18/04/2026
Cuando se reformó el sistema penal en Uruguay, no fue un simple cambio técnico: fue un cambio de poder.
Con la creación de la Fiscalía General de la Nación como órgano autónomo y la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, se buscó una justicia más ágil, más transparente y más moderna. Pero también se concentró un poder enorme en manos de los fiscales, que pasaron a dirigir la investigación penal.
Ese cambio exigía una condición indispensable: independencia real y neutralidad absoluta.
Sin embargo, desde sus inicios, no faltaron cuestionamientos. La cercanía institucional con el Poder Ejecutivo, decisiones discutidas y señales contradictorias han generado dudas legítimas en parte de la ciudadanía sobre si esa independencia es plena o solo formal.
Y acá está el punto de fondo: cuando las instituciones que deben garantizar justicia generan sospechas, lo que se debilita no es un gobierno, es la confianza en todo el sistema.
Desde la Agrupación Nacional Red Wilsonista sostenemos que no alcanza con crear organismos autónomos en los papeles. La neutralidad política debe ser un principio efectivo, garantizado y controlado, especialmente cuando se trata de organismos con tanto poder.
Porque sin neutralidad, no hay justicia verdadera.
Y sin justicia confiable, no hay República sólida.
Uruguay necesita instituciones fuertes, sí. Pero sobre todo, instituciones independientes de verdad.
