25/02/2026
🕙️ Mazón, más cerca de la cárcel
- 230 mu***os y una “pasividad” bajo sospecha judicial -
El 29 de octubre de 2024 Valencia vivió una de las mayores tragedias de su historia reciente. La dana dejó 230 personas muertas. No fue un accidente imprevisible. Según la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, fue el resultado de una gestión marcada por la “pasividad” y por “groseras negligencias” en la cúspide del poder autonómico.
El 25 de febrero de 2026, la magistrada presentó una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solicitando la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El foco no está en un error puntual, sino en una secuencia de decisiones que no se tomaron cuando debían.
UNA COMIDA DE CUATRO HORAS MIENTRAS SUBÍA EL AGUA
La instrucción sitúa un momento clave: el almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro. Cuando Mazón acudió a la comida, a las 14.30 horas, ya había sido informado del riesgo en el barranco del Poyo. Imágenes de RTVE lo muestran a las 13.45 en el Palau de la Generalitat recibiendo información sobre la gravedad de la situación.
Ese barranco acabaría desbordándose y desencadenando la riada que arrasó municipios como Paiporta (28.136 habitantes), con 55 fallecidos, y Catarroja (30.604), con 25 mu***os. También afectó gravemente a Chiva (17.245), Cheste (9.022), Utiel (11.633) y Requena (20.982).
La jueza considera que el president mantuvo una actitud “ajena” a la catástrofe hasta que llegó al Cecopi de L’Eliana a las 20.28 horas. Seis horas decisivas en una emergencia que requería mando político inmediato.
ALERTAS QUE LLEGARON CUANDO YA ERA TARDE
El Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) se activó a las 17.00 horas, después de que el barranco del Poyo ya se hubiera desbordado. Para la magistrada, la convocatoria fue tardía y debió producirse la víspera o a primera hora del día.
El Es-Alert, la notificación masiva a móviles, se envió a las 20.11 horas. Según el sumario, muchas de las personas desaparecidas ya habían mu**to cuando llegó el aviso. La jueza cuestiona además la actuación de la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, principal investigada en la causa, y sostiene que conocía la herramienta desde las 17.20 horas.
La instrucción también recoge que hasta las 17.37 horas Mazón no habló con su consejera para interesarse por la evolución de la crisis. Y critica que justificara la falta de contacto porque llevaba el móvil en la mochila. La magistrada formula una pregunta que atraviesa todo el procedimiento: cómo se puede coordinar una emergencia sin estar al mando.
230 mu***os. Cecopi a las 17.00. Es-Alert a las 20.11. Llegada del president al centro de coordinación a las 20.28.
La justicia ahora deberá decidir si la gestión política de aquella jornada fue solo incompetencia o si cruzó la línea de la responsabilidad penal en una tragedia que marcó a todo un territorio.