07/07/2026
🟠 | Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, calificó como una resolución muy importante la revocatoria de las órdenes de captura, al considerar que confirma que estas fueron emitidas por un tribunal que no tenía competencia para hacerlo.
Explicó que, tras el amparo otorgado por la Cámara de Amparo y Antejuicio, se determinó que la sala se extralimitó en sus facultades, por lo que las órdenes quedaron sin efecto.
Sandoval afirmó que recibe la decisión con satisfacción porque, a su juicio, reivindica la postura que ha sostenido desde el inicio: que la persecución en su contra y contra otros exfiscales carece de sustento jurídico.
No obstante, advirtió que la criminalización no ha terminado, ya que aún existen varios procesos abiertos.
El exfiscal señaló que espera que esta resolución represente un primer paso para corregir los abusos cometidos en su contra y la de sus colegas. Agregó que las actuaciones pendientes deben conducirse con estricto apego a la ley, al debido proceso y al principio del juez competente.
Sobre la permanencia de las órdenes de captura durante tanto tiempo, pese a las críticas nacionales e internacionales, Sandoval sostuvo que se trata de un fenómeno multifactorial.
Explicó que el sistema de justicia cuenta con múltiples instancias, lo que puede prolongar la resolución de recursos, y afirmó que durante años existieron fuertes presiones sobre el sistema, además del uso indebido del derecho penal por parte de la Fiscalía.
En su caso, afirmó que tras 18 años de trabajo en el MP se vio obligado al exilio, se separó de sus seres queridos, perdió su patrimonio y su proyecto de vida. Añadió que las consecuencias también alcanzaron a su familia y a personas cercanas.
Asimismo, consideró que la persecución contra fiscales y jueces que combatieron la corrupción envía un mensaje negativo a la sociedad, al hacer ver que aplicar la ley puede tener consecuencias devastadoras.
Indicó que la revocatoria no abre de forma directa la puerta a una reparación, pero sí constituye uno de los elementos que permitirá, en el futuro, sustentar reclamos contra el Estado.
Agregó que la resolución podría servir para demostrar responsabilidades y avanzar hacia un proceso de reparación integral conforme a los parámetros constitucionales y los estándares internacionales.