01/09/2026
La catástrofe consumada
Jorge Javier Romero Vadillo
"Una minoría con acceso a buenas escuelas podrá incorporarse a los circuitos productivos, mientras millones de jóvenes educados quedarán condenados al desempleo".
Después de varias semanas de recorrer la historia del sistema educativo mexicano, desde la construcción del enorme aparato estatal de la posrevolución hasta la chabacana doctrina de la Nueva Escuela Mexicana, el balance no deja espacio para el optimismo: uno de los mayores fracasos históricos del régimen del PRI fue precisamente la educación, aquel territorio donde la propaganda revolucionaria presumió durante décadas algunos de sus logros más queridos, con escuelas levantadas hasta en los rincones más apartados, millones de niños incorporados a las aulas, libros gratuitos distribuidos por todo el país, maestros convertidos en presencia cotidiana del Estado y una burocracia capaz de administrar uno de los sistemas escolares más grandes del mundo, mientras debajo de esa formidable expansión se consolidaba una estructura de incentivos que premiaba la disciplina política, la operación electoral, la intermediación sindical y la reproducción del aparato mucho más que la formación rigurosa de los alumnos.
La cobertura creció de manera espectacular y aquello significó una transformación social verdadera, pues millones de mexicanos entraron por primera vez a una escuela y el analfabetismo retrocedió, pero el régimen confundió durante demasiado tiempo la expansión del sistema con su éxito educativo, como si sentar a un niño frente a un pizarrón bastara para enseñarle a leer con soltura, razonar matemáticamente, comprender el mundo natural o expresarse con precisión. A finales de los años ochenta, el diagnóstico coordinado por Gilberto Guevara Niebla para el equipo de transición de Carlos Salinas encontró detrás de la grandilocuencia una catástrofe silenciosa: el país había construido un gigantesco aparato de escolarización cuyos resultados de aprendizaje eran deplorables, mientras la carrera de los maestros respondía a reglas donde la capacidad profesional competía en franca desventaja contra la antigüedad, el compadrazgo burocrático y los méritos sindicales. Aquella catástrofe siguió creciendo porque el arreglo corporativo, establecido desde los años cuarenta como instrumento de gobernabilidad, había adquirido vida propia, había generado dependencia de la trayectoria institucional y capacidad para engullir cada intento de reforma.
La alternancia de 2000 ofreció una oportunidad para desmontar parte de aquel entuerto, pero Vicente Fox prefirió la comodidad de gestionarlo. Elba Esther Gordillo comprendió bastante antes que los bisoños demócratas del PAN que la derrota presidencial del PRI había multiplicado el valor de sus recursos: un sindicato nacional, cientos de miles de afiliados, operadores en cada municipio y una maquinaria acostumbrada a convertir plazas, ascensos y favores en disciplina política. Fox aceptó la supervivencia del gobierno sindical del sistema a cambio de apoyo; Calderón llevó el pacto todavía más lejos después de la apretadísima Elección de 2006 y pagó el apoyo de la dirigente con una tajada formidable de la administración educativa, incluso con su yerno instalado en la Subsecretaría de Educación Básica. Los antiguos críticos panistas del corporativismo descubrieron desde Los Pinos las virtudes balsámicas de la paz gremial y decidieron evitar cualquier choque capaz de complicar la gobernabilidad.
La reforma de 2013 abrió la mayor oportunidad de cambio institucional desde la consolidación del arreglo corporativo. El Pacto por México permitió construir una mayoría amplia para modificar las reglas de ingreso, promoción y permanencia, crear el Servicio Profesional Docente y fortalecer constitucionalmente al INEE; por primera vez, la plaza comenzó a dejar de funcionar como moneda de lealtad y apareció la posibilidad de que los maestros desarrollaran una carrera apoyada en criterios públicos, mérito profesional y evaluación. Aquella oportunidad acabó malograda por una mezcla bastante mexicana de soberbia burocrática y tacañería: la legislación secundaria cargó el peso sobre las consecuencias negativas de la evaluación, dejó raquítica la promoción horizontal, mantuvo recovecos para la discrecionalidad y fue incapaz de ofrecer a los buenos profesores una carrera atractiva, bien remunerada y con reconocimiento profesional.
El gobierno de Peña Nieto terminó de hundir su propia reforma con una torpeza política proverbial. La corrupción devoró la legitimidad presidencial, Ayotzinapa quebró el impulso reformista, la SEP perdió la batalla de la explicación pública y la coalición que había acompañado el cambio se deshizo mientras la CNTE ocupaba calles y carreteras y el SNTE oficial recuperaba capacidad de negociación bajo la amenaza de que la rebeldía se extendiera. Una reforma destinada a liberar al maestro de la tutela del cacique sindical acabó presentada ante buena parte del magisterio como una amenaza laboral; semejante prodigio de incompetencia le entregó a López Obrador el agravio político que necesitaba para formar una alianza con las dos vertientes del sindicalismo y convertir la demolición del cambio en promesa electoral.
La restauración encabezada por López Obrador ha sido el peor revés educativo de México en un siglo, porque destruyó los instrumentos incipientes de profesionalización, eliminó la autonomía del organismo encargado de evaluar al sistema, devolvió valor a la intermediación corporativa y coronó el retroceso con una doctrina educativa cargada de comunitarismo, hostilidad al mérito, desprecio por la evaluación y una vulgata de pedagogía emancipadora que encontró en Marx Arriaga a su comisario más locuaz. La reconstrucción del pacto con SNTE y CNTE respondió a una lógica política perfectamente reconocible: comprar gobernabilidad mediante la devolución de poder a quienes podían vender paz, mientras las consecuencias educativas quedaban remitidas a la posteridad. El propio nuevo arreglo recuperó espacios de intervención gremial y redujo la autonomía profesional que habían buscado construir los cambios anteriores.
Ahí está la dimensión verdaderamente siniestra del desastre. La educación produce resultados con una lentitud desesperante y los errores también tardan años en mostrar todo su efecto; generaciones formadas con déficits graves de lectura, matemáticas, ciencias, pensamiento abstracto y capacidad de aprendizaje llegan al mercado laboral cuando el daño ya resulta extraordinariamente caro de corregir. México se enfrenta, además, a la revolución tecnológica mundial que amenaza con volver superfluas muchas de las tareas rutinarias sobre las cuales descansó durante décadas su ventaja de salarios bajos y cercanía con Estados Unidos; un país incapaz de elevar con rapidez las capacidades de su población está ineluctablemente destinado a perder incluso los nichos productivos que hoy sostienen su lugar entre las principales economías del mundo.
La desigualdad puede adquirir entonces una forma todavía más brutal: una minoría con acceso a buenas escuelas, idiomas, matemáticas, ciencia y tecnología podrá incorporarse a los circuitos productivos de alto valor, mientras millones de jóvenes educados por un sistema empobrecido quedarán condenados al desempleo, la informalidad o la franca irrelevancia económica. A millones de mexicanos laboralmente superfluos no les espera otra cosa que más pobreza, más frustración, más emigración y más violencia, en un país que ya carga un enorme fardo lleno de todo ello. El régimen del PRI construyó un sistema educativo gigantesco y lo dejó carcomido por el corporativismo; la democracia apenas alcanzó a abrir una vía de reforma y la desperdició entre cobardías, errores y corrupción; la restauración reaccionaria decidió después dinamitar lo poco que empezaba a cambiar. La factura de semejante cadena de despropósitos la pagarán durante décadas quienes hoy todavía están, si acaso, aprendiendo a reconocer las letras, que no a leer.
