04/05/2026
LA INFAME CONDENA A UNA ACTIVISTA SOCIAL
(Proclamación)
La Constitución Nacional constituida por los fundamentos del “Estado Social de Derecho” a la vez como resultante debería ser la “Justicia Social” que en su rol no se ha sustentado en la acción con sus fallos de parte de la institución de “Justicia”.
Dando énfasis al caso de la Abogada Esther Roa, por tratarse de los últimos casos, por las denuncias de corrupción dentro del Poder Judicial y las distintas instituciones públicas, tratan de callar la conciencia crítica y de libertad de expresión. Con supuesta difamación, calumnia y condena económica por medio del poder de facto que se encuentra empotrado en la institución de “Justicia”. Ha indignado a toda la sociedad paraguaya la semana pasada, y la mejor forma de hacer justicia es pidiendo que se revise devuelta el caso en la instancia correspondiente.
Ante las distintas fallas de los Poderes del Estado (Estado fallido), no podemos ignorar la importancia de los distintos actores sociales, de la sociedad civil, en el contrapeso en las distintas instituciones para que se cumplan cada una de las voluntades establecidas en la Constitución Nacional por medio de la libertad de idea, expresión y movilización.
Las persecuciones sistemáticas a legisladores opositores con destituciones de sus cargos legislativos, de tal forma a miembros de la sociedad civil y la última que llama la atención de la Abogada Esther Roa, la Presidenta de Abogados del Paraguay; y eso de no olvidar hasta inclusive la destitución de un Presidente de la República durante el cumplimiento de sus funciones.
Ser expresión de oposición, de pensamientos diferentes y de Justicia en el país, no tienen garantías pues existe una exposición, criminalización y vulnerabilidad a los derechos fundamentales de los que quieren hacer lo correcto y bien; ya el propio periodista Santiago Leguizamón (silenciado), el Fiscal Marcelo Pecci (silenciado) y el Mayor Guillermo Alicio Moral Centurión, (silenciado) en el estacionamiento de la Universidad Nacional lo atestiguan en sus lechos de muertes.
Una institución secuestrada, en donde su mecanismo de funcionalidad interna solo se da con los competentes del “Derecho” y cabe destacar que se trata de la profesión con mayor porcentaje en población y cátedra, no ha revertido esta situación, entonces no nos deja otra más que en la siguiente Constituyente los ciudadanos comunes tengamos que intervenir en las elecciones de autoridades del Poder Judicial.
El Partido Frente Amplio por medio de su Consejo Nacional Ejecutivo, se solidariza con la activista social la Abogada Esther Roa, ante esta injusticia con la intención de acallar las voces críticas y las denuncias ciudadanas de corrupción.
Asunción, 4 de mayo de 2026
Partido Frente Amplio
Consejo Nacional Ejecutivo
