara, permitiría que aproximadamente el 60 % del agua potable del país proviniera de plantas de desalinización, reduciendo la dependencia de las lluvias y los embalses y reforzando la resiliencia frente al cambio climático. El mismo objetivo que persigue el Gobierno español.
La declaración de Rabat que el SCRATS no criticó.
La declaración de Rabat, adoptada el 3 de octubre de 2012 en el marco de la X Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, fue suscrita por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo marroquí, Abdelilah Benkirane, con el respaldo institucional de la Corona de ambos países.
El documento fijó un marco político de asociación estratégica destinado a reforzar el diálogo bilateral, la cooperación económica y la proyección conjunta en el espacio euromediterráneo. En ese contexto, el Gobierno de España, presidido por Rajoy, expresó su voluntad de reforzar el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas en Marruecos. De hecho, se anunció un aumento del crédito disponible para proyectos empresariales españoles hasta 400 millones de euros, a través de los instrumentos públicos de apoyo a la inversión exterior.
En materia de agua y agricultura, la Declaración de Rabat recogió la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria e irrigación, así como el impulso a la investigación y la cooperación científica en ámbitos como la desalación de agua de mar, vinculada al desarrollo tecnológico y universitario.
En aquel momento, ni el PP ni el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) realizaron crítica alguna ni manifestaron públicamente objeciones a la Declaración de Rabat.
