26/08/2026
JUSTICIA CON VOLUNTAD, PERO ¿CON LOS RECURSOS SUFICIENTES?
Participar en la Mesa de Trabajo con la Abogacía Mexiquense, convocada por el Poder Judicial del Estado de México, dejó algo que vale la pena reconocer: existe disposición para escuchar.
Encontré en el Magistrado Dr. Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y en quienes integran esta nueva estructura judicial, apertura al diálogo con quienes todos los días postulamos ante los tribunales.
Eso es importante.
Los abogados postulantes no somos espectadores de la justicia. Somos, muchas veces, el primer puente entre el ciudadano que reclama un derecho y las instituciones encargadas de hacerlo efectivo. Desde los expedientes conocemos lo que funciona, pero también aquello que comienza a rebasar la capacidad institucional.
Y precisamente por eso la conversación no puede quedarse únicamente en la técnica jurídica.
Hay una pregunta más profunda:
¿Estamos construyendo reformas judiciales que correspondan realmente con la capacidad financiera, humana y material del Estado para hacerlas funcionar?
Reformar la justicia implica costos. Nuevos procedimientos requieren personal; nuevas obligaciones requieren tecnología; nuevos modelos de gestión necesitan capacitación; una mayor demanda exige juzgados suficientes y acercar los tribunales a las regiones donde hoy el acceso sigue siendo complicado.
Sin embargo, el diagnóstico que surge de la operación cotidiana revela problemas que no pueden resolverse únicamente con voluntad:
• Servidores públicos sometidos a una presión laboral creciente, obligados a procesar grandes volúmenes de asuntos con capacidades humanas limitadas.
• Juzgados y órganos jurisdiccionales cuya carga de trabajo comienza a superar su capacidad instalada, particularmente en las materias de mayor demanda.
• Retrasos en la tramitación de los asuntos, que no necesariamente obedecen a negligencia de un servidor público, sino que también pueden ser consecuencia de una estructura insuficiente frente al volumen de expedientes.
• Necesidad de crear nuevos juzgados y fortalecer los existentes, especialmente donde el crecimiento poblacional y la demanda de justicia ya no corresponden con la infraestructura disponible.
• Insuficiencias materiales y tecnológicas que dificultan que la modernización de la justicia avance a la misma velocidad que las reformas procesales.
• Falta de infraestructura y obra judicial, particularmente preocupante cuando para 2026 el presupuesto originalmente aprobado al Poder Judicial contempló cero pesos en el rubro de inversión pública.
• Dificultades para acercar la justicia a las regiones más alejadas del Estado, donde distancia, conectividad e infraestructura siguen condicionando el acceso efectivo a los tribunales.
• Costos adicionales para los propios justiciables y abogados, desde traslados hasta problemas elementales de movilidad y estacionamiento alrededor de complejos judiciales.
Todo ello obliga a revisar un concepto que en los últimos años se ha convertido casi en dogma de la administración pública: la austeridad.
La austeridad puede y debe eliminar privilegios, excesos, dispendios y gastos injustificables.
Pero austeridad no puede convertirse en precariedad institucional.
Mucho menos cuando hablamos de justicia.
Ahorrar en aquello que es superfluo es responsabilidad pública. Dejar sin capacidad suficiente a una institución encargada de proteger derechos es otra cosa.
Porque cuando faltan juzgados, personal, tecnología o infraestructura, el ahorro presupuestal no desaparece: simplemente el costo se traslada al ciudadano en forma de tiempo, incertidumbre y justicia tardía.
Y la justicia tardía, lo sabemos quienes litigamos, muchas veces termina pareciéndose demasiado a la injusticia.
Aquí encuentro también una responsabilidad que rebasa al propio Poder Judicial.
La Legislatura del Estado de México y el Poder Ejecutivo encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez tendrán frente al presupuesto de 2027 la oportunidad de revisar con sensibilidad y rigor técnico las necesidades reales del sistema judicial.
No se trata de entregar cheques en blanco.
Se trata de algo mucho más serio: presupuestar con indicadores, cargas de trabajo, necesidades territoriales, resultados y objetivos verificables.
Si hacen falta nuevos juzgados, que las estadísticas demuestren dónde.
Si hace falta personal, que la carga jurisdiccional justifique cuánto.
Si se necesita infraestructura, que exista planeación, proyectos ejecutivos y evaluación de resultados.
Y si el Estado decide realizar una profunda transformación de su sistema de justicia, entonces también debe asumir el costo institucional de hacerla viable.
Porque no podemos exigir justicia del siglo XXI con infraestructura, recursos y capacidades que no corresponden al tamaño de esa responsabilidad.
Me quedo con algo positivo de esta Mesa de Trabajo: hay interlocución y hay disposición al diálogo en el Poder Judicial.
Ahora corresponde convertir ese diálogo en diagnósticos, indicadores, decisiones y presupuesto.
La justicia cuesta.
Pero cuesta mucho más una sociedad en la que los ciudadanos dejan de creer que las instituciones pueden resolver sus conflictos.
Reformar las leyes es relativamente sencillo. Construir las instituciones capaces de cumplirlas es la verdadera reforma.
