05/01/2026
SILENCIOS QUE GRITAN: REFLEXIONES SOBRE LA IMPUNIDAD EN HIDALGO
------Menchaca, como gobernador, porta el peso de asegurar que la justicia no sea un lujo, sino un derecho inquebrantable, especialmente para los más vulnerables.--------
En un acto de inauguración escolar en Tizayuca, Hidalgo, el 4 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida por un joven padre llamado Juan Leonardo Pérez. Con voz entrecortada, denunció el abuso sexual agravado contra su hijo en una escuela local, alegando que las autoridades habían borrado videos, falsificado firmas y, peor aún, lo habían amenazado de muerte por buscar justicia. Este momento, capturado en videos virales y reportado por medios como Reforma y Zócalo, no es solo un grito de desesperación individual; es un eco de un patrón más profundo de silencio institucional que erosiona la confianza en nuestras estructuras sociales.6d66d1caad58 En un país donde el diálogo responsable busca confrontar la complejidad de la violencia, incidentes como este nos invitan a pausar y examinar no solo los hechos, sino las dinámicas colectivas que los permiten persistir.
Este episodio en Tizayuca resuena con otro caso en el mismo estado de Hidalgo, el de W***y Trejo (Arturo William Trejo Leal), un pastor evangélico y empresario acusado junto a su esposa, Eva Medina Hernández, de abusar sexualmente de dos sobrinas menores de edad, de 8 y 10 años, en Zimapán. Aunque los municipios difieren, ambos revelan una narrativa compartida: abusos contra infantes en entornos supuestamente seguros —escuelas y familias— y un aparente encubrimiento por parte de autoridades locales. El caso Trejo, documentado exhaustivamente por el periodista Juan Ricardo Montoya en publicaciones como Los Ángeles Press, expone un "clan" familiar y religioso que, según reportes, ha evadido la justicia mediante decisiones judiciales controvertidas, como la no vinculación inicial a proceso en 2023, revertida parcialmente por amparos federales en 2024 y 2025. Montoya ha detallado cómo jueces locales en Hidalgo ignoraron pruebas periciales de la Procuraduría General de Justicia estatal y la Fiscalía General de la República, permitiendo que los acusados, incluyendo a la diputada local con licencia Alhely Medina —hermana de Eva—, siguieran libres hasta vinculaciones recientes en julio de 2025. Protestas y bloqueos viales en febrero de 2025, reportados por Milenio y Proceso, subrayan la frustración colectiva ante esta impunidad, que se extiende como una sombra sobre la región.
¿Qué une estos casos más allá de la geografía? Una percepción de complicidad política que nubla el panorama. Simey Olvera, figura prominente en Morena y exdiputada federal por Hidalgo, ha sido cuestionada públicamente por no deslindarse de Trejo y Medina, a pesar de sus lazos políticos evidentes en el estado. Publicaciones en redes sociales, como las de El Sol de Ixmiquilpan, destacan esta omisión, sugiriendo una red de alianzas que prioriza lealtades partidistas sobre la protección infantil. En el caso Trejo, esta dinámica se agrava con menciones a Esthela Aladro —posiblemente referida en documentos judiciales como alguien que mostró empatía emocional hacia las víctimas, incluso llorando con ellas, pero sin traducirse en acciones concretas que rompan el ciclo de dilaciones. Estos elementos invitan a una reflexión serena sobre cómo el poder, cuando se entrelaza con intereses personales o grupales, puede perpetuar el sufrimiento en lugar de mitigarlo.
Sin embargo, en el centro de esta complejidad reside la responsabilidad última: la del gobernador Julio Menchaca, quien desde 2022 lidera Hidalgo bajo el lema de transformación. Como máxima autoridad estatal, es él quien supervisa el sistema judicial y las procuradurías que han fallado en casos como estos. Reportes independientes, como los de La Jornada Hidalgo, indican que bajo su administración persisten irregularidades en procesos de abuso infantil, desde borrado de evidencias en Tizayuca hasta protecciones aparentes en Zimapán. No se trata de asignar culpas precipitadas, sino de reconocer que la impunidad sistémica —evidenciada en amenazas a denunciantes y retrasos judiciales— refleja un liderazgo que, pese a sus intenciones declaradas, no ha logrado erradicar estas fallas. Menchaca, como gobernador, porta el peso de asegurar que la justicia no sea un lujo, sino un derecho inquebrantable, especialmente para los más vulnerables.
En el espíritu del pensamiento lento que promueve el IDH, estos incidentes nos urgen a dialogar sin polarizaciones: ¿cómo reconstruir la confianza cuando el silencio de las instituciones grita más fuerte que las víctimas? La respuesta no yace en acusaciones viscerales, sino en reformas estructurales que prioricen la transparencia y la accountability. Solo así, Hidalgo —y México— podrán avanzar hacia una sociedad donde el dolor de un padre en Tizayuca no sea solo un eco, sino un catalizador para el cambio genuino.
Lucas Arce
INSTITUTO PARA EL DIALOGO HUMANO
