17/08/2026
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Se viene un septiembre negro en la política española, y las cartas ya están sobre la mesa. Acorralado por los tribunales y cercado por la corrupción que salpica tanto a su entorno familiar como a las entrañas de su propio partido, Pedro Sánchez se prepara para apretar el botón del pánico. Sabe perfectamente lo que los jueces están investigando y lo que está a punto de salir a la luz, desde los manejos más oscuros que trascienden nuestras fronteras —con la sombra de lo que Marruecos sabe de él— hasta informaciones y tramas que la ciudadanía ni tan siquiera alcanza a imaginar.
Ante un panorama judicial demoledor, la consigna es clara: trasladar la guerra a las calles y minar la convivencia pacífica de todos los Españoles. No hay intención de dar explicaciones ni de asumir responsabilidades; la única salida que le queda a este Gobierno es buscar la confrontación directa, alimentar la crispación y provocar un choque social violento que funcione como una gigantesca cortina de humo para tapar sus miserias.
Para lograr esa fractura radical, el objetivo número uno está fijado: la Corona. Es el último pilar de estabilidad, prestigio y neutralidad que mantiene unida a la nación y que la ciudadanía respeta por encima del barro partidista. Por eso no es casualidad que desde el Ejecutivo hayan comenzado ya las embestidas directas cuestionando la figura del Rey. Van a por la Monarquía porque saben que tocando la fibra de la institución integradora logran encender los ánimos y arrastrar a la sociedad al conflicto.
El reciente e impúdico ataque del ministro de Transportes señalando la neutralidad del Rey por saludar a un periodista no ha sido una salida de tono casual. Ha sido la primera piedra de una ofensiva teledirigida. Saben que atacando a la Monarquía tocan la fibra de millones de ciudadanos, buscando provocar una respuesta, encender los ánimos y generar un choque social violento que tape lo que ocurre en los juzgados.
Cuando un líder acorralado por la corrupción prefiere ver a un país dividido y enfrentado antes que dar la cara ante la Justicia, el peligro para el Estado de Derecho es extremo. Pretenden que los ciudadanos se peleen en las calles para que nadie mire hacia la Audiencia Nacional ni hacia los secretos inconfesables que amenazan la estabilidad de España.
