20/08/2026
ENTRE COLUMNAS
Por Diego Greene
Periodismo entre convicciones, conveniencias y listas.
El periodismo nació al menos en su aspiración ética para incomodar al poder, no para acomodarse junto a él, su tarea no consiste en fabricar santos ni demonios, sino en observar, preguntar, contrastar y, sobre todo, mantener una distancia crítica frente a quienes gobiernan y frente a quienes aspiran a gobernar.
En una democracia, un periodista puede tener ideología, sería ingenuo exigirle que carezca de pensamiento político, convicciones o una interpretación propia del mundo, lo que sí debemos exigirle es algo más difícil, coherencia, porque el problema comienza cuando una misma conducta se juzga de manera distinta dependiendo de quién la protagoniza.
Resulta extraño escuchar a ciertos periodistas elogiar apasionadamente a un personaje político mientras condenan a otro que, en los hechos, pertenece a la misma corriente ideológica, reproduce prácticas semejantes o forma parte del mismo sistema de poder. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué cambió, los hechos o los intereses de quien los cuenta?
Ahí está uno de los grandes males del periodismo contemporáneo.
La crítica deja de ser un principio y se convierte en una mercancía; el silencio adquiere precio; el elogio encuentra patrocinador y la indignación comienza a administrarse selectivamente, cuando eso sucede, el periodismo se prostituye, no necesariamente porque exista siempre un sobre con dinero sobre la mesa, sino porque se intercambia la independencia por cercanía, acceso, conveniencia, publicidad oficial, amistad, influencia o protección.
Y esa prostitución intelectual puede ser incluso más peligrosa que la económica, un periodista profesional no está obligado a ser neutral ante la injusticia, pero sí debe ser intelectualmente honesto, si una conducta es cuestionable cuando la realiza el adversario, tendría que ser igualmente cuestionable cuando la realiza el aliado.
La ética periodística comienza precisamente donde terminan nuestras simpatías.
La visa y la soberanía
El reciente episodio de la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece un ejemplo de cómo un asunto individual puede convertirse rápidamente en bandera partidista.
Conviene hacer aquí una precisión importante, las informaciones publicadas se refieren a Andrés Manuel López Beltrán, medios han reportado la revocación de su visa y el asunto llegó incluso al debate de la Comisión Permanente del Congreso, donde legisladores de oposición y oficialismo lo convirtieron en motivo de confrontación política.
El oficialismo ha querido colocar el episodio dentro de una discusión mayor sobre soberanía e injerencia extranjera, la oposición, por su parte, ha pretendido utilizarlo como prueba política contra el entorno familiar del expresidente, y entre ambos extremos existe algo que debería preservar el periodismo, la prudencia ante aquello que todavía no está plenamente explicado.
Una visa es, en principio, una autorización administrativa que un Estado concede a un extranjero conforme a sus propias leyes, su otorgamiento o cancelación no constituye, por sí mismo, una sentencia judicial ni demuestra automáticamente la comisión de un delito, por eso resulta desproporcionado transformar inmediatamente un asunto migratorio individual en una batalla por la soberanía nacional.
La soberanía de México es infinitamente más grande que la visa de cualquier político, funcionario, empresario, periodista o familiar de un expresidente, defender la soberanía significa defender las instituciones nacionales, el territorio, la autodeterminación, la dignidad diplomática y la capacidad del Estado mexicano para tomar sus propias decisiones, confundir la situación migratoria particular de una persona con la soberanía de 130 millones de mexicanos termina empequeñeciendo un concepto fundamental de nuestra historia.
También sería irresponsable colocarse en el extremo contrario y asumir que la cancelación de una visa demuestra culpabilidad, el periodismo serio debe resistirse tanto a la defensa automática como a la condena anticipada.
Preguntar no es condenar, Investigar no es perseguir, y defender a alguien políticamente tampoco convierte una interrogante legítima en un ataque a la patria.
El peligro de las listas.
Hay, sin embargo, un asunto todavía más delicado para quienes creemos que la democracia necesita voces incómodas, la exhibición de periodistas y comunicadores desde el poder público.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, presentó un análisis de lo que denominó un “ecosistema” digital de medios, periodistas, analistas, políticos y cuentas que amplificaban mensajes críticos hacia la Cuarta Transformación, según lo publicado, el análisis identificó decenas de cuentas de medios, periodistas y analistas, además de otras capas de amplificación digital.
La propia Alcalde negó posteriormente que se tratara de una “lista negra” y sostuvo que era un análisis sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha rechazado que exista censura contra periodistas y ha defendido el derecho de réplica del gobierno.
Es necesario consignar ambas versiones porque precisamente de eso trata el periodismo, no ocultar la explicación del poder simplemente porque pretendamos cuestionarlo.
Pero reconocer esa explicación no elimina la preocupación, cuando desde la estructura del Estado se proyectan nombres de periodistas, comunicadores, analistas o medios vinculándolos públicamente con una narrativa política adversa, se entra en un terreno sumamente delicado.
El Estado posee una capacidad de amplificación incomparablemente mayor que la de cualquier ciudadano, por eso el gobierno tiene derecho a responder, aclarar, desmentir e incluso señalar información que considere falsa, pero debe hacerlo enfrentando argumentos con argumentos, datos con datos y documentos con documentos, no construyendo categorías que puedan terminar convirtiendo al crítico en adversario político, más todavía en México, donde ejercer el periodismo continúa siendo una profesión expuesta a amenazas y violencia.
Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente al gobierno.
Los periodistas también deben mirarse al espejo.
No puede reclamarse libertad de expresión mientras se utiliza esa libertad para difamar deliberadamente, no puede invocarse independencia mientras se reciben beneficios para defender intereses, tampoco puede llamarse análisis a lo que simplemente es propaganda disfrazada de información.
El periodismo necesita recuperar una palabra que parece antigua, “dignidad”.
Dignidad para reconocer errores.
Dignidad para investigar también al político que nos cae bien.
Dignidad para publicar aquello que incomoda incluso a nuestros amigos.
Dignidad para negarnos a convertir una columna, un micrófono, una cámara o una cuenta de redes sociales en instrumento de venganza personal.
Pero esa exigencia ética debe caminar en ambos sentidos.
El gobierno también necesita comprender que la crítica no equivale a conspiración, la discrepancia no significa traición y una pregunta incómoda no convierte a quien la formula en enemigo del Estado.
Actualmente existe además un debate sobre los derechos de las audiencias y los mecanismos regulatorios, especialistas y organizaciones han advertido sobre el riesgo de que disposiciones ambiguas o facultades sancionadoras puedan terminar produciendo autocensura, mientras el gobierno sostiene que la finalidad es garantizar derechos constitucionales y no controlar contenidos.
Ese debate merece profundidad, no trincheras.
Porque ninguna democracia debería necesitar periodistas obedientes.
Y ningún periodismo digno debería necesitar gobiernos amigos.
El verdadero periodista no pregunta primero quién gobierna para decidir después qué tan fuerte escribirá, observa los hechos y aplica la misma vara, gobierne quien gobierne.
De igual manera, un gobierno verdaderamente democrático no debería temerle al periodista que pregunta, investiga o contradice. El poder que necesita unanimidad termina confundiendo gobernabilidad con obediencia.
Al final, el periodismo y el poder tienen naturalezas distintas, uno administra temporalmente las instituciones; el otro debe observarlas permanentemente.
Los gobiernos pasan, los partidos cambian, los personajes que hoy reciben aplausos mañana recibirán cuestionamientos.
Y quizá por eso la mayor riqueza que puede conservar un periodista no está en sus relaciones con los poderosos, sino en algo mucho más difícil de comprar y mucho más fácil de perder, su “credibilidad”.
Porque cuando el periodismo elogia por conveniencia y condena por encargo, deja de informar para convertirse en propaganda.
Y cuando el gobierno clasifica, exhibe o estigmatiza a quienes lo cuestionan, corre el riesgo de dejar de debatir para comenzar a intimidar, entre ambos extremos debe permanecer una frontera irrenunciable, la libertad de pensar, preguntar y disentir.
Porque una prensa sin ética puede enfermar a una democracia; pero un poder sin tolerancia a la prensa puede terminar por asfixiarla, y la historia nos ha enseñado algo elemental, cuando comienzan a elaborarse listas de quienes piensan distinto, el problema ya no es solamente quién aparece en ellas, sino quién se arroga el derecho de decidir quién merece estar ahí.
Es cuanto.
