06/08/2026
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), presidida por el Mtro. Horacio Culebro Borrayas, inició de oficio el expediente de queja CEDH/QUEJA/717/2026, derivado de la información difundida en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre la protesta de habitantes del municipio de Yajalón, quienes tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir una solución inmediata al desabasto de agua potable que, desde hace tiempo, afecta a cientos de familias y compromete sus condiciones de vida.
De acuerdo con la información recabada, las y los habitantes señalaron que, pese a las reiteradas solicitudes presentadas ante las autoridades municipales, no han recibido una respuesta efectiva que garantice el acceso continuo y suficiente al agua potable. Esta situación trasciende la esfera de la prestación de un servicio público, al tratarse de un derecho humano indispensable para la salud, la alimentación, la higiene, el desarrollo y la dignidad de las personas, cuya garantía constituye una obligación irrenunciable del Estado.
Frente a este contexto, la CEDH considera indispensable que las instituciones públicas actúen con responsabilidad, sensibilidad social y apego a los principios de legalidad, eficacia y respeto a los derechos humanos, privilegiando el diálogo y la atención oportuna a las demandas ciudadanas. La falta de acceso al agua profundiza las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social, afectando de manera especial a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y demás grupos en situación de mayor riesgo.
En atención a estos hechos, este organismo autónomo radicó la queja por la presunta prestación ineficiente del servicio público, con el propósito de realizar las investigaciones correspondientes, esclarecer las circunstancias del caso y determinar, en el ámbito de sus atribuciones, la posible existencia de violaciones a derechos humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas reitera su compromiso de vigilar que las autoridades cumplan con su deber constitucional de garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales, privilegiando siempre la dignidad de las personas y el bienestar colectivo.
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