07/10/2026
Las comunidades indígenas tienen derecho a recibir y administrar directamente recursos públicos para atender sus necesidades. Ese derecho no puede quedarse en el papel.
Por unanimidad, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidimos atraer un asunto que nos permitirá definir qué deben hacer las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
La falta de una ley que establezca cómo deben entregarse y administrarse estos recursos no puede impedir que las comunidades ejerzan un derecho reconocido por la Constitución. Sus necesidades no pueden quedar a expensas de que el legislador actúe.
En la Suprema Corte tenemos la oportunidad de establecer un criterio obligatorio que dé certeza y haga efectivo este derecho en todo el país.