29/05/2026
| Organizaciones campesinas, indígenas y populares presentaron este jueves un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto 84-2026, al considerar que criminaliza la protesta social en Honduras.
Representantes de COPA, la Plataforma Agraria y la Alianza Campesina, Indígena y Popular denunciaron que la reforma al artículo 587 permitiría catalogar como terrorismo las manifestaciones realizadas por grupos de tres o más personas contra instituciones del Estado.
Los dirigentes señalaron que la medida pone en riesgo derechos históricos conquistados por movimientos obreros y sociales, además de abrir la puerta a la persecución y judicialización de organizaciones populares.
Durante la protesta, también exigieron el cese de la violencia en el Valle del Aguán, investigaciones transparentes sobre las masacres registradas en la zona y garantías de seguridad jurídica para las organizaciones campesinas.