22/04/2026
Llega al Inbox:
El pasado miércoles 15 de abril se suscitó un hecho lamentable en las instalaciones del DIF Municipal, durante una jornada de esterilización que, lejos de representar un beneficio para la ciudadanía, terminó convirtiéndose en un verdadero campo de batalla. En el lugar se enfrentaron regidores del municipio, sus familiares e incluso una coordinadora del propio DIF, evidenciando un nivel de desorden institucional que no puede ni debe normalizarse.
Lo más grave es que dicha actividad no correspondía a una acción oficial del DIF Municipal, sin embargo, se llevó a cabo dentro de sus instalaciones, pasando por encima de la titular del área. Esta situación deja en claro que hay personas que se están tomando atribuciones que no les corresponden, actuando sin respeto a la estructura institucional y generando conflictos innecesarios.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la presidenta municipal considera que puede hacer y deshacer dentro de las instituciones? Más aún cuando a estás alturas y pasando un año y medio de la administración y a principios del 2026 decide poner a su hermano como presidente del DIF, sin siquiera presentarlo formalmente ante el pueblo ni darle un nombramiento oficial, Este tipo de decisiones no solo reflejan la falta de transparencia, sino que constituyen una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Mientras tanto, se desplaza a quien ha llevado la batuta del DIF durante este tiempo, ignorando su trabajo y debilitando la estabilidad interna de la institución. Todo esto contribuye a un ambiente de incertidumbre y desorganización.
Aunado a ello, la presidenta ha mostrado una preocupante falta de gobernabilidad. No es un señalamiento aislado: diversas autoridades municipales y estatales han comentado sobre su limitada capacidad de liderazgo y de toma de decisiones en favor del municipio.
Y entonces surge otra interrogante: ¿dónde está su asesor, quien percibe un salario superior al de la propia presidenta, cercano a los $40,000 pesos? Se supone que su función es precisamente fortalecer la toma de decisiones y evitar este tipo de crisis, pero los resultados están a la vista.
Lo mismo ocurre con el manejo interno de otras áreas, como la contable, donde también se perciben privilegios excesivos, incluso por encima de los propios regidores, comenzando por los sueldos. Esto no solo es cuestionable, sino que genera un profundo malestar entre quienes esperan un gobierno equitativo y responsable.
Lo ocurrido el 15 de abril no es un hecho aislado, sino el reflejo de una administración desorganizada, con falta de liderazgo, de respeto institucional y de compromiso con la ciudadanía. Los espacios públicos no pueden seguir siendo utilizados para conflictos personales ni decisiones arbitrarias. La ciudadanía merece orden, transparencia y, sobre todo, respeto.
