04/06/2020
Comités Escolares de planteles incorporados al programa federal La Escuela es Nuestra se han revelado contra Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar de la región Puruándiro, quienes pretenden imponer a una empresa constructora como encargada de las obras de mejoramiento de infraestructura educativa en Michoacán.
El Comité Escolar de Administración Participativa es el único responsable de ejercer los recursos asignados a un plantel, que van de los 150 mil a los 500 mil pesos, según el número de alumnos en cada centro escolar. Este grupo de personas elabora y ejecuta el plan de trabajo, además debe rendir cuentas del uso de los recursos, con ayuda de un facilitador autorizado que puede ser un Servidor de la Nación, responsable de atención de Becas Benito Juárez o figura educativa de CONAFE.
Sin embargo, cada vez son más las denuncias de irregularidades cometidas por un grupo de los llamados Servidores de la Nación de Bienestar, coordinados por Mario Arturo García, mano derecha de la subdelegada regional, María del Carmen Pillé, quien también ha sido señalada por disponer de elementos de la Guardia Nacional como escoltas, con el pretexto de que traslada recursos federales, situación prohibida por los Lineamientos de las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.
En redes sociales circulan videos del momento en que María Guadalupe Silva, Marco Antonio García y Daniel Arreguín Vital con su distintivo chaleco café amenazan a miembros del Comités Escolares de la comunidad de La Estancia con retirar el recurso federal que recibieron, por negarse a contratar a un presunto arquitecto como encargado de la obra de construcción en el plantel “Elías Miranda”.
Posteriormente, regresaron a la escuela con más de sus compañeros Servidores de la Nación para impedir una reunión que tendría el Comité Escolar y representantes de la Secretaría de Bienestar; por si fuera poco, grabaron con sus celulares a los ciudadanos para intimidarlos.
El delegado federal Roberto Pantoja, titular de la secretaría de Bienestar se ha limitado a señalar que en Michoacán, “no vamos a permitir ningún acto de corrupción”, sin que hasta el momento haya sanción contra alguno de los funcionados involucrados en el mal uso del programa federal en Puruándiro.
