01/08/2026
Hace cien años, México vivió uno de los momentos más trascendentales en la relación entre el Estado y la Iglesia. El 31 de julio de 1926 entró en vigor la llamada Ley Calles, mediante la cual el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles endureció la aplicación de los artículos constitucionales en materia religiosa, un mayor control sobre el ejercicio del culto, el registro de los ministros religiosos y las actividades de la Iglesia.
Para el gobierno revolucionario, estas medidas eran parte del proceso de consolidación de un Estado laico, resultado de las transformaciones impulsadas desde las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917. Sin embargo, para la jerarquía católica representaban una intromisión en la organización interna de la Iglesia y una limitación al ejercicio de la libertad religiosa. Detrás de este desacuerdo existían también profundas diferencias políticas sobre el papel que debía desempeñar la religión en la vida pública y el alcance de la autoridad del Estado mexicano, así como una relación cada vez más tensa entre el gobierno federal y la Santa Sede.
Tras meses de deliberaciones entre el episcopado mexicano y el papa Pío XI, la Iglesia tomó una decisión extraordinaria: suspender los cultos públicos a partir del 31 de julio. Con ello no pretendía abandonar la práctica religiosa, sino manifestar su rechazo a la nueva legislación y evitar que los sacerdotes ejercieran su ministerio bajo condiciones que consideraba incompatibles con la autonomía eclesiástica.
La noticia provocó una intensa movilización social. Durante los últimos días de julio, miles de personas acudieron a los templos para recibir los sacramentos antes de su cierre. Al amanecer del 1.º de agosto, las iglesias permanecieron cerradas al culto público y las autoridades procedieron a su resguardo, pues, conforme al marco jurídico vigente. Oficialmente, esta medida buscaba garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los inmuebles; sin embargo, para numerosos fieles fue interpretada como la ocupación de espacios sagrados, lo que incrementó el descontento social.
Aquellos dos días no marcaron aún el inicio de la Guerra Cristera, pero sí representaron el momento en que el conflicto político, jurídico y religioso alcanzó un punto de no retorno. El fracaso de las negociaciones, las protestas ciudadanas y el endurecimiento de las posturas de ambas partes propiciaron, meses después, el surgimiento del movimiento armado que transformaría profundamente la historia de regiones como el Bajío.
A un siglo de distancia, estos acontecimientos continúan siendo objeto de estudio por la historiografía contemporánea, pues permiten comprender la compleja construcción del Estado mexicano, la evolución de la libertad religiosa y las profundas repercusiones sociales que dejó uno de los episodios más significativos del México del siglo XX.
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