06/12/2025
Editorial del Pitufo:
En una jornada considerada por muchos como imposible, la pequeña Secretaria denominada “David” del DACO consiguió una victoria trascendental ante “Goliat”, representado por LUMA, en los tribunales. Este logro adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que la demanda fue redactada íntegramente por ella, sin respaldo de entidades como Fortaleza o Justicia, y sin recursos adicionales.
A pesar de enfrentarse a adversarios tan poderosos como LUMA y Quanta —respaldados por cuantiosos recursos y bufetes de abogados de gran prestigio y alto costo—, la Secretaria del DACO demostró que el estado de derecho, la determinación y la convicción pueden prevalecer sobre la influencia y el poder económico. Contra todo pronóstico, su esfuerzo solitario venció a quienes la mayoría consideraba invencibles. Incluso tuvo que acudir al Senado para solicitar ayuda de otra rama constitucional, ya que no contaba con el apoyo del poder ejecutivo para someter al poder judicial federal las traducciones de todos los documentos y leyes citadas y relacionadas con la demanda, en defensa de los ciudadanos que pagan las consecuencias de las malas administraciones pasadas del país.
Tras su logro masivo en las distintas instancias jerárquicas del poder judicial, tanto local como federal, obtuvo victorias en todos los niveles: desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pasando por el rechazo de la Jueza Taylor Swain, hasta el rechazo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Finalmente, prevaleció la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró inconstitucional la cláusula que exoneraba a LUMA de pagar por los enseres dañados por su negligencia.
Tras la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que obliga a LUMA a establecer un sistema para que los consumidores puedan presentar reclamaciones por daños a enseres y equipos provocados por fluctuaciones de voltaje, LUMA, en conjunto con el Negociado de Energía, argumentó que la implementación de este sistema generaría un costo adicional. Según su postura, dicho gasto sería transferido a los abonados mediante sus facturas.
Ante esta situación, la Secretaria del DACO intervino con firmeza y dejó claro que, si los daños fueron producto de la negligencia de LUMA, cualquier gasto relacionado debe salir de las ganancias de la empresa y no ser trasladado a los consumidores. La Secretaria advirtió que, de intentar justificar y repercutir estos costos en el pueblo, actuaría con la misma determinación que la llevó a llevar a LUMA ante los tribunales y prevalecer. Asimismo, expresó su disposición a acudir nuevamente a los tribunales, esta vez contra el Negociado de Energía, en defensa de los abonados y para evitar que se les cobre por la negligencia de la operación de LUMA.
Como premian su arduo trabajo en pro del consumidor/abonado puertorriqueño?, destituyéndola, al cuarto bate de la administración de Jennifer González, evidenciando así cómo, en ocasiones, los logros en defensa del pueblo no son suficientes para garantizar la permanencia en el cargo cuando pesan intereses políticos o guerras en la administración. Esta decisión genera inquietud entre quienes valoran la integridad y el compromiso demostrado, y pone en relieve la importancia de mantener la vigilancia ciudadana para que el ejercicio de la justicia y la protección de los derechos no dependan de voluntades cambiantes sino de principios sólidos y permanentes.
En muchas ocasiones, se observa en las redes sociales y en conversaciones cotidianas un fuerte descontento hacia la gestión del presidente Trump, criticando su manera de administrar el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, resulta irónico que en Puerto Rico se estén replicando estilos de gobernanza similares, caracterizados por la ausencia de proyectos de gran alcance y la tendencia a remover o desplazar a aquellos funcionarios que sí están logrando avances positivos dentro de la administración.
La situación se torna aún más preocupante cuando se examinan casos particulares en la isla. Por ejemplo, la controversia en torno a la Contralora y la intervención al Alcalde de Cataño, o los persistentes problemas relacionados con las barcazas, los presuntos chantajes y los riesgos medioambientales que enfrenta la bahía debido a las operaciones de Genera, la exclusividad otorgada en el muelle, los cambios a la Ley de Transparencia, los viajes de la gobernadora en tiempos de quiebra fiscal, la situación el Departamento de Estado son ejemplos reflejan una gestión administrativa que, lejos de priorizar el bienestar colectivo y la transparencia, perpetúa dinámicas que generan desconfianza e indignación en la ciudadanía.
Este episodio pone sobre la mesa el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública puertorriqueña. Muchos ciudadanos se preguntan si la destitución de figuras comprometidas como la Secretaria del DACO responde a intereses ajenos al bienestar común, y si existe la voluntad real de impulsar cambios que beneficien a la ciudadanía. El caso se ha convertido en un llamado para que los puertorriqueños exijan mayor participación y vigilancia sobre las decisiones gubernamentales, evitando que los avances logrados en defensa del interés público sean revertidos por presiones políticas o económicas, por un chat removimos a una administración fallida, ¿la pregunta es que vamos a hacer ahora? Despierta Boricua, te roban la patria”
